Opinión; articulista invitado

Xalapa, Ver.- Año VI No. 457

   

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Sin presunción de inocencia, el fiscal es culpable: Yunes Linares

José Lima Cobos

Aún no llegamos a una monarquía constitucional o bien a una dictadura militar, y el jefe de gobierno y jefe de estado, licenciado en derecho Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado –le faltan seis meses para que concluya su ejercicio dos añero- ya ha decretado que el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras es responsable de la desaparición forzada de 13 personas, cuyos cuerpos fueron localizados en un barranco, en la cercanía de la Academia de Policía de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata (antes dos Ríos).

Cual Júpiter tronante, micrófono en mano y una imagen del ya condenado en la comisión de tan grave delito –desaparición forzada–, es buscado mediante una recompensa de cinco millones de pesos a quien informe o lo detenga, por supuesto, al hoy "condenado", que es víctima, de manera abierta, de más elemental principio de presunción de inocencia que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El gobernador Yunes Linares llega a esa extrema y execrable barbaridad, desdeñando con un desenfreno inaudito lo que los artículos 19 y 20 constitucionales precisan, como garantía indeclinable, que la prisión preventiva oficiosa se aplica en: "delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos con armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud", de ahí que el derecho humano de la libertad sólo se debe limitar de manera que no existía alguna medida cautelar para garantizar que concurra a juicio, y no meras ocurrencias o arrogancias de prepotencia.

Sí, el nuevo sistema penal acusatorio y oral no admite el abuso; sin embargo, en cuanto a la ignorancia –o más que nada la perversidad— de quienes ejercen las funciones de impartir justicia, o bien que ocupan cargos públicos, el caso del gobernador es elocuente pues no es admisible que se estigmatice al imputado sin que antes se observen los principios de publicidad ,contradicción, concentración, continuidad e inmediación, es decir, que se le dé a conocer la acusación, por lo mismo es temerario que, a raja tabla se señale a una persona como delincuente sin que exista una sentencia ejecutoria, por lo mismo, es una actitud imperdonable cuando el hoy acusado de obstrucción a la justicia ya se le está condenando en forma tan brutal y deshumanizada, y todo porque el fiscal a modo y la juez en las mismas condiciones, dictan una orden de aprehensión.

Se ve que no existe recato en la administración de la justicia en Veracruz, o en México en general, porque ni Cuba, Venezuela, Chile, Perú, Colombia o Brasil, con el sistema penal que implantaron desde hace más de 30 años, se llegan a estos extremos, es decir, hay prudencia y congruencia, y si se ve por los derechos humanos, lo que permea es el escándalo para llegar al final, con un ¡usted dispense!

Dice el dicho que mal paga el diablo a quien bien le sirve, pues el ex fiscal que había sido electo por el Congreso para permanecer nueve años, en un encuentro previo, sin duda alguna, con el gobernador electo, aceptó presentar su renuncia para dejarlo en la libertad de designar al nuevo fiscal de su confianza plena; y tan es así, por vía de mientras se le nombró provisionalmente y luego, con el control del Congreso, se le designó fiscal por nueve años.

Si algún mérito hay que reconocerle al ex gobernador Duarte es que promovió que en la Constitución Política del Estado quedara establecido que la Fiscalía General contaría con autonomía presupuestaria, "que podrá ser mayor pero no menor al uno punto cinco por ciento del total del presupuesto general del Estado y que deberá ministrarse conforme al calendario autorizado", en síntesis, protección económica para evitar intromisión ominosas, por lo general, del gobernador, con el agrado que duraría nueve años en el cargo, y sólo podría ser destituido por causas graves.

Ahora bien, en el Congreso no existe ni se acredita que los diputados –sumisos y miserables del poder– analizaran la gravedad de la renuncia, sino que de bote pronto la aceptaron sin reclamarles consecuencias como las que ahora se denuncian, lo que quiere decir que, de probarse la acusación que se le formula, por elemental principio de congruencia, el Congreso en pleno es responsable de su falta de eficiencia, responsabilidad, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos.

Es de esperarse que el ex fiscal, a quien en ningún momento el Congreso le exigió responsabilidad alguna por el ejercicio del cargo, se presente ante quien tiene que iniciarle el juicio de procedencia o desafuero, para que se pueda ejercer acción penal en su contra, pues no hay que olvidar que se retiró el fuero para el gobernador solamente, pero como este país es marcado por sus incongruencias, lo mediático, el escándalo se da en la campaña electoral que puede abonar algo, o mucho para que el hijo del gobernador lo sustituya en el cargo.

 

 

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