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Xalapa, Ver., Año VII No. 481

   

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Rolando Bello Paredes  

Remuneraciones a los servidores públicos

El Congreso de la Unión publicó ayer, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor este martes 6 de noviembre. Adicionó también el referido decreto, un capítulo al Código Penal Federal, denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”.

En sus disposiciones, ya publicitadas anteriormente, se encuentra la relativa al sueldo límite de los servidores públicos federales, de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal: “Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Y para el caso de las pensiones presidenciales, se dispone: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”. Aquéllas, como se sabe, de las que gozan los ex presidentes Fox y Calderón, por ejemplo, son producto de un acuerdo ejecutivo, no previsto en los supuestos de la actual norma jurídica. Aún no se informa si los mencionados discutirán y accionarán legalmente la medida legislativa, o se conformarán con la nueva disposición contenida en la ley de remuneraciones.

La discusión pública, una vez en vigor la dicha ley federal, la asumirán ahora las entidades federativas, para saber si, como ha sucedido en otras ocasiones y con otras disposiciones legales, los congresos locales expedirán leyes estatales para regular las percepciones de los servidores públicos.

En el caso local, únicamente el diputado morenista, Miguel Candila Noh, ha propuesto una ley que, entre otros aspectos, reduciría el sueldo de altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus “entes públicos” (Por Esto! 24 octubre 2018). No se ha proporcionado más detalles de la iniciativa. Tampoco el gobernador del estado ha emitido opinión sobre el particular.

            El asunto será si conviene que los servidores públicos estatales ganen menos que el gobernador del estado, por ejemplo. Si una medida así propiciaría o no, dificultad en lograr que los ciudadanos se conviertan en servidores públicos, dado un incentivo económico bajo y por debajo de lo que paga el sector privado a sus ejecutivos y directivos.

            En otros términos: La cuestión es si para la actual dirigencia político-gubernamental yucateca, el principio juarista de que los funcionarios públicos deben resignarse a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado, sigue vigente o ya es una digna pieza histórica de museo.

 Mérida, Yuc., noviembre 6 de 2018

Editorialista, Diario ¡Por Esto!

Editorialista, Grupo SIPSE Peninsular
rolandobelloparedes@gmail.com

 

 

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