Para
Porfirio Muñoz Ledo, el 88 “vuelve en
todos sus sentidos”. En entrevista, con
Jenaro Villamil publicada en Proceso,
el coordinador del Frente Amplio
Progresista asegura que en los últimos
20 años se agotó el régimen político y
ahora el PAN está al borde de la ruptura
debido a sus pugnas internas, tal como
lo estuvo el PRI en 1988, cuando
salieron de sus filas militantes como
Cuauhtemoc Cárdenas y él mismo por la
falta de interlocución en ese partido.
Muñoz Ledo sostiene en su nuevo libro,
“La ruptura que viene” que Calderón no
está gobernando y es factible que no
termine su gestión. El verdadero
factótum, dice, es Carlos Salinas.
Una sociedad que busca
democracia no puede darse el lujo de
abandonarse al conformismo y renunciar a
la verdad. El camino puede ser largo,
fragmentado o sinuoso. Por eso cuando
alguien hace esfuerzos para suministrar
información, datos y elementos de juicio
para conocer y comprender los asuntos
que marcan a un país, no queda más que
el agradecimiento, sobre todo si se
trata de un trabajo minucioso, con rigor
académico y esclarecedor de uno de los
asuntos más relevantes que han sacudido
a la sociedad mexicana como las
elecciones presidenciales de hace dos
años.
Me sumo a quienes ya han
escrito sobre la importancia de la
investigación hecha libro, de José
Antonio Crespo: 2006: hablan las actas.
Las debilidades de la autoridad
electoral mexicana (Debate. Random House
Mondadori. 2008.) La investigación de
José Antonio es un potente chorro de luz
a una parte sustantiva del proceso
electoral más confrontado de nuestra
historia. Como buena realidad, es
inabarcable en su totalidad pero, con el
fragmento seleccionado para este examen,
es suficiente para saber o ratificar
hoy, con claridad, varias cosas. Una
fundamental: el papel de las autoridades
electorales fue catastrófico.
Con benevolencia se puede
hablar de ineptitud y falta de miras.
Con ganas de que alguien rinda cuentas
del desastre se puede hablar de
responsabilidades tan graves que
merecerían ser sancionadas. ¿En México
nadie juzga a jueces y autoridades
cuando su acción u omisión causa daños
mayúsculos a la población? La
responsabilidad del Tribunal Electoral
(TEPJF) es enorme en su condición de
última instancia. Simple y llanamente no
cumplieron con su tarea fundamental para
dotar de certidumbre al resultado final
de una elección, en este caso una que
–como nunca– polarizó, enfrentó y
dividió a los mexicanos en un proceso
que no ha logrado revertirse. Dos años
después, México sigue lamiéndose las
heridas. Un país cuya población sigue
dividida entre los que piensan que se
registró un fraude generalizado, que le
robó la elección a Andrés Manuel López
Obrador; los que afirman que Felipe
Calderón ganó con un estrecho margen de
0.5 por ciento, pero que obtuvo un
mandato legal y legítimo y los que
piensan que, después de lo ocurrido, no
se puede saber con certeza quién ganó la
elección. ¿Tenía que haberse anulado la
elección presidencial de 2006? Sí. Con
los argumentos que surgen a partir de
este trabajo, no parece caber duda sobre
ello. Anular una elección debe ser el
último de los recursos pero, con lo
mostrado por Crespo, queda claro que no
se requería siquiera de una valoración
subjetiva sobre los varios factores que
contaminaron la contienda.
Haciendo a un lado la
irresponsable intervención de Fox, las
campañas negras de unos y otros, los
miles de spots en radio y televisión de
origen desconocido, el dinero de
empresas y empresarios que intervinieron
ilegalmente en el proceso; por citar los
elementos más conocidos y obvios que
para muchos hubieran sido suficientes
para invalidar el proceso. Con un solo
elemento, Crespo demuestra que el
Tribunal estaba obligado a anular las
elecciones por una razón fundamental que
deriva de un ejercicio aritmético. El
Tribunal fue omiso en un asunto crucial
en el que la ley lo obliga para anular.
Ante la enorme cantidad de
inconsistencias que se presentaban en
las actas de escrutinio y cómputo –entre
800 mil y 2 millones, según los rubros
comparados– el Tribunal sólo atinó a
decir que la mayoría de los votos
irregulares encontraba plena
justificación y los que quedaban no
llegaban a afectar el resultado final.
Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los
magistrados o mintieron o se
equivocaron, que cada quien escoja. El
mérito de Crespo radica en que,
incrédulo del dicho del Tribunal,
decidió revisar por su cuenta las actas
oficiales en el número suficiente (la
mitad de los distritos del país) para
demostrar que los diversos errores e
inconsistencias superaban en número a la
diferencia de votos que había entre
Calderón y López Obrador. Entre uno y
otro hubo 233 mil votos. En el estudio
de Crespo se comprueba que el número de
votos irregulares fue del orden de 300
mil. Esa única razón obligaba al
Tribunal a declarar nulas las
elecciones. Crespo va desgranando, sin
pasiones partidistas ni estridencia
alguna, los significados de su trabajo.
