Escudo de armas de Xalapa, Veracruz

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J. Enrique Olivera Arce

Periodista veracruzano
pulsocritico@gmail.com

Otros artículos
del autor

 

 


MUÑOZ LEDO:
El PAN se resquebraja…

Jenaro Villamil

 Para Porfirio Muñoz Ledo, el 88 “vuelve en todos sus sentidos”. En entrevista, con Jenaro Villamil publicada en Proceso, el coordinador del Frente Amplio Progresista asegura que en los últimos 20 años se agotó el régimen político y ahora el PAN está al borde de la ruptura debido a sus pugnas internas, tal como lo estuvo el PRI en 1988, cuando salieron de sus filas militantes como Cuauhtemoc Cárdenas y él mismo por la falta de interlocución en ese partido. Muñoz Ledo sostiene en su nuevo libro, “La ruptura que viene” que Calderón no está gobernando y es factible que no termine su gestión. El verdadero factótum, dice, es Carlos Salinas.


 

Sobre el libro de José Antonio Crespo

Acta por acta

Carmen Aristegui

 

Carmen Aristegui

Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.

Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro, de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008.) La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas. Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico.

Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que –como nunca– polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse. Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección. ¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda.

Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso; por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso. Con un solo elemento, Crespo demuestra que el Tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético. El Tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo –entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados– el Tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del Tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al Tribunal a declarar nulas las elecciones. Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.

José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: “El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda… se hizo examinadora… cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad”.Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.

http://buzonciudadano.blogspot.com/2008/06/


 

Adolfo Gilly

El nuevo despojo del
petróleo mexicano

México: la entrega del petróleo:
quiénes, por qué, para qué


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Víctor Flores Olea

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Francisco Rojas

Medias verdades

Fraude a la ley

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John Saxe-Fernández

México-Estados Unidos: la

sardina protege al tiburón

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Porfirio Muñoz Ledo

Fusiones y confusiones

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Andrés Iván GURBANOV

Sebastián J. RODRÍGUEZ

EZLN la “permanencia” de la revolución mexicana

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Rogelio Ramírez de la O

Carestía de alimentos

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Textos de Luís Javier Garrido

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J. Enrique Olivera Arce

El agrarismo y su permanencia histórica

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Visiones alternativas

El negocio de matar de hambre

Argentina. El origen del conflicto

Ezequiel Meler
(Noticias del sur)


La biotecnología y el modelo rural en los orígenes de la catástrofe argentina

  Jorge Eduardo Rulli

Separatismo: Bolivia es la amenazada inmediata, pero no la única.

Juan Diego García (Argenpress)

El grito de la Nueva Izquierda

Arturo Castro

(Autoridad contra poder)


El Observatorio Latinoamericano

"LOS IMPERIOS CAEN PORQUE COMEN MÁS DE LO QUE PUEDEN DIGERIR" 

Manuel Vincent

Manuel Vincent



 

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Revoluciones · Revista Electrónica · Número 11

En el número 11 de la Revista Electrónica escriben: J. Enrique Olivera Arce, Mario Di Costanzo Armenta, Jorge Gómez, Samuel García y Pedro Echeverría.

Revoluciones · Revista Electrónica · Número 12

En el número 12 de la Revista Electrónica escriben: Luis J. Garrido, Eduardo Martín Fracalossi, Mario Di Costanzo Armenta y Samuel García.

Revoluciones · Revista Electrónica · Número 13

En el número 13 escriben: Samuel García, Mario Di Costanzo Armenta, J. Enrique Olivera Arce y José Alejandro González Garza. Información sobre el Debate Universitario en la UNAM gracias a la DGCS.

Revoluciones · Revista Electrónica · Número 14

Escriben Mario Di Costanzo, Asa Cristina Laurell, Laura Itzel Castillo y Waldo Munizaga.

Revoluciones · Revista Electrónica · Número 15

Se incluye la ponencia de López Obrador del día 7 de julio en la UACM Del Valle. Escriben Samuel García, J, Enrique Olivera, Pedro Echeverría y Waldo Munizaga.

 

Revoluciones · Revista Electrónica · Número 16

 

 
 



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Apunte para:  gobernantes.com ; Revoluciones

Corrupción, opacidad e impunidad en Pemex. La consulta ciudadana va

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

En mi anterior apunte me preguntaba donde está la capacidad de indignación del pueblo de México frente a hechos que reflejan la profunda crisis de valores que aqueja a la sociedad mexicana; en estas líneas lo refrendo. ¿Dónde está? Porque no puede causar otra cosa que una tremenda indignación el conocer de boca de Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación, que en México las grandes corporaciones en 2004 pagaron en promedio sólo 74 pesos de ISR y 69 de IVA.

