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 Xalapa, Ver.- Año X No. 516

 

 

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Transformación y Constitución

Rolando Cordera Campos / La Jornada

En el caso de la Policía Federal y la Guardia Nacional, el recuento de agravios es abrumador, pero no debería obligarnos a detenernos y cambiar nuestra atención de lo importante que es el ejercicio del poder. El análisis de los asuntos públicos, al que muchos de nosotros dedicamos buena parte de nuestro tiempo, reporta turbulencias y opacidades una tras otra, por lo que tratar de trazar mapas para su entendimiento puede parecer tarea fútil. No lo es, por supuesto.

Por lo pronto, sonemos las alarmas: lo que la protesta de los policías federales puso sobre la mesa no es un complot vulgar ni la ocurrencia de un ocioso ex presidente, como el secretario Durazo quiere hacernos creer. Lo que salió a las calles y autopistas de México hace unos días fue la manifestación extrema de lo que puede volverse sin más un hoyo negro, un mar ampliado de los sargazos, que nos trague a todos. Y sí debe preocuparnos y mucho, señor Presidente. No es cuestión de humores sino de responsabilidades mayores y le corresponden a usted y a nadie más.

Entender la lógica del ejercicio del poder público constituido es tan necesario como es urgente saber lo que está pasando en ese extraño y opaco universo de la sociedad civil, donde sienta sus reales el poder de hecho y se definen o condicionan las decisiones tomadas arriba, en el poder del Estado y sus primeras y segundas derivadas. Entendemos poco de todo esto y cada vez sabemos menos, pero para todos es claro, o debería serlo, que se vive una portentosa disputa de y por el poder, que se da por casamatas y trincheras pero que no puede sino derivar en una auténtica batalla de posiciones.

Será entonces cuando los discursos recuperen su valor como ordenadores de lealtades y visiones. Por lo pronto, hemos de resignarnos a las mil y una fugas hacia delante que no buscan otra cosa que distraer la atención de los ciudadanos mientras se tejen las estrategias que se consideren necesarias para desplegar la nueva forma de constituir y ejercer el poder de que cada mañana nos habla el Presidente.

Por lo pronto, digamos que la pretensión de reformar otra vez el aparato electoral construido a tan alto costo no puede sino sonar a estratagema autoritaria, disfrazada de argumentación leguleya. Como acostumbran a hacerlo muchos de los conocidos personeros ahora de Morena, ayer del PRD, antier del PC. Lo que importa, reiterémoslo, no está más en el laberinto electoral y sus disputas interminables por prebendas y prerrogativas, sino en los corredores del poder que van de Palacio a la embajada para luego dar la vuelta por los despachos lujosos de Santa Fe o Las Lomas, pasando por la Bolsa de Valores. La maraña se ha dispuesto ante nuestros ojos, pero quienes la transitan cotidianamente no dejan huella, aunque el ingeniero Romo insista en hablar de noviazgos y matrimonios inminentes.

La embestida contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su recomendación sobre las estancias infantiles es insólita y, desde luego, inaceptable. El mensaje emitido desde la Secretaría del Bienestar es, ese sí, aberrante y no sólo debe rechazarse por la Comisión que con todo derecho ya lo hizo, sino llevarnos a exigir una satisfacción plena por parte de quienes desde el gobierno lo hicieron y, de no ser este el caso, reclamar la renuncia de los funcionarios que perpetraron esta abierta agresión a la Constitución y los compromisos del Estado mexicano.

Estos compromisos, consagrados en la propia Carta Magna, no están sujetos al humor ni, incluso, la interpretación del gobernante en turno. Constituyen la clave de nuestros pocos entendimientos fundamentales y definen la arquitectura completa del edificio estatal que, en efecto, los gobiernos de la alternancia nos dejaron hechos añicos.

Acabar con lo que queda de esta formación estatal, no puede ser encomienda de un gobierno surgido de la voluntad popular expresada en las urnas y protegida por las leyes. Las responsabilidades de este gobierno son otras y no sobra reiterarlas: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan; proteger a la ciudadanía sin condiciones; defender y ejercer la soberanía nacional; asegurar el libre tránsito y el cuidado del territorio y la naturaleza.

Podemos en efecto estar viviendo una transformación profunda y radical del régimen político, que empezó con una nueva forma de dirigirse al público y labrar las decisiones del gobernante; lo que esa transformación no mandata ni permite, es atropellar el derecho y embestir a las instituciones y organismos del Estado que hemos podido erigir y conservar para realizar esos mandamientos y soñar con una vida mejor. No hay revolución ni reclamo popular, mayoritario o no, que justifique este embate contra el Estado desde el Estado mismo. Eso tiene otro nombre. 

 
 

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