La conclusión mayor es, sin duda, que
los mexicanos podemos afirmar que la
verdad jurídica no corresponde a
cabalidad con lo que empieza a ser ya la
verdad histórica de lo ocurrido en 2006.
José
Antonio se vale de una cita de Marc
Bloch para ilustrar uno de los
principales propósitos de su
investigación y libro. Ajustar la
historia de la elección de 2006 a la
definición de este especialista: “El
verdadero progreso en el análisis
histórico llegó el día en que la duda…
se hizo examinadora… cuando las reglas
objetivas fueron elaboradas
paulatinamente y permitieron escoger
entre la mentira y la verdad”.Crespo no
sólo planteó las dudas sino que realizó
el examen riguroso para conocer parte de
la verdad de lo ocurrido en 2006.
En el número 13
escriben: Samuel García, Mario
Di Costanzo Armenta, J. Enrique
Olivera Arce y José Alejandro
González Garza. Información
sobre el Debate Universitario en
la UNAM gracias a la DGCS.
Se incluye la ponencia de López
Obrador del día 7 de julio en la
UACM Del Valle. Escriben Samuel
García, J, Enrique Olivera,
Pedro Echeverría y Waldo
Munizaga.
Corrupción, opacidad e impunidad
en Pemex. La consulta
ciudadana va
Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
En mi anterior apunte me
preguntaba donde está la
capacidad de indignación del
pueblo de México frente a hechos
que reflejan la profunda crisis
de valores que aqueja a la
sociedad mexicana; en estas
líneas lo refrendo. ¿Dónde está?
Porque no puede causar otra cosa
que una tremenda indignación el
conocer de boca de Arturo
González de Aragón, titular de
la Auditoría Superior de la
Federación, que en México las
grandes corporaciones en 2004
pagaron en promedio sólo 74
pesos de ISR y 69 de IVA.
Esto durante su intervención en
el penúltimo de los foros de
debate de la reforma petrolera
del jueves 17, en la que además
diera a conocer el altísimo
grado de discrecionalidad,
corrupción y opacidad en el
manejo de PEMEX, destacando el
manejo de los excedentes
petroleros en la administración
foxista, que ascendieron a 720
mil millones de pesos, y que en
su mayoría se utilizaron para el
gasto corriente del gobierno del
Partido Acción Nacional.
Detallando que el 73 por ciento
se aplicó a gasto corriente, 14
a inversiones financieras y sólo
13 por ciento a inversión física
directa.
De la misma forma, explicó el
auditor, se ha manejado el Fondo
de Estabilización de Ingresos
Petroleros, del cual el gobierno
federal no ha acreditado
debidamente la forma en que se
ha aplicado. Más aún, expuso, el
exceso de discrecionalidad de
funcionarios de PEMEX en el
otorgamiento de préstamos,
donativos diversos y asignación
de contratos, derivó en la
presentación de denuncias
penales ante la Secretaría de la
Función Pública y la
Procuraduría General de la
República por un probable daño
al erario de 3 mil 400 millones
de pesos, sin que a la fecha
estas hayan prosperado.
Uno a uno, los ponentes
desgranaron la cadena de
irregularidades detectadas en el
manejo discrecional de la
paraestatal, destacando, entre
otras, a lo largo de las
intervenciones:
La reconfiguración de la
refinería de Minatitlán, en
Veracruz, fue otorgada a la
empresa española Dragados,
tiene un retraso de dos años
y los costos pactados
originalmente se han
duplicado sin que se hayan
fincado responsabilidades.
Una empresa noruega rentó al
mismo tiempo tres
plataformas petroleras por
cinco años a Petrobras
América, Petrobras Brasil y
Pemex, sólo que a la empresa
mexicana le envió la más
pequeña y con un costo 300
millones de dólares más
cara.
Pemex pagó a la trasnacional
estadunidense Noble
Corporation una plataforma
semisumergible,
reconstruida, con
sobreprecio de 59 mil
dólares diarios.
Pemex signó contratos de
servicios múltiples con
empresas extranjeras para
explotar gas en la cuenca de
Burgos. Una contratista
adquirió una planta
recuperadora de azufre para
la paraestatal con un costo
directo de 46.4 millones de
dólares, que al final se
convirtieron en 102 millones
de dólares. A las
corporaciones extranjeras,
entre ellas Repsol, en la
cuenca de Burgos, se les
autorizan pagos por costos
indirectos hasta del 125 por
ciento.
Pemex Internacional
constituyó Pemex Financial
Trust en noviembre de 1998,
bajo el amparo de leyes de
Islas Caimán, no cuenta con
empleados y es administrada
por un banco en aquella
localidad. Como ésa, se han
constituido empresas en
Dublín, Houston, Aruba, y en
otras partes. El consejo de
administración de Pemex no
recibe información de esas
empresas debido a que, “en
la perla de la corrupción”,
las decisiones de Pemex
Internacional pasan por el
Comité de Comercio Exterior
del Petróleo, que no existe
jurídicamente.