Esto durante su intervención en el penúltimo de los foros de debate de la reforma petrolera del jueves 17, en la que además diera a conocer el altísimo grado de discrecionalidad, corrupción y opacidad en el manejo de PEMEX, destacando el manejo de los excedentes petroleros en la administración foxista, que ascendieron a 720 mil millones de pesos, y que en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno del Partido Acción Nacional. Detallando que el 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.

De la misma forma, explicó el auditor, se ha manejado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del cual el gobierno federal no ha acreditado debidamente la forma en que se ha aplicado. Más aún, expuso, el exceso de discrecionalidad de funcionarios de PEMEX en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos, sin que a la fecha estas hayan prosperado.

Uno a uno, los ponentes desgranaron la cadena de irregularidades detectadas en el manejo discrecional de la paraestatal, destacando, entre otras, a lo largo de las intervenciones:

  • La reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz, fue otorgada a la empresa española Dragados, tiene un retraso de dos años y los costos pactados originalmente se han duplicado sin que se hayan fincado responsabilidades.
  • Una empresa noruega rentó al mismo tiempo tres plataformas petroleras por cinco años a Petrobras América, Petrobras Brasil y Pemex, sólo que a la empresa mexicana le envió la más pequeña y con un costo 300 millones de dólares más cara.
  • Pemex pagó a la trasnacional estadunidense Noble Corporation una plataforma semisumergible, reconstruida, con sobreprecio de 59 mil dólares diarios.
  • Pemex signó contratos de servicios múltiples con empresas extranjeras para explotar gas en la cuenca de Burgos. Una contratista adquirió una planta recuperadora de azufre para la paraestatal con un costo directo de 46.4 millones de dólares, que al final se convirtieron en 102 millones de dólares. A las corporaciones extranjeras, entre ellas Repsol, en la cuenca de Burgos, se les autorizan pagos por costos indirectos hasta del 125 por ciento.
  • Pemex Internacional constituyó Pemex Financial Trust en noviembre de 1998, bajo el amparo de leyes de Islas Caimán, no cuenta con empleados y es administrada por un banco en aquella localidad. Como ésa, se han constituido empresas en Dublín, Houston, Aruba, y en otras partes. El consejo de administración de Pemex no recibe información de esas empresas debido a que, “en la perla de la corrupción”, las decisiones de Pemex Internacional pasan por el Comité de Comercio Exterior del Petróleo, que no existe jurídicamente.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación alertó también que el pasivo laboral ascendió, al cierre de 2007, a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7 por ciento del PIB. En ese mismo año, dijo, se erogaron 24 mil millones, en ese rubro, que representa 45 por ciento de la nómina; proponiendo reformas de fondo como el mejorar la administración y recaudación tributaria; mantener como irrenunciable la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar a Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades del órgano fiscalizador para que imponga sanciones administrativas y económicas; destinar los excedentes petroleros a inversión; reducir la burocracia, así como revisar a fondo el régimen laboral de la empresa.

Si para muchos, incluidos la mayoría de los voceros de los medios de comunicación, el debate senatorial en torno a la industria petrolera, ha sido un ejercicio tan inútil como no vinculatorio para el trabajo legislativo previo a la dictaminación de las iniciativas de Calderón Hinojosa, lo que ha salido a relucir en los diversos foros, demuestra lo contrario. No sólo se justifica el debate como una ventana a la que al pueblo de México se le está mostrando crudamente una realidad que de manera tan mendaz es ocultada por el poder. También se confirma la necesidad de la ya obligada e imprescindible consulta ciudadana en torno a un tema que debe interesarnos a todos los mexicanos.

Si para Calderón Hinojosa, de dientes para afuera y sabedor de que sus iniciativas sólo han generado repudio, las cosas no pueden seguir como hasta ahora en Pemex, para el pueblo de México el rescate del patrimonio energético constituye una exigencia vital para la soberanía y seguridad nacional, así como garante del futuro de las nuevas generaciones. El rumbo deseable para PEMEX no puede dejarse únicamente en manos del Congreso de la Unión. Si aún existe un mínimo de capacidad de indignación en este país, esta debe expresarse en consecuencia en la consulta ciudadana.

pulsocritico@gmail.com


Jóvenes y amas de casa, víctimas propiciatorias de un sistema injusto

Apunte para: Our Words In Resistance; gobernantes.com ; Revoluciones ;Kaos en la Red

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

“Hemos descubierto al enemigo: somos nosotros”.

