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 Xalapa, Ver.- Año XI No. 566

 

 

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Morena: obligación y transparencia

Pedro Miguel / La Jornada

La actual dirigencia de Morena presentó ante la FGR una denuncia en contra de la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto cuando fungió como encargada de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Diversos medios y comentócratas han interpretado esta medida como expresión de un conflicto político interno.

No lo es. En contraste con la práctica establecida por la propia Yeidckol en el pasado reciente, el actual CEN se ha abstenido de dirimir tales conflictos en instituciones externas y los ha mantenido en los cauces de las instancias internas. Por añadidura, no hay en Morena diferencias ideológicas o programáticas sustanciales, habida cuenta que las propuestas en ese ámbito se encuentran, en el mejor de los casos, en un estado embrionario. Los propios documentos básicos del partido (la Declaración de Principios, el Estatuto y el Programa) fueron redactados desde la oposición y hoy resultan claramente obsoletos e insuficientes y están atados al Proyecto de Nación 2018-2024, que fue la plataforma electoral –y que es, en buena medida, el programa de gobierno– del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, un documento que no rebasa los márgenes de un sexenio. Las circunstancias han impedido que se desarrolle en Morena un debate interno para contrastar y construir visiones de país y propuestas de sociedad de largo aliento, proceso indispensable para el desarrollo de verdaderos conflictos políticos.

Lo que sí ha habido es el empeño de reactivar a Morena y de recuperar su condición de partido-movimiento tras el año y medio de parálisis al que se llevó al partido, lapso en el cual la dirigencia no tuvo más foco de atención que el electoral y se olvidó de los movimientos sociales y populares. Ciertamente, ese empeño ha enfrentado jaloneos por el control pragmático y políticamente insustancial de instancias y comités, por rivalidades personales y por intentos de conformación de facciones, pero nada de eso amerita la denominación de conflicto político.

La materia de la denuncia referida corresponde más bien al ámbito administrativo y al de la posible comisión de delitos, en el cual las instancias internas del partido carecen de la capacidad y las facultades de esclarecimiento requeridas, y es por ello que se ha hecho necesario acudir a la procuración de justicia. El hecho puntual es que la anterior dirigencia no ha entregado la documentación suficiente para justificar una serie de gastos y de contratos, particularmente uno sobre la remodelación de locales y adquisición de bienes y mobiliario. Como además los frutos materiales de ese contrato no aparecen por ningún lado, lo procedente es la denuncia para esclarecer el destino que se dio a recursos que son, a fin de cuentas, dinero público.

Esta acción ocurre en el contexto de la lucha contra la corrupción y la impunidad en la que está enfrascada la Cuarta Transformación y adquiere particular relevancia porque ocurre en un ámbito tradicionalmente opaco: en el marco de una ley laxa y complaciente, han proliferado en diversos partidos la discrecionalidad, el desvío y la frivolidad en el uso de los recursos, tanto el que procede de las prerrogativas oficiales como el que surge de aportaciones privadas. En el pasado reciente, algunos registros partidistas fueron utilizados como meras franquicias de negocio para el tráfico de influencias y el enriquecimiento personal, y las cuentas internas del propio Instituto Nacional Electoral han sido objeto de graves sospechas que si no dieron lugar a imputaciones penales fue gracias a la red de complicidades y encubrimientos que imperó en el país hasta fechas recientes.

Así pues, el proceso iniciado por la dirigencia morenista tiene una doble virtud: la de sentar un precedente de cero tolerancia a la impunidad en la propia casa y la de introducir una práctica de transparencia en el conjunto de las organizaciones partidistas.

Sin prejuzgar sobre la inocencia o la culpabilidad de la parte imputada, corresponderá a la FGR determinar si hay elementos para la acción penal, y a un juez, establecer su exoneración o su responsabilidad. De esta manera se envía al conjunto de la militancia de Morena un mensaje de cero tolerancia en materia de irregularidades administrativas, se brinda a la propia Yeidckol Polevnsky la oportunidad de despejar las sospechas en torno a su gestión a cargo de la presidencia de la organización y se sienta un precedente de transparencia para el conjunto de los partidos. Todo ello, en el marco de principios y banderas fundamentales de la 4T.

Hay quienes quieren hacer materia de escándalo con la denuncia presentada; omiten que lo verdaderamente escandaloso no es que se realicen acciones presumiblemente delictivas –algo que es parte de la naturaleza humana–, sino que se practique, como ha ocurrido durante décadas en México, el encubrimiento de tales acciones.

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