El titular de la Auditoría
Superior de la Federación alertó
también que el pasivo laboral
ascendió, al cierre de 2007, a
528 mil millones de pesos,
equivalente a 4.7 por ciento del
PIB. En ese mismo año, dijo, se
erogaron 24 mil millones, en ese
rubro, que representa 45 por
ciento de la nómina; proponiendo
reformas de fondo como el
mejorar la administración y
recaudación tributaria; mantener
como irrenunciable la facultad
del Congreso de revisar y
fiscalizar a Pemex; fortalecer
la autonomía y ampliar las
facultades del órgano
fiscalizador para que imponga
sanciones administrativas y
económicas; destinar los
excedentes petroleros a
inversión; reducir la
burocracia, así como revisar a
fondo el régimen laboral de la
empresa.
Si para muchos, incluidos la
mayoría de los voceros de los
medios de comunicación, el
debate senatorial en torno a la
industria petrolera, ha sido un
ejercicio tan inútil como no
vinculatorio para el trabajo
legislativo previo a la
dictaminación de las iniciativas
de Calderón Hinojosa, lo que ha
salido a relucir en los diversos
foros, demuestra lo contrario.
No sólo se justifica el debate
como una ventana a la que al
pueblo de México se le está
mostrando crudamente una
realidad que de manera tan
mendaz es ocultada por el poder.
También se confirma la necesidad
de la ya obligada e
imprescindible consulta
ciudadana en torno a un tema que
debe interesarnos a todos los
mexicanos.
Si para Calderón Hinojosa, de
dientes para afuera y sabedor de
que sus iniciativas sólo han
generado repudio, las cosas no
pueden seguir como hasta ahora
en Pemex, para el pueblo de
México el rescate del patrimonio
energético constituye una
exigencia vital para la
soberanía y seguridad nacional,
así como garante del futuro de
las nuevas generaciones. El
rumbo deseable para PEMEX no
puede dejarse únicamente en
manos del Congreso de la Unión.
Si aún existe un mínimo de
capacidad de indignación en este
país, esta debe expresarse en
consecuencia en la consulta
ciudadana.
Ocho
jóvenes, tres de ellos
adolescentes de entre 13 y 15
años, fueron asesinados la
madrugada de ayer domingo, en
Guamúchil, Sinaloa, dieron a
conocer los principales diarios
de México. La Procuraduría de
Justicia de Sinaloa informó que
del lugar de los hechos fueron
recogidos poco más de 300
casquillos de armas de fuego
G-3, AR-15, 9 milímetros, y
AK-47
Hasta el
momento de redactar este apunte,
a diferencia de lo acaecido en
el antro News Divine de
la ciudad de México, ni los
presentadores de noticias de las
televisoras ni las buenas
conciencias de la reacción han
procedido al correspondiente
desgarre de vestiduras y mucho
menos a soliviantar a la opinión
pública en contra de las
autoridades con motivo del
artero crimen perpetrado en
Guamúchil. ¿Es que acaso estas
alarmantes noticias no merecen
la indignación nacional? ¿O es
que como sociedad ya nos estamos
acostumbrando a mantenernos
indiferentes frente al clima de
inseguridad que se apodera del
país, cuando los reprobables
hechos provienen de la llamada
“delincuencia organizada”?
Salvo, claro está, cuando los
medios de comunicación con fines
interesadamente políticos,
llevando agua a su molino, tocan
las fibras más sensibles de los
mexicanos fabricando chivos
expiatorios.
La
violencia que impera en el país
dejó la semana anterior 124
muertos en 11 estados. El
recuento total incluye los
estados de Sinaloa, Chihuahua,
Sonora, Baja California,
Guerrero, Chiapas, Michoacán,
Jalisco, Nuevo León, Durango y
estado de México, reduciéndose
mediáticamente el fenómeno a un
asunto de estadística.
En otra
nota, en la edición de ayer
lunes del diario La Crónica,
se dice que Genaro García Luna,
titular de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal (SPF)
declaró que: “Hemos encontrado,
más en la industria del
secuestro, la participación
directa de amas de casa, de las
mamás, ya no es sólo el hijo,
sino la mamá del hijo que
secuestra, custodiando a la
víctima”, agregando, “Se
dispensa que un hijo se desvíe
al alcohol o la droga, ahora la
mamá secuestra y esta
perspectiva es grave, porque el
eje de la sociedad, que es la
familia, vive una perspectiva
equivocada, diferente y esta es
la vertiente que me ha tocado
conocer y estudiar”.
Declaraciones estas últimas con
las que se pone el dedo en la
llaga. La criminalidad ha dejado
de ser expresión aislada a
combatir por los órganos del
Estado encargados de
proporcionar seguridad y
justicia, constituyéndose en un
fenómeno multidimensional
generalizado, que amenaza con
cubrir todo el territorio
nacional. Poniendo al
descubierto el alto grado de
deterioro del tejido social, y
en entredicho la vigencia misma
del Estado como tal. Por tanto,
un problema estructural
multisectorial de orden
político, que no se puede ni
debe combatir únicamente con el
uso de la fuerza. Más
considerando que la desigualdad,
la pobreza, la corrupción y la
impunidad no le son ajenas al
fenómeno delincuencial, en tanto
contribuyen a la falta de
credibilidad en las
instituciones tradicionales
frente a una realidad agobiante,
que excluye de expectativas de
desarrollo a cada vez más
amplias capas de la población.