Joan Prats

Ocho jóvenes, tres de ellos adolescentes de entre 13 y 15 años, fueron asesinados la madrugada de ayer domingo, en Guamúchil, Sinaloa, dieron a conocer los principales diarios de México. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa informó que del lugar de los hechos fueron recogidos poco más de 300 casquillos de armas de fuego G-3, AR-15, 9 milímetros, y AK-47

Hasta el momento de redactar este apunte, a diferencia de lo acaecido en el antro News Divine de la ciudad de México, ni los presentadores de noticias de las televisoras ni las buenas conciencias de la reacción han procedido al correspondiente desgarre de vestiduras y mucho menos a soliviantar a la opinión pública en contra de las autoridades con motivo del artero crimen perpetrado en Guamúchil. ¿Es que acaso estas alarmantes noticias no merecen la indignación nacional? ¿O es que como sociedad ya nos estamos acostumbrando a mantenernos indiferentes frente al clima de inseguridad que se apodera del país, cuando los reprobables hechos provienen de la llamada “delincuencia organizada”? Salvo, claro está, cuando los medios de comunicación con fines interesadamente políticos, llevando agua a su molino, tocan las fibras más sensibles de los mexicanos fabricando chivos expiatorios.

La violencia que impera en el país dejó la semana anterior 124 muertos en 11 estados. El recuento total incluye los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Durango y estado de México, reduciéndose mediáticamente el fenómeno a un asunto de estadística.

En otra nota, en la edición de ayer lunes del diario La Crónica, se dice que Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SPF) declaró que: “Hemos encontrado, más en la industria del secuestro, la participación directa de amas de casa, de las mamás, ya no es sólo el hijo, sino la mamá del hijo que secuestra, custodiando a la víctima”, agregando, “Se dispensa que un hijo se desvíe al alcohol o la droga, ahora la mamá secuestra y esta perspectiva es grave, porque el eje de la sociedad, que es la familia, vive una perspectiva equivocada, diferente y esta es la vertiente que me ha tocado conocer y estudiar”.

Declaraciones estas últimas con las que se pone el dedo en la llaga. La criminalidad ha dejado de ser expresión aislada a combatir por los órganos del Estado encargados de proporcionar seguridad y justicia, constituyéndose en un fenómeno multidimensional generalizado, que amenaza con cubrir todo el territorio nacional. Poniendo al descubierto el alto grado de deterioro del tejido social, y en entredicho la vigencia misma del Estado como tal. Por tanto, un problema estructural multisectorial de orden político, que no se puede ni debe combatir únicamente con el uso de la fuerza. Más considerando que la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad no le son ajenas al fenómeno delincuencial, en tanto contribuyen a la falta de credibilidad en las instituciones tradicionales frente a una realidad agobiante, que excluye de expectativas de desarrollo a cada vez más amplias capas de la población.

La sociedad mexicana vive una severa crisis de pérdida de valores, que se debe reconocer para actuar en consecuencia en todos los órdenes de la vida cotidiana. Cuando la criminalidad permea ya en la juventud, generando víctimas y victimarios entre adolescentes, amas de casa, madres de familia, que renuncian a su deber para con sus hijos y la sociedad, solidarizándose activamente con los delincuentes, sin que ello sea motivo de indignación nacional, debería ser un grito de alerta y un llamado de atención lo mismo para quienes gobiernan este país que para la ciudadanía toda.

México se nos deshace entre las manos y las autoridades, en los tres órdenes de gobierno, insisten en que todo va bien. La mira de la clase dirigente está puesta en como deshacer el nudo gordiano del estancamiento económico en un modelo de desarrollo agotado, ocultando la realidad bajo el manto del triunfalismo mediático. No se puede seguir por este camino. No cuando el desempleo y la desesperanza orillan a los jóvenes y a las amas de casa a la muerte o delinquir, siendo víctimas propiciatorias de un sistema injusto, cuya única motivación es generar pantagruélicas riquezas para unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías.

pulsocritico@gmail.com


Bipartidismo en México, sueño guajiro de la reacción

Apunte para:   gobernantes.com; Soberanía popular; Revoluciones Our Words In Resistance; Noticias del Sur

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

(Cartón de: Hernández. Cosas de niños. La Jornada)

 

Hay quienes afirman que Germán Martínez Cazares, presidente nacional del PAN, tiene razón apostándole a un bipartidismo en México muy al estilo del modelo estadounidense, asumiéndose que el PRD está eliminado de la contienda política nacional. El sustento de tal presunción parte de la idea de que el partido del sol azteca, para unos es Andrés Manuel López Obrador, a quien equivocadamente se le considera políticamente liquidado, en tanto que para otros es ni más ni menos, que la estructura dirigente.

