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 Xalapa, Ver.- Año XI No. 594

 

 

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El principio del fin: geopolítica de la vacuna

Katu Arkonada / La Jornada

Se terminó 2020, que nos dejó como legado más de 83.9 millones de personas contagiadas de Covid-19 y casi 2 millones de personas muertas por la pandemia.

Si para el historiador marxista Eric Hobsbawm, el siglo XX era un siglo corto que comenzó en 1914, con la primera Guerra Mundial, quizá pudiéramos aventurarnos a pensar que en este 2020 que recién concluyó está comenzando el siglo XXI, un siglo de pandemias y crisis.

Hay también quien dice que se está cerrando el ciclo que comenzó con la crisis económica de 2008, pero en ese caso, si la primera gran crisis del siglo XXI fue una tragedia, ésta es una farsa en la que a diferencia de 2008, donde tras la crisis se rescató a bancos privados con dinero público, esta vez se está financiando, por adelantado, a farmacéuticas privadas con dinero público.

En cualquier caso, este 2020, que ya se fue, dejó claro que la relación entre las pandemias que nos asolan y el sistema de producción capitalista es cada vez más estrecha. La acumulación por desposesión teorizada por otro marxista británico, David Harvey, se hizo más presente que nunca el año pasado. La privatización de los bienes comunes y la especulación con la salud (respiradores, pruebas, vacunas, etcétera) han sido una constante durante esta pandemia que todavía no termina.

La polémica por la administración de la vacuna nos deja al menos una cosa clara: el dinero no otorga derechos, aunque hay quienes quisieran que así fuera. Los ricos deben pagar (más impuestos) para poder financiar salud y educación, pero también vacunas gratuitas y universales para toda la población. Pueden acudir a hospitales o universidades privadas, pero eso no le otorga más derechos frente a la población en general. Al revés, primero las y los pobres, y el personal de salud.

Frente al reclamo por derechos universales, 2020 fue el año de la privatización de la lucha contra la pandemia. Millones y millones de dólares de dinero público invertidos en una industria, la farmacéutica, que gasta cada año más de 100 millones de dólares en actividades de lobby.

Por poner un ejemplo, Pfizer, la trasnacional más de moda por su vacuna, genera ingresos anuales por 52 mil millones de dólares y pertenece a la gestora de fondos buitre Black Rock. Sin embargo, al comienzo de la pandemia fue subvencionada con más de 2 mil millones de dólares de dinero público, algo menos de los 2 mil 500 millones de subvención que recibió la farmacéutica Moderna.

A pesar de haber desarrollado vacunas con una buena parte de financiamiento público, no podemos conocer las cláusulas de los contratos que las farmacéuticas están firmando con los estados para la distribución de la vacuna. ¿Hay posibilidad de rescindir contratos? ¿Se está entregando soberanía estatal con la excusa de la urgencia?

Preguntas sin responder, mientras se refuerza un sistema de patentes que sólo agudiza la desigualdad geopolítica y económica mundial, al mismo tiempo que se prioriza la rentabilidad frente a la salud pública. La privatización de la agenda de salud pública a escala mundial es un hecho en un área de negocios muy suculenta bajo la lógica del capitalismo voraz y la especulación financiera.

La disputa geopolítica se ha llevado también al área de las relaciones públicas, con contienda mediática entre cuatro de los cinco integrantes que componen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, cobrando especial relevancia en lo que a las noticias relacionadas con China se refiere. Recientemente hemos podido ver la hipocresía mediática en el caso de la periodista opositora Zhang Zhan, encarcelada, según las trasnacionales mediáticas de Occidente, por informar y cubrir la pandemia en China. La realidad es que Zhan hizo lo que ha estado prohibido en cualquier país del mundo durante la pandemia: entrar a las morgues y grabar a las personas muertas y a sus familiares para posteriormente subirlo a YouTube sin su consentimiento, en una clara violación de su intimidad. En España, en cambio, sólo te encarcelan por tuitear contra el rey, porque los medios directamente aplican autocensura en cualquier razón de Estado y así la población no pudo ver ninguna imagen de las decenas de ataúdes esperando para ser incinerados ante la falta de capacidad, primero de los hospitales y después de las funerarias.

Terminó 2020, comenzó 2021, y la deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el planeta casi alcanza 300 billones de dólares, alrededor de 365 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. Mientras tanto, los 12 principales millonarios de Wall Street, con Jeff Bezos, de Amazon, a la cabeza, incrementaron su patrimonio 40 por ciento, 283 mil millones de dólares.

Cierro esta columna, escrita el último día de 2020, con mis deseos para 2021 (aún no me decido si es el año del principio del fin o el fin del principio): la reducción de la desigualdad en un mundo donde las creencias no se impongan por encima de la verdad, y que nos podamos volver a abrazos todos y todas.

 
 

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