La sociedad
mexicana vive una severa crisis
de pérdida de valores, que se
debe reconocer para actuar en
consecuencia en todos los
órdenes de la vida cotidiana.
Cuando la criminalidad permea ya
en la juventud, generando
víctimas y victimarios entre
adolescentes, amas de casa,
madres de familia, que renuncian
a su deber para con sus hijos y
la sociedad, solidarizándose
activamente con los
delincuentes, sin que ello sea
motivo de indignación nacional,
debería ser un grito de alerta y
un llamado de atención lo mismo
para quienes gobiernan este país
que para la ciudadanía toda.
México se
nos deshace entre las manos y
las autoridades, en los tres
órdenes de gobierno, insisten en
que todo va bien. La mira de la
clase dirigente está puesta en
como deshacer el nudo gordiano
del estancamiento económico en
un modelo de desarrollo agotado,
ocultando la realidad bajo el
manto del triunfalismo
mediático. No se puede seguir
por este camino. No cuando el
desempleo y la desesperanza
orillan a los jóvenes y a las
amas de casa a la muerte o
delinquir, siendo víctimas
propiciatorias de un sistema
injusto, cuya única motivación
es generar pantagruélicas
riquezas para unos cuantos a
costa del sacrificio de las
mayorías.
(Cartón de:
Hernández. Cosas de niños. La
Jornada)
Hay quienes afirman que Germán
Martínez Cazares, presidente
nacional del PAN, tiene razón
apostándole a un bipartidismo en
México muy al estilo del modelo
estadounidense, asumiéndose que
el PRD está eliminado de la
contienda política nacional. El
sustento de tal presunción parte
de la idea de que el partido del
sol azteca, para unos es Andrés
Manuel López Obrador, a quien
equivocadamente se le considera
políticamente liquidado, en
tanto que para otros es ni más
ni menos, que la estructura
dirigente.
Paradójicamente, en la
concepción bipartidista del
sistema PAN-gobierno, Germán
Martínez considera al PRI como
la contraparte a vencer, en
tanto que el partido tricolor
piensa lo mismo del PAN, cuando
en los hechos, el adversario
real a enfrentar por ambos es el
pueblo movilizado. El
abstencionismo del 60 por ciento
en las recientes elecciones
nayaritas y el bajísimo nivel de
aceptación de apenas un 7 por
ciento alcanzado por el panismo,
lo confirman.
A ello habría que agregar que
más allá de la confrontación
electoral, la movilización
ciudadana indica también que en
la correlación de fuerzas
políticas de la Nación la
verdadera oposición a las
pretensiones de la derecha, está
en una izquierda que ha tomado
la calle.
La realidad también ofrece otra
lectura. En primer término, el
Movimiento en Defensa del
Petróleo que encabeza López
Obrador, no es el PRD ni está
condicionado a la vida interna
de este partido. En segunda
instancia, el partido del sol
azteca, a diferencia del PAN y
el PRI, es un partido de masas y
no un partido de cuadros
dirigentes, lo que le diferencia
en el espectro político
electoral de México. Si la
estructura partidista no
responde a los intereses de las
bases, como está ocurriendo,
bien podría considerarse como
expectativa válida, el que estas
últimas optaran por la
reconstrucción y renovación,
dándole al partido nuevo cauce y
derrotero, construyendo nuevos
liderazgos que les sean
funcionalmente afines.
De la elección del 2 de julio
del 2006 a la fecha, han
ocurrido muchas cosas, entre
otras, el descorrimiento del
velo tras el que se mantenía
oculta la corrupción y
pragmatismo de lo más atrasado
de la representación de la
izquierda electoral nacional.
La elección interna que
seguramente desembocará en la
anulación de la votación a favor
de la presidencia y secretaría
general del partido, constituyó
un fuera máscaras que, en el
marco del Movimiento en Defensa
del Petróleo, ha dado lugar a un
claro deslinde de quien es quien
en el partido, así como en la
izquierda en general.
Ofreciéndose un nuevo escenario
en el que la militancia
perredista de base ya no es sólo
número sujeto a manipulación y
engaño.
Enriquecida en la movilización,
la militancia está en un proceso
ascendente de construcción de la
toma de conciencia del papel a
jugar por la izquierda en la
vida nacional. Cualitativamente
la base perredista en su gran
mayoría no es la misma del 1988
o del 2006. Dialécticamente se
ha elevado por sobre sí misma,
debiéndosele considerar hoy como
posible protagonista consecuente
de su propia responsabilidad
histórica al interior del PRD.
Más allá del análisis simplista,
en este nuevo escenario podría
afirmarse que el PRD no está
liquidado.