Paradójicamente, en la concepción bipartidista del sistema PAN-gobierno, Germán Martínez considera al PRI como la contraparte a vencer, en tanto que el partido tricolor piensa lo mismo del PAN, cuando en los hechos, el adversario real a enfrentar por ambos es el pueblo movilizado. El abstencionismo del 60 por ciento en las recientes elecciones nayaritas y el bajísimo nivel de aceptación de apenas un 7 por ciento alcanzado por el panismo, lo confirman.

A ello habría que agregar que más allá de la confrontación electoral, la movilización ciudadana indica también que en la correlación de fuerzas políticas de la Nación la verdadera oposición a las pretensiones de la derecha, está en una izquierda que ha tomado la calle.

La realidad también ofrece otra lectura. En primer término, el Movimiento en Defensa del Petróleo que encabeza López Obrador, no es el PRD ni está condicionado a la vida interna de este partido. En segunda instancia, el partido del sol azteca, a diferencia del PAN y el PRI, es un partido de masas y no un partido de cuadros dirigentes, lo que le diferencia en el espectro político electoral de México. Si la estructura partidista no responde a los intereses de las bases, como está ocurriendo, bien podría considerarse como expectativa válida, el que estas últimas optaran por la reconstrucción y renovación, dándole al partido nuevo cauce y derrotero, construyendo nuevos liderazgos que les sean funcionalmente afines.

De la elección del 2 de julio del 2006 a la fecha, han ocurrido muchas cosas, entre otras, el descorrimiento del velo tras el que se mantenía oculta la corrupción y pragmatismo de lo más atrasado de la representación de la izquierda electoral nacional.

La elección interna que seguramente desembocará en la anulación de la votación a favor de la presidencia y secretaría general del partido, constituyó un fuera máscaras que, en el marco del Movimiento en Defensa del Petróleo, ha dado lugar a un claro deslinde de quien es quien en el partido, así como en la izquierda en general. Ofreciéndose un nuevo escenario en el que la militancia perredista de base ya no es sólo número sujeto a manipulación y engaño.

Enriquecida en la movilización, la militancia está en un proceso ascendente de construcción de la toma de conciencia del papel a jugar por la izquierda en la vida nacional. Cualitativamente la base perredista en su gran mayoría no es la misma del 1988 o del 2006. Dialécticamente se ha elevado por sobre sí misma, debiéndosele considerar hoy como posible protagonista consecuente de su propia responsabilidad histórica al interior del PRD. Más allá del análisis simplista, en este nuevo escenario podría afirmarse que el PRD no está liquidado.

Ingenuo sería, eso sí, pensar que están dadas las condiciones para que en el terreno electoral, en el 2009, el PRD recuperara los niveles de aceptación registrados en julio del 2006. Falta un largo trecho por recorrer para que se de la obligada renovación del partido; sin perder de vista que la prioridad de la izquierda hoy es la defensa del petróleo evitando su privatización, y ello bien vale la derrota del perredismo en las elecciones intermedias, como un costo coyuntural a pagar. Y aún así, habría que sopesar en que medida la profundización de la movilización social no influirá electoralmente el próximo año a favor de un partido al que la reacción considera muerto y enterrado.

jeolivera@gmail.com


El senador Arturo Hervis propone otro “cochinero”

Apunte para:Revoluciones;Our Words In Resistance; gobernantes.com

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Xalapa, Ver., 04 de junio del 2008.- Mayor cinismo y desvergüenza no se podía esperar del senador veracruzano Arturo Hervis Reyes, quien tras haber sido el “artífice” del calificado “cochinero” en la fallida e inconclusa elección del PRD, celebrada en marzo pasado, declaro que el domingo 27 de julio su partido llevará a cabo la consulta ciudadana sobre la reforma energética en 190 municipios de la entidad veracruzana. Agregando que “…si Convergencia y PT quieren unirse, que lo hagan, porque será la única consulta en la que los perredistas veracruzanos participarán”.

Amenaza o chantaje, pero lo cierto es que personas cercanas a las brigadas del movimiento nacional en defensa del petróleo, señalan que sólo le faltó decir que habrá urnas “zapato”, “embarazadas”, y compra de votos. Así como que el conteo de las boletas correrá a cargo de la mafiosa estructura partidista que aún encabeza Rogelio Franco Castán, auxiliada por Eric Lagos, del PRI, para hacer de la consulta un cochinero más.

