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 Xalapa, Ver.- Año IX No. 475

 

 

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El inestable mapa del pasado

Ilán Semo / La Jornada

¿Qué es una fecha civil? Un momento en el que un país se detiene a evocar un acontecimiento que fija el sentido de su pasado. Con frecuencia se trata de fechas que el Estado hace suyas, y con ello las impregna de un inevitable sesgo oficial. Un sesgo dado –o dominado– por quien ejerce la hegemonía sobre ese Estado. En la experiencia moderna, la hegemonía implica no sólo el ejercicio de definir el sentido de una sociedad, sino el de esforzarse por escriturar el mapa de lo que se hace o no ostensible de su pasado. El pasado es siempre un territorio de disyunción. La razón es sencilla: la disputa por el pasado, por las legitimidades que abona, no significa más que una continuación de la disputa por las visiones del futuro. Nada más hiriente en el mundo de las identidades que un pasado sin futuro.

Los primeros intentos de codificar el comienzo de la Revolución Mexicana datan del año 1918. Antiguos militantes anarquistas, por medio de conmemoraciones y actos de memoria, intentaron fijar al año 1906 en ese inicio. Es decir, situar al magonismo, la revuelta obrera y la rebelión de las comunidades agrarias en el centro de esa ruptura. La respuesta del obregonismo fue vindicar al 20 de noviembre de 1910, que tenía como conocido protagonista a un hacendado del norte, Francisco I. Madero. Desde principios de los años 20, la segunda fecha se transformó gradualmente en una signatura nacional.

Desde los años 30 –y durante todo el siglo XX– la historia oficial se redujo a una suerte de monografía o proyección de la memoria del propio partido oficial –primero el PNR, después el PRM y, en la segunda mitad del siglo, el PRI–. A dos acontecimientos que se celebraban ya desde el siglo XIX –el Día de la Independencia (cuya conmemoración inicial fue fijada el 15 de septiembre acaso para hacer coincidir con el natalicio de Porfirio Díaz) y el nacimiento de Juárez– se agregaron los festejos de la Revolución Mexicana –el 5 de febrero, que evocaba la promulgación de la Constitución en calidad de Día de la Bandera y el 20 de noviembre, que recordaba el levantamiento de Madero–. También se oficializó, de una manera abrumadoramente corporativa, el primero de mayo, en memoria del inició de la huelga que en 1886 reclamaba la jornada de ocho horas y que concluyó en la ejecución de varios obreros protagonistas de la revuelta de Haymarket.

El ascenso del Partido Acción Nacional a Los Pinos trajo consigo la disputa por este mapa oficial del pasado. Vicente Fox canceló los festejos oficiales del 20 de noviembre, lo cual resultaba comprensible en quien veía a la Guerra de los Cristeros como la fecha axial de esos años. Uno nunca deja de preguntarse qué habría pasado si el falangismo cristero hubiera triunfado en ese conflicto. Horror. Sin por ello dejar de destacar que el triunfo del callismo hizo que la idea de la democracia zozobrara en México durante más de seis décadas.

Los gobiernos panistas también desdibujaron el 5 de febrero y el 21 de marzo, convirtiéndolos en días de asueto que se recorrieron al principio de la semana para aglomerar el tráfico y conceder puentes de descanso a la población. Pero transformar una fecha civil en un desplazado puente vacacional significa abrogar la memoria que contiene. El antijuarismo del PAN es antiguo y una respuesta a una revolución –la Reforma– que concluyó la hegemonía que ejercía la Iglesia sobre las conciencias nacionales.

Sólo quedó el 16 de septiembre, fecha en la cual parecen coincidir todas las interpretaciones del pasado con algún ánimo de evocación nacional.

La nueva mayoría del Congreso ya ha empezado a reaccionar frente a la disputa por esta cartografía cívica en torno a una fecha distinta.

El hecho de incluir Al Movimiento de 1968 en letras de oro en la Cámara de Diputados es, al menos, uno de los signos mínimos que la actual legislatura pudo cifrar como punto de ruptura de un pasado al que siempre se quiere abandonar.

Nada en estos pasados 50 años ha borrado de la memoria nacional al movimiento estudiantil y popular que puso en entredicho las bases sustanciales de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Tampoco el crimen que cometieron sus representantes en la Plaza de las Tres Culturas. Pero no basta con unas líneas de oro, ahí donde la historia se redactó como un afán de remover lo que sigue aún predominando en la vida política del país. Si algo identificó al 68 fue precisamente la refutación del presidencialismo, del orden corporativo y de la incapacidad de la sociedad política para devenir una expresión del espíritu no sólo de imaginar a un sistema democrático, sino una sociedad distinta.

A propósito de uno de los corolarios centrales del movimiento estudiantil que estalló en 1968, habría acaso que rememorar también, al menos en la Ciudad de México, al 10 de junio de 1971, fecha en que Luis Echeverría envió a Los Halcones a masacrar estudiantes en la cercanía de la Normal Superior. Ya existe una placa que evoca esos eventos en la estación correspondiente del Metro. Bien se podría cambiar el nombre de la estación de Metro Normal por el de 10 de junio.

 

 

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