Ingenuo sería, eso sí, pensar
que están dadas las condiciones
para que en el terreno
electoral, en el 2009, el PRD
recuperara los niveles de
aceptación registrados en julio
del 2006. Falta un largo trecho
por recorrer para que se de la
obligada renovación del partido;
sin perder de vista que la
prioridad de la izquierda hoy es
la defensa del petróleo evitando
su privatización, y ello bien
vale la derrota del perredismo
en las elecciones intermedias,
como un costo coyuntural a
pagar. Y aún así, habría que
sopesar en que medida la
profundización de la
movilización social no influirá
electoralmente el próximo año a
favor de un partido al que la
reacción considera muerto y
enterrado.
Xalapa,
Ver., 04 de junio del 2008.-
Mayor cinismo y desvergüenza no
se podía esperar del senador
veracruzano Arturo Hervis Reyes,
quien tras haber sido el
“artífice” del calificado
“cochinero” en la fallida e
inconclusa elección del PRD,
celebrada en marzo pasado,
declaro que el domingo 27 de
julio su partido llevará a cabo
la consulta ciudadana sobre la
reforma energética en 190
municipios de la entidad
veracruzana. Agregando que
“…si Convergencia y PT
quieren unirse, que lo hagan,
porque será la única consulta en
la que los perredistas
veracruzanos participarán”.
Amenaza o
chantaje, pero lo cierto es que
personas cercanas a las brigadas
del movimiento nacional en
defensa del petróleo, señalan
que sólo le faltó decir que
habrá urnas “zapato”,
“embarazadas”, y compra de
votos. Así como que el conteo de
las boletas correrá a cargo de
la mafiosa estructura partidista
que aún encabeza Rogelio Franco
Castán, auxiliada por Eric
Lagos, del PRI, para hacer de la
consulta un cochinero más.
Abundando
sobre lo anterior, señalan que
“…nadie estaría de acuerdo en
que la necesaria y obligada
consulta ciudadana sobre el
destino de PEMEX, fuera
excluyente, marginando a la
militancia del PRD en un asunto
que es de la incumbencia de
todos los mexicanos. Pero de ahí
a aceptar que la corrupta
estructura del partido del sol
azteca en Veracruz, se monte con
fines electoreros en un
ejercicio ciudadano de tal
naturaleza, atribuyéndose
liderazgo y autoridad moral y
política de que carece, hay un
mundo de distancia”.
Razones
sobran para descalificar al Sr.
Hervis Reyes. La base militante
del PRD las conoce de sobra y se
sabe que el señor es senador no
por méritos propios. Y si bien,
de acuerdo a algunas encuestas,
se le ubica como viable para que
en su momento pudiera ser
nominado en el 2010 como
candidato a la gubernatura de
Veracruz por el partido del sol
azteca, para los defensores del
petróleo no es razón suficiente
para que asuma que puede decidir
quienes, como y cuando, podrían
participar en una consulta
abierta a todos los ciudadanos y
que por principio no tiene
banderas partidistas.
Y es que el
movimiento en defensa del
petróleo es ajeno al legislador
veracruzano y a la estructura
del PRD en la entidad. Este está
siendo impulsado por ciudadanos
sin partido, militantes de
Convergencia, del PT, del PRD, e
incluso del PRI, que a título
personal, han hecho suyas
responsablemente tareas y
objetivos de las brigadas
ciudadanas que conforman el
movimiento. Por lo que ningún
partido político en específico
puede asumirse como cabeza
visible de una hidra cuyas
cabezas se multiplican en todo
el país.
De acuerdo
con el programa dado a conocer,
la primera etapa de la consulta
petrolera se realizaría el
domingo 27 de julio en la Ciudad
de México, y en aquellos
municipios donde gobiernan
autoridades emanadas del Frente
Amplio Progresista (FAP), una
segunda parte se hará el 10 de
agosto en los estados del
sur-sureste, y en el resto del
país, el domingo 24 agosto.
A
diferencia de la elección
interna del PRD, la promoción y
organización de la consulta
ciudadana se contempla como
tarea de comités ciudadanos que
auspicien la participación
amplia, plural y organizada en
sus respectivos municipios,
cuidándose que la motivación y
resultados esté sujeta a lo que
a los participantes les dicte su
conciencia y amor a México; ni
serán acarreados ni venderán su
voto al mejor postor, por lo que
las prácticas corruptas y
antidemocráticas que auspiciara
en Veracruz la estructura
perredista manipulada por el
senador Hervis durante la
elección interna del PRD,
presuntamente no tendrán cabida.
“El ejercicio de un
derecho soberano del pueblo no
será más capital político en
beneficio de unos cuantos
vividores que se ostentan como
dueños de la izquierda”,
comenta un joven brigadista
xalapeño, quien además señala
que en la asamblea informativa
del domingo 29 en el zócalo del
D.F., quedó claro que la
consulta no tiene carácter
partidista.
Frente al
cinismo del senador veracruzano,
no queda más que repudio y
rechazo a sus pretensiones,
agregan nuestras fuentes.