Abundando sobre lo anterior, señalan que “…nadie estaría de acuerdo en que la necesaria y obligada consulta ciudadana sobre el destino de PEMEX, fuera excluyente, marginando a la militancia del PRD en un asunto que es de la incumbencia de todos los mexicanos. Pero de ahí a aceptar que la corrupta estructura del partido del sol azteca en Veracruz, se monte con fines electoreros en un ejercicio ciudadano de tal naturaleza, atribuyéndose liderazgo y autoridad moral y política de que carece, hay un mundo de distancia”.

Razones sobran para descalificar al Sr. Hervis Reyes. La base militante del PRD las conoce de sobra y se sabe que el señor es senador no por méritos propios. Y si bien, de acuerdo a algunas encuestas, se le ubica como viable para que en su momento pudiera ser nominado en el 2010 como candidato a la gubernatura de Veracruz por el partido del sol azteca, para los defensores del petróleo no es razón suficiente para que asuma que puede decidir quienes, como y cuando, podrían participar en una consulta abierta a todos los ciudadanos y que por principio no tiene banderas partidistas.

Y es que el movimiento en defensa del petróleo es ajeno al legislador veracruzano y a la estructura del PRD en la entidad. Este está siendo impulsado por ciudadanos sin partido, militantes de Convergencia, del PT, del PRD, e incluso del PRI, que a título personal, han hecho suyas responsablemente tareas y objetivos de las brigadas ciudadanas que conforman el movimiento. Por lo que ningún partido político en específico puede asumirse como cabeza visible de una hidra cuyas cabezas se multiplican en todo el país.

De acuerdo con el programa dado a conocer, la primera etapa de la consulta petrolera se realizaría el domingo 27 de julio en la Ciudad de México, y en aquellos municipios donde gobiernan autoridades emanadas del Frente Amplio Progresista (FAP), una segunda parte se hará el 10 de agosto en los estados del sur-sureste, y en el resto del país, el domingo 24 agosto.

A diferencia de la elección interna del PRD, la promoción y organización de la consulta ciudadana se contempla como tarea de comités ciudadanos que auspicien la participación amplia, plural y organizada en sus respectivos municipios, cuidándose que la motivación y resultados esté sujeta a lo que a los participantes les dicte su conciencia y amor a México; ni serán acarreados ni venderán su voto al mejor postor, por lo que las prácticas corruptas y antidemocráticas que auspiciara en Veracruz la estructura perredista manipulada por el senador Hervis durante la elección interna del PRD, presuntamente no tendrán cabida. “El ejercicio de un derecho soberano del pueblo no será más capital político en beneficio de unos cuantos vividores que se ostentan como dueños de la izquierda”, comenta un joven brigadista xalapeño, quien además señala que en la asamblea informativa del domingo 29 en el zócalo del D.F., quedó claro que la consulta no tiene carácter partidista.

Frente al cinismo del senador veracruzano, no queda más que repudio y rechazo a sus pretensiones, agregan nuestras fuentes.

jeolivera@gmail.com


 



 


Movimiento en defensa del petróleo

Domingo 29 de junio.

 Discurso Integro
 de Andrés Manuel López Obrador

Los votos de la discordia

Ilán Semo

Hace algunos días, el mandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, confirmó lo que la mayoría de los observadores habían intuido durante las elecciones presidenciales de 2006: una franja considerable de gobernadores priístas (seis, en total) “direccionaron” cientos de miles de votos para apuntalar la elección del candidato de Acción Nacional. ¿Cuántos en suma? Difícil (o acaso imposible) calcularlo. El desplazamiento de sufragios fue resultado de un acuerdo adoptado a espaldas de los dos partidos, como explicó en una entrevista Manuel Espino, uno de los alquimistas destacados (si no el más destacado) de esa “exitosa manipulación electoral”, según la gráfica descripción del propio dirigente panista. La “manipulación” consistió en volcar súbitamente, dado lo reñido de la contienda y la inminente derrota de Roberto Madrazo, un cuantioso número de votantes que el PRI controla –no necesariamente a través de mecanismos legales– para asegurar el triunfo del blanquiazul. Algunos expertos en materia electoral (los más prudentes) hablan de por lo menos un millón de sufragios. Dos años después de aquel gesto de generosidad tricolor, Eugenio Hernández se lamenta: “Felipe Calderón malpaga nuestro apoyo en 2006. Se centraliza el ejercicio de recursos, hay recortes presupuestales y suspensión de pagos por excedentes petroleros.”