Hace algunos días, el mandatario de Tamaulipas,
Eugenio Hernández Flores, confirmó lo que la mayoría
de los observadores habían intuido durante las
elecciones presidenciales de 2006: una franja
considerable de gobernadores priístas (seis, en
total) “direccionaron” cientos de miles de votos
para apuntalar la elección del candidato de Acción
Nacional. ¿Cuántos en suma? Difícil (o acaso
imposible) calcularlo. El desplazamiento de
sufragios fue resultado de un acuerdo adoptado a
espaldas de los dos partidos, como explicó en una
entrevista Manuel Espino, uno de los alquimistas
destacados (si no el más destacado) de esa “exitosa
manipulación electoral”, según la gráfica
descripción del propio dirigente panista. La
“manipulación” consistió en volcar súbitamente, dado
lo reñido de la contienda y la inminente derrota de
Roberto Madrazo, un cuantioso número de votantes que
el PRI controla –no necesariamente a través de
mecanismos legales– para asegurar el triunfo del
blanquiazul. Algunos expertos en materia
electoral (los más prudentes) hablan de por lo menos
un millón de sufragios. Dos años después de aquel
gesto de generosidad tricolor, Eugenio
Hernández se lamenta: “Felipe Calderón malpaga
nuestro apoyo en 2006. Se centraliza el ejercicio de
recursos, hay recortes presupuestales y suspensión
de pagos por excedentes petroleros.”
La Jornada, junio 9.- ¿Qué
saben y qué deben saber los ciudadanos? Esta
cuestión puede considerarse de modo general en
cuanto al orden político prevaleciente en México.
Pero hace unos días fue explícitamente planteada por
el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles
(JRH), en torno a la propuesta de reforma energética
que se debate ahora en el Congreso. Ante la
iniciativa del Gobierno del Distrito Federal de
someter la reforma a una consulta pública, el
director dijo sin empacho que el asunto era
demasiado complejo para que la población pueda
opinar sobre ella.
El mismo director JRH
expuso la situación de Pemex en su presentación del
8 de mayo en los foros de debate sobre la reforma
energética que se realizan en el Senado (puede
leerse en la página de Internet), en la sesión en
que se fundamentaron las propuestas del gobierno.
Aquella sucinta
presentación se encarga de mostrar, con ánimo
enfático, el largo alcance del deterioro de las
capacidades operativas, técnicas, laborales y
financieras de Pemex. Este argumento lo hace
eficazmente. Lo que ahí se expone es un pésimo saldo
de las últimas décadas de gestión en la empresa,
sobre todo cuando el mismo director recuerda, al
inicio de su exposición, el doble objetivo que
persigue Pemex, a saber: “materializar la renta
petrolera conforme a los lineamientos establecidos
por el gobierno federal y, al hacerlo, maximizar el
valor económico de sus operaciones”.
Las virtudes pedagógicas
del documento de Jesús Reyes Heroles permiten
entender a las claras que tales objetivos no se
cumplen. Felipe Calderón insistió en ello durante un
foro con empresarios la semana pasada. Los
excedentes petroleros, dijo, han traído poco alivio
a la economía.
Hasta aquí, el director JRH
debe quedarse tranquilo, pues los ciudadanos pueden
entender perfectamente su argumento. La principal
empresa pública del país ha fallado en la
administración de un recurso que, a pesar de los
altibajos del precios del crudo de exportación, ha
sido la fuente preferente de ingresos para el
gobierno y del cual se deriva una renta que debería
haber sido utilizada para acrecentar la
productividad de la economía, generar más valor y
mejorar el bienestar de la población. No lo ha
hecho.
Desde el sexenio pasado, y
aun más durante el actual, la renta petrolera ha
sido muy grande y, sin embargo, la gestión a la que
se somete internamente a Pemex y la sujeción fiscal
que la convierte, en efecto, en una dependencia de
la Secretaría de Hacienda, la tienen hoy postrada.
Éste es un fracaso rotundo del sistema político y de
la estructura del poder económico que prevalecen en
México. Es una muestra de la enorme limitación
efectiva de esta democracia.
JRH terminó su presentación
con una pregunta retórica que poco hace para aclarar
las cosas, pero no sólo ante los ciudadanos, sino
ante él mismo. Dijo el director luego de su lúgubre
análisis: ¿por qué sorprenderse acerca del rezago de
Pemex respecto a otras empresas petroleras
nacionales cuyos gobiernos y congresos les han
creado las condiciones necesarias para su
modernización, crecimiento e internacionalización?
Los ciudadanos entienden lo
suficiente para darse cuenta de que entre el
diagnóstico de JRH y la propuesta de reforma que
defiende no existe una secuencia necesaria. Que ante
la absoluta exigencia de hacer algo en Pemex, lo que
todos entienden, no se sigue que la reforma que
empuja el gobierno sea el único o el mejor camino.
El error de lógica se agrava con la experiencia
larga y negativa derivada de la falta de
transparencia política y de rendición de cuentas de
los altos funcionarios de la burocracia del gobierno
y de los legisladores.
Es evidente que los
ciudadanos no tienen por qué saber acerca de las
técnicas para estimar las reservas probadas o
probables; de los detalles de la tecnología para la
exploración de yacimientos en aguas profundas; de
las particularidades de los contratos de explotación
y servicios con empresas privadas. Tampoco tienen
por qué saber de los procesos de transferencia de
valor en la extensa cadena productiva de una empresa
petrolera integrada como es Pemex, es decir, desde
la exploración hasta la industrialización del crudo,
o cómo debe fijarse la plataforma de exportación.
Para eso se paga, y bien, con los impuestos, a
quienes son responsables de administrar los bienes y
los intereses que son públicos.
Sí comprenden los
ciudadanos, en cambio, que en el caso de Pemex se
trata de una empresa petrolera nacional y lo que de
ese carácter debe desprenderse en términos
colectivos. Yerra de modo grave el director JRH al
colocarse en la postura de la arrogancia tecnócrata
que caracteriza a los responsables de definir y
aplicar las políticas económicas.
Los ciudadanos entienden
muy bien el entorno general de deterioro político y
económico que hay en el país, así como el
significado de la enorme desigualdad social. La
reforma de Pemex es urgente, nadie lo niega. Ella es
clave para dirigir la transición y alcanzar la
seguridad energética de la nación y hacer viable
esta economía. La propuesta del gobierno no es sólo
un asunto técnico, aunque esto es ineludible,
entraña también una visión política de lo que
corresponde hacer al Estado y lo que es del ámbito
público. Esconderse en las dificultades técnicas no
está a la altura de la responsabilidad política del
director de Pemex.
Ironía
histórica: la izquierda, no la derecha,
sería la mejor equipada para reformar a
Pemex
Ironías de
la historia
Es sólo una
hipótesis. El tema de la reforma al marco
jurídico que rige a la industria petrolera
apareció en la agenda del actor político
equivocado. Si alguien hubiera podido
proponer al país un cambio, cubierto con
legitimidad y que implicara alguna forma de
relación de Pemex con otras empresas para
mejorar su eficiencia, esa fuerza es la
izquierda, no la derecha. A esta última le
hubiera correspondido llevar adelante un
cambio muy diferente: una reforma fiscal de
fondo, tema pospuesto por medio siglo en la
agenda nacional.
Las iniciativas
de Felipe Calderón para modificar la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del
Petróleo y ampliar el espacio a la empresa
privada nacional y extranjera son unas que,
de entrada, se prestan a sospecha y rechazo
por venir de quien vienen. Si alguien
hubiera podido proponer que nuestra empresa
petrolera estatal se asociara con alguna
foránea en algunos de sus campos, sin
despertar sospecha sobre sus intenciones
-hacer negocios privados a la sombra del
interés público-, era la izquierda. Y no
cualquier izquierda, sino una con sus
credenciales nacionalistas en orden.
El agente
idóneo y el inadecuado
Es posible
argumentar que en el urgente tema de
modernizar y hacer eficiente a la industria
petrolera mexicana una posibilidad sería una
asociación de Pemex con otra empresa
petrolera estatal con buena experiencia y
reputación, como sería StatoilHydro de
Noruega. Sin embargo, ese argumento pierde
su fuerza cuando lo expone el gobierno
actual, uno que no supo siquiera separar los
intereses públicos de los privados de
algunos de sus cuadros prominentes.
Por un momento,
el gobierno de Felipe Calderón pretendió
hacer de un miembro de su círculo íntimo un
“zar del petróleo” (Proceso, 20 de enero,
2008). En efecto, Juan Camilo Mouriño -un
joven cuya familia, española de origen, está
dedicada al negocio del transporte de
productos petroleros, de las gasolineras y
otros similares- ascendió sorprendentemente
rápido en los círculos del poder del
gobierno federal. En un acto de
insensibilidad política, por llamarlo de
alguna manera, Calderón no sólo nombró a
Mouriño secretario de Gobernación -una de
las antesalas históricas a la candidatura
presidencial- sino que pretendió que, desde
ahí, el empresario se encargara de negociar
la aprobación de su reforma petrolera en el
Congreso. La movilización política y social,
que encabezó Andrés Manuel López Obrador en
contra, desdibujó el papel de Mouriño y
obligó, entre otras cosas, a organizar un
debate formal sobre las iniciativas de
reforma a la ley reglamentaria del petróleo,
que originalmente se pretendían aprobar sólo
como resultado de una negociación en la
cúpula.
Un buen
ejemplo
Y justamente en
ese debate el presidente del PAN, Germán
Martínez, buscó cerrar una larga tirada de
adjetivos contra quienes se oponen a la
privatización parcial de la industria
petrolera, sacando de su manga lo que
consideró un as histórico: el proyecto de
ley reglamentaria del petróleo de diciembre
de 1939. En ese documento, firmado por el
mismísimo presidente Lázaro Cárdenas, se
asegura que el mantener la explotación
petrolera como actividad propia del Estado
“no implica que la nación abandone la
posibilidad de admitir la colaboración de la
iniciativa privada”. De esta manera se
pretendió colocar a Cárdenas en la misma
trinchera que su enemigo histórico: el PAN.
Sin negarle
imaginación a Germán Martínez, al intentar
probar que el propio artífice de la
nacionalización petrolera no pensó en cerrar
las puertas a la empresa privada en esa
industria, hay que hacer un par de
observaciones fundamentales al argumento.