La Jornada 12/07/08

Ver Artículo

Política petrolera

 una respuesta

 Cuauhtemoc Cárdenas

Pemex y los ciudadanos

León Bendesky

La Jornada, junio 9.- ¿Qué saben y qué deben saber los ciudadanos? Esta cuestión puede considerarse de modo general en cuanto al orden político prevaleciente en México. Pero hace unos días fue explícitamente planteada por el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles (JRH), en torno a la propuesta de reforma energética que se debate ahora en el Congreso. Ante la iniciativa del Gobierno del Distrito Federal de someter la reforma a una consulta pública, el director dijo sin empacho que el asunto era demasiado complejo para que la población pueda opinar sobre ella.

El mismo director JRH expuso la situación de Pemex en su presentación del 8 de mayo en los foros de debate sobre la reforma energética que se realizan en el Senado (puede leerse en la página de Internet), en la sesión en que se fundamentaron las propuestas del gobierno.

Aquella sucinta presentación se encarga de mostrar, con ánimo enfático, el largo alcance del deterioro de las capacidades operativas, técnicas, laborales y financieras de Pemex. Este argumento lo hace eficazmente. Lo que ahí se expone es un pésimo saldo de las últimas décadas de gestión en la empresa, sobre todo cuando el mismo director recuerda, al inicio de su exposición, el doble objetivo que persigue Pemex, a saber: “materializar la renta petrolera conforme a los lineamientos establecidos por el gobierno federal y, al hacerlo, maximizar el valor económico de sus operaciones”.

Las virtudes pedagógicas del documento de Jesús Reyes Heroles permiten entender a las claras que tales objetivos no se cumplen. Felipe Calderón insistió en ello durante un foro con empresarios la semana pasada. Los excedentes petroleros, dijo, han traído poco alivio a la economía.

Hasta aquí, el director JRH debe quedarse tranquilo, pues los ciudadanos pueden entender perfectamente su argumento. La principal empresa pública del país ha fallado en la administración de un recurso que, a pesar de los altibajos del precios del crudo de exportación, ha sido la fuente preferente de ingresos para el gobierno y del cual se deriva una renta que debería haber sido utilizada para acrecentar la productividad de la economía, generar más valor y mejorar el bienestar de la población. No lo ha hecho.

Desde el sexenio pasado, y aun más durante el actual, la renta petrolera ha sido muy grande y, sin embargo, la gestión a la que se somete internamente a Pemex y la sujeción fiscal que la convierte, en efecto, en una dependencia de la Secretaría de Hacienda, la tienen hoy postrada. Éste es un fracaso rotundo del sistema político y de la estructura del poder económico que prevalecen en México. Es una muestra de la enorme limitación efectiva de esta democracia.

JRH terminó su presentación con una pregunta retórica que poco hace para aclarar las cosas, pero no sólo ante los ciudadanos, sino ante él mismo. Dijo el director luego de su lúgubre análisis: ¿por qué sorprenderse acerca del rezago de Pemex respecto a otras empresas petroleras nacionales cuyos gobiernos y congresos les han creado las condiciones necesarias para su modernización, crecimiento e internacionalización?

Los ciudadanos entienden lo suficiente para darse cuenta de que entre el diagnóstico de JRH y la propuesta de reforma que defiende no existe una secuencia necesaria. Que ante la absoluta exigencia de hacer algo en Pemex, lo que todos entienden, no se sigue que la reforma que empuja el gobierno sea el único o el mejor camino. El error de lógica se agrava con la experiencia larga y negativa derivada de la falta de transparencia política y de rendición de cuentas de los altos funcionarios de la burocracia del gobierno y de los legisladores.

Es evidente que los ciudadanos no tienen por qué saber acerca de las técnicas para estimar las reservas probadas o probables; de los detalles de la tecnología para la exploración de yacimientos en aguas profundas; de las particularidades de los contratos de explotación y servicios con empresas privadas. Tampoco tienen por qué saber de los procesos de transferencia de valor en la extensa cadena productiva de una empresa petrolera integrada como es Pemex, es decir, desde la exploración hasta la industrialización del crudo, o cómo debe fijarse la plataforma de exportación. Para eso se paga, y bien, con los impuestos, a quienes son responsables de administrar los bienes y los intereses que son públicos.

Sí comprenden los ciudadanos, en cambio, que en el caso de Pemex se trata de una empresa petrolera nacional y lo que de ese carácter debe desprenderse en términos colectivos. Yerra de modo grave el director JRH al colocarse en la postura de la arrogancia tecnócrata que caracteriza a los responsables de definir y aplicar las políticas económicas.

Los ciudadanos entienden muy bien el entorno general de deterioro político y económico que hay en el país, así como el significado de la enorme desigualdad social. La reforma de Pemex es urgente, nadie lo niega. Ella es clave para dirigir la transición y alcanzar la seguridad energética de la nación y hacer viable esta economía. La propuesta del gobierno no es sólo un asunto técnico, aunque esto es ineludible, entraña también una visión política de lo que corresponde hacer al Estado y lo que es del ámbito público. Esconderse en las dificultades técnicas no está a la altura de la responsabilidad política del director de Pemex.

 leon@jornada.com.mx

 


Columna Huésped

Lorenzo Meyer
Blog del  autor

Agenda Equivocada

Ironía histórica: la izquierda, no la derecha, sería la mejor equipada para reformar a Pemex

Ironías de la historia

Es sólo una hipótesis. El tema de la reforma al marco jurídico que rige a la industria petrolera apareció en la agenda del actor político equivocado. Si alguien hubiera podido proponer al país un cambio, cubierto con legitimidad y que implicara alguna forma de relación de Pemex con otras empresas para mejorar su eficiencia, esa fuerza es la izquierda, no la derecha. A esta última le hubiera correspondido llevar adelante un cambio muy diferente: una reforma fiscal de fondo, tema pospuesto por medio siglo en la agenda nacional.

Las iniciativas de Felipe Calderón para modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo y ampliar el espacio a la empresa privada nacional y extranjera son unas que, de entrada, se prestan a sospecha y rechazo por venir de quien vienen. Si alguien hubiera podido proponer que nuestra empresa petrolera estatal se asociara con alguna foránea en algunos de sus campos, sin despertar sospecha sobre sus intenciones -hacer negocios privados a la sombra del interés público-, era la izquierda. Y no cualquier izquierda, sino una con sus credenciales nacionalistas en orden.

El agente idóneo y el inadecuado

Es posible argumentar que en el urgente tema de modernizar y hacer eficiente a la industria petrolera mexicana una posibilidad sería una asociación de Pemex con otra empresa petrolera estatal con buena experiencia y reputación, como sería StatoilHydro de Noruega. Sin embargo, ese argumento pierde su fuerza cuando lo expone el gobierno actual, uno que no supo siquiera separar los intereses públicos de los privados de algunos de sus cuadros prominentes.

Por un momento, el gobierno de Felipe Calderón pretendió hacer de un miembro de su círculo íntimo un “zar del petróleo” (Proceso, 20 de enero, 2008). En efecto, Juan Camilo Mouriño -un joven cuya familia, española de origen, está dedicada al negocio del transporte de productos petroleros, de las gasolineras y otros similares- ascendió sorprendentemente rápido en los círculos del poder del gobierno federal. En un acto de insensibilidad política, por llamarlo de alguna manera, Calderón no sólo nombró a Mouriño secretario de Gobernación -una de las antesalas históricas a la candidatura presidencial- sino que pretendió que, desde ahí, el empresario se encargara de negociar la aprobación de su reforma petrolera en el Congreso. La movilización política y social, que encabezó Andrés Manuel López Obrador en contra, desdibujó el papel de Mouriño y obligó, entre otras cosas, a organizar un debate formal sobre las iniciativas de reforma a la ley reglamentaria del petróleo, que originalmente se pretendían aprobar sólo como resultado de una negociación en la cúpula.

Un buen ejemplo

Y justamente en ese debate el presidente del PAN, Germán Martínez, buscó cerrar una larga tirada de adjetivos contra quienes se oponen a la privatización parcial de la industria petrolera, sacando de su manga lo que consideró un as histórico: el proyecto de ley reglamentaria del petróleo de diciembre de 1939. En ese documento, firmado por el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas, se asegura que el mantener la explotación petrolera como actividad propia del Estado “no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada”. De esta manera se pretendió colocar a Cárdenas en la misma trinchera que su enemigo histórico: el PAN.

Sin negarle imaginación a Germán Martínez, al intentar probar que el propio artífice de la nacionalización petrolera no pensó en cerrar las puertas a la empresa privada en esa industria, hay que hacer un par de observaciones fundamentales al argumento.

En primer lugar, las circunstancias. El boicot de los intereses extranjeros contra el petróleo mexicano en 1939 era brutal pero hoy Pemex tiene ganancias espectaculares y quienes buscan debilitarlo están dentro, no fuera. En 39 Cárdenas simplemente buscó echar mano de cualquier ayuda posible que salvara lo esencial. Fue por ello que su gobierno incluso negoció vender petróleo a sus peores enemigos ideológicos: a los gobiernos de Hitler y Mussolini. En esas condiciones, buscar la colaboración de la empresa privada era un mal menor.