En primer
lugar, las circunstancias. El boicot de los
intereses extranjeros contra el petróleo
mexicano en 1939 era brutal pero hoy Pemex
tiene ganancias espectaculares y quienes
buscan debilitarlo están dentro, no fuera.
En 39 Cárdenas simplemente buscó echar mano
de cualquier ayuda posible que salvara lo
esencial. Fue por ello que su gobierno
incluso negoció vender petróleo a sus peores
enemigos ideológicos: a los gobiernos de
Hitler y Mussolini. En esas condiciones,
buscar la colaboración de la empresa privada
era un mal menor.
Sin embargo, la
observación más importante, y que avala la
tesis que aquí se presenta, es que sólo
Cárdenas y nadie más podía proponer con
legitimidad abrir un lugar al capital
privado en la industria petrolera estatal. Y
es que el entonces Presidente era el
mexicano más libre de sospecha de pretender
minar el carácter público de la actividad
petrolera.
En contraste
con la propuesta de ley reglamentaria
enviada por Cárdenas hace casi 70 años al
Congreso federal, quienes hoy proponen la
privatización parcial de la actividad
petrolera con otra ley reglamentaria son la
antítesis de Cárdenas y su proyecto. El PAN
nació justamente en 1939 como un opositor
declarado de todo el programa que impulsó
Lázaro Cárdenas, incluida la expropiación
del petróleo y de los latifundios.
Otro ejemplo
En la biografía
política del general Cárdenas puede volver a
encontrarse otro ejemplo que sirve para
ilustrar cómo en circunstancias que obligan
al gobierno a tomar decisiones políticas muy
delicadas, y que tienden a despertar
sospechas sobre sus verdaderos motivos, lo
mejor es encomendar esas tareas a actores
cuya ideología y conducta hayan demostrado
que no serán ellos los que saquen provecho
personal o de partido de la situación.
Cuando en 1942
México entró a la Segunda Guerra Mundial
como aliado de los norteamericanos, el
recuerdo de los graves conflictos con
Estados Unidos estaba aún muy vivo en la
conciencia colectiva de los mexicanos. La
opinión pública sospechaba de los motivos
para entrar a una guerra que veía como ajena
y a colaborar con Estados Unidos, al punto
que se rumoraba que los buques mexicanos,
cuyo hundimiento se atribuía a submarinos
alemanes, y razón por la cual México se
había declarado en “Estado de Guerra” con El
Eje, en realidad habían sido torpedeados por
los norteamericanos. Sin embargo, para el
gobierno de Ávila Camacho las circunstancias
hacían inevitable la cooperación no sólo
política y económica sino militar con la
potencia vecina del norte.
En esas
condiciones el Presidente consideró, y con
razón, que la mejor manera de hacer
aceptable una alianza formal entre México y
Estados Unidos era poner al frente de la
colaboración militar a un general del que
nadie pudiera poner en duda su antifascismo
pero tampoco su voluntad de resistir
cualquier demanda norteamericana contraria
al interés nacional. Ese general era Lázaro
Cárdenas. Sólo él, que se había enfrentado a
los intereses norteamericanos sin titubear,
podía ser garantía de una relación con la
potencia del norte que no fuera sospechosa
de subordinación.
En 1942 la
tarea y el responsable embonaron a la
perfección. Cárdenas primero quedó al mando
de toda la zona del Pacífico -se temía el
ataque de Japón- y poco después se hizo
cargo de la propia Secretaría de Defensa.
Cárdenas negociaría la instalación de
radares norteamericanos en México -siempre a
cargo de un equipo binacional- y la
modernización del Ejército, pero sus
condiciones hicieron inaceptable para los
norteamericanos la construcción de bases
navales o aéreas en México. En suma, sólo un
nacionalista probado podía encabezar la
colaboración militar con el país cuyas
acciones habían alimentado ese nacionalismo
defensivo de México.
Misiones
Todos
concuerdan en que la estructura
administrativa y financiera de Pemex es
inadecuada. La empresa necesita rediseñar su
estructura administrativa -es absurdo que de
siete subdirecciones que tenía en 1992 se
haya pasado a 58 en la actualidad- y
política -hay que enfrentar los abusos del
sindicato. También debe detenerse el
crecimiento galopante de la importación de
refinados, debe lograrse un aprovechamiento
óptimo de todas las áreas que ha sido
impedido por el énfasis desmedido en la
producción, las reservas han disminuido de
manera alarmante y los ductos han envejecido
de igual manera, el financiamiento vía
Pidiregas es costoso y, sobre todo, la carga
fiscal de Pemex es excesiva. En suma, es
mucho lo que debe de cambiarse en Pemex,
pero no es la derecha la fuerza idónea para
la misión.
La raíz
principal, que no la única, de los males de
la actividad petrolera y de muchas otras
cosas es de origen fiscal. Desde hace al
menos 40 años que se viene posponiendo una
verdadera reforma en ese campo. Es ahí, en
la negociación a fondo de las cargas
impositivas, donde un gobierno identificado
con los empresarios y el capital, como es el
actual, debería estar al frente. Ésa sería
la honrosa misión histórica de la derecha,
no el desmantelamiento de Pemex.