Sin embargo, la observación más importante, y que avala la tesis que aquí se presenta, es que sólo Cárdenas y nadie más podía proponer con legitimidad abrir un lugar al capital privado en la industria petrolera estatal. Y es que el entonces Presidente era el mexicano más libre de sospecha de pretender minar el carácter público de la actividad petrolera.

En contraste con la propuesta de ley reglamentaria enviada por Cárdenas hace casi 70 años al Congreso federal, quienes hoy proponen la privatización parcial de la actividad petrolera con otra ley reglamentaria son la antítesis de Cárdenas y su proyecto. El PAN nació justamente en 1939 como un opositor declarado de todo el programa que impulsó Lázaro Cárdenas, incluida la expropiación del petróleo y de los latifundios.

Otro ejemplo

En la biografía política del general Cárdenas puede volver a encontrarse otro ejemplo que sirve para ilustrar cómo en circunstancias que obligan al gobierno a tomar decisiones políticas muy delicadas, y que tienden a despertar sospechas sobre sus verdaderos motivos, lo mejor es encomendar esas tareas a actores cuya ideología y conducta hayan demostrado que no serán ellos los que saquen provecho personal o de partido de la situación.

Cuando en 1942 México entró a la Segunda Guerra Mundial como aliado de los norteamericanos, el recuerdo de los graves conflictos con Estados Unidos estaba aún muy vivo en la conciencia colectiva de los mexicanos. La opinión pública sospechaba de los motivos para entrar a una guerra que veía como ajena y a colaborar con Estados Unidos, al punto que se rumoraba que los buques mexicanos, cuyo hundimiento se atribuía a submarinos alemanes, y razón por la cual México se había declarado en “Estado de Guerra” con El Eje, en realidad habían sido torpedeados por los norteamericanos. Sin embargo, para el gobierno de Ávila Camacho las circunstancias hacían inevitable la cooperación no sólo política y económica sino militar con la potencia vecina del norte.

En esas condiciones el Presidente consideró, y con razón, que la mejor manera de hacer aceptable una alianza formal entre México y Estados Unidos era poner al frente de la colaboración militar a un general del que nadie pudiera poner en duda su antifascismo pero tampoco su voluntad de resistir cualquier demanda norteamericana contraria al interés nacional. Ese general era Lázaro Cárdenas. Sólo él, que se había enfrentado a los intereses norteamericanos sin titubear, podía ser garantía de una relación con la potencia del norte que no fuera sospechosa de subordinación.

En 1942 la tarea y el responsable embonaron a la perfección. Cárdenas primero quedó al mando de toda la zona del Pacífico -se temía el ataque de Japón- y poco después se hizo cargo de la propia Secretaría de Defensa. Cárdenas negociaría la instalación de radares norteamericanos en México -siempre a cargo de un equipo binacional- y la modernización del Ejército, pero sus condiciones hicieron inaceptable para los norteamericanos la construcción de bases navales o aéreas en México. En suma, sólo un nacionalista probado podía encabezar la colaboración militar con el país cuyas acciones habían alimentado ese nacionalismo defensivo de México.

Misiones

Todos concuerdan en que la estructura administrativa y financiera de Pemex es inadecuada. La empresa necesita rediseñar su estructura administrativa -es absurdo que de siete subdirecciones que tenía en 1992 se haya pasado a 58 en la actualidad- y política -hay que enfrentar los abusos del sindicato. También debe detenerse el crecimiento galopante de la importación de refinados, debe lograrse un aprovechamiento óptimo de todas las áreas que ha sido impedido por el énfasis desmedido en la producción, las reservas han disminuido de manera alarmante y los ductos han envejecido de igual manera, el financiamiento vía Pidiregas es costoso y, sobre todo, la carga fiscal de Pemex es excesiva. En suma, es mucho lo que debe de cambiarse en Pemex, pero no es la derecha la fuerza idónea para la misión.

La raíz principal, que no la única, de los males de la actividad petrolera y de muchas otras cosas es de origen fiscal. Desde hace al menos 40 años que se viene posponiendo una verdadera reforma en ese campo. Es ahí, en la negociación a fondo de las cargas impositivas, donde un gobierno identificado con los empresarios y el capital, como es el actual, debería estar al frente. Ésa sería la honrosa misión histórica de la derecha, no el desmantelamiento de Pemex.

Tomado de:

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