Opinión

Xalapa, Ver., Año X No. 508

   

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Rolando Bello Paredes  

Comisión Local de Búsqueda: inexistente en Yucatán

Hace poco más de un año, conforme a las disposiciones de los artículos transitorios de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que debería estar funcionando en Yucatán, la Comisión Local de Búsqueda, sin que hasta la fecha el Ejecutivo del estado la haya establecido, incurriendo así en omisión legislativa. Es decir, es inexistente en Yucatán.

La ley de referencia tiene por objeto: “Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley”.

La norma jurídica creó la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenó la creación de las Comisiones Locales de Búsqueda en las entidades federativas. La primera es un “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional”; y tiene por objeto “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”. Las segundas realizan funciones análogas a las de la comisión nacional, en su ámbito territorial.

De acuerdo a un informe periodístico: a). “Al igual que el tema de la violencia y el aumento de homicidios en todo el país, la desaparición de personas es una de las heridas abiertas de México”; b). “Cifras de la propia Comisión Nacional de Búsqueda hablan de 40 mil 180 personas desaparecidas en México hasta abril de este año”; c). “A pesar de ser uno de los problemas más visibles de la crisis de inseguridad que padece México, las desapariciones –y otros delitos- no están consideradas como prioridades en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ni en el Plan Nacional de Desarrollo  del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador” (Reporte Índigo 6 mayo 2019).

Éste aseguró, por el contrario, que “de 71 prioridades que tiene el gobierno federal, la número uno es la búsqueda de personas, y no se están escatimando recursos” (Por Esto! 7 mayo 2019).

Los Bocadillos solicitaron a seis dependencias ejecutivas yucatecas, información para conocer la situación de la Comisión Local de Búsqueda del estado, vía acceso a la información pública: las secretarías General de Gobierno, de la Contraloría General, y de Administración y Finanzas, Consejería Jurídica, Fiscalía General del Estado, y el Despacho del Gobernador. El informe de cada una de ellas, es el siguiente:

1. Consejería Jurídica. En primer término declaró la inexistencia de la información; luego que respecto al presupuesto de la dicha Comisión, el asunto es competencia de la secretaría de Administración y Finanzas; y al final, señaló que “toda la información referente a la comisión de búsqueda estatal” (sic), le “corresponde gestionarla a la secretaría General de Gobierno”.

2. Secretaría de Administración y Finanzas. Determinó “la notoria incompetencia” de la dependencia, “para la atención de la presente solicitud de información pública”, y agregó: “”Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos de la subsecretaría de Presupuesto y Control de Gasto, no se encontró  información relativa al documento que contenga el presupuesto de egresos aprobado para la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Yucatán, para el ejercicio fiscal del año 2019; por lo que declaro la inexistencia de conocer la información con las características solicitadas”.

3. Fiscalía General del Estado. “Orientó” a los Bocadillos a “tramitar su solicitud de acceso a información pública a la Secretaría General de Gobierno”, y “seleccionando a dicha dependencia como el Sujeto Obligado Competente”, según su razonamiento legal. La Fiscalía concluyó “que la información solicitada pudiera contenerse en los documentos que obran de poder de la Secretaría General de Gobierno en razón del ejercicio de sus atribuciones”. 

4. Secretaría General de Gobierno. Dijo, parcamente, que “después de una búsqueda exhaustiva  en los archivos de esta dependencia, se declara la inexistencia de la información”.

5. Secretaría de la Contraloría General. Señaló que “no es competente para obtener, adquirir, transformar o poseer sobre la información requerida”.

6. Despacho del Gobernador. Resolvió que “no es competente para conocer sobre la información requerida, por no encontrarse dentro de sus facultades y obligaciones”, establecidas en su norma administrativa.

Según los anteriores informes, las dependencias competentes son, sustancialmente, dos: las secretarías General de Gobierno y de Administración y Finanzas. Pero ninguna tiene información sobre el Comité Local de Búsqueda. Declararon la “inexistencia de la información”. Ambas se declararon “incompetentes”.

El asunto es de la incumbencia, se entiende, primero de la secretaría General de Gobierno y de la Consejería Jurídica, que deben disponer, para su establecimiento, lo conducente en términos jurídicos, y una vez creada la Comisión Local de Búsqueda, entonces, la secretaría de Administración y Finanzas debe proveerla de presupuesto para que ejerza sus atribuciones legales.

La ley de referencia señala también en uno de sus artículos transitorios, como enfatiza la Fiscalía en su respuesta, que “en tanto las Entidades Federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”.

El caso es que en Yucatán no existe el Comité Local de Búsqueda, cuyo establecimiento es obligación legal para el poder público estatal. Yucatán sigue en duradera omisión legislativa.

(Contra) reforma educativa. En la tarde del pasado jueves, el Senado, finalmente, aprobó la (contra) reforma educativa, en los términos sancionados por los diputados federales el día anterior. La votación calificada senatorial se logró con los votos de Morena, PRI, PRD, y MC. La bancada panista votó en contra en ambas cámaras legislativas.

Los senadores morenistas presumieron: “Adiós a la mal llamada reforma educativa. Hoy tenemos una verdadera” (La Jornada 9 mayo 2019). La CNTE declaró inicialmente, ante la nueva probación de los diputados, que es “mentira, no es cierto, nada está resuelto”, y rechazó el “albazo legislativo”. Convocó a una nueva suspensión de labores del 15 al 17 del presente mes, en exigencia de la abrogación absoluta”, que asegura “se dará en las calles y no en el parlamento” (La Jornada y Excélsior, 6 y 9 mayo 2019).

Uno de los puntos debatidos contenido en el transitorio decimosexto, quedó “resuelto”, con una adición: “prevaleciendo siempre la rectoría del Estado”, que satisfizo a la mayoría de los legisladores federales. Se supone que con esta expresión, el asunto de las plazas magisteriales quedaría bajo el control de la Federación, por conducto de la SEP.

Ahora el asunto pasa a las legislaturas de los estados para continuar con el proceso de reforma constitucional en materia educativa. Apareció en diario Reforma (10 mayo 2019), una nota increíble: “Los Congresos de Morelos y Tabasco aprobaron anoche mismo la reforma educativa”. Servicio exprés, por lo visto, de los gobiernos morenistas de ambas entidades.

El secretario de la SEP saludó la aprobación de la (contra) reforma educativa y ofreció apertura y diálogo para el “piso jurídico” que conformará el “nuevo sistema educativo mexicano” (casi al igual que el primer emperador de China, quien quemó los libros y las obras de las “cien escuelas del pensamiento” chino, excepto la propia, “para unificar todos los pensamientos y las opiniones políticas”).

La CNTE insiste que “la reforma educativa no se ha abrogado todavía” y que esperará la “aprobación de las leyes reglamentarias para que se incluyan ahí las demandas de la disidencia magisterial” (Por Esto! 10 mayo 2919).

En siguientes Bocadillos se dará cuenta de la aprobación final del Congreso de la Unión de la (contra) reforma educativa, impulsada por el gobierno del presidente López Obrador.

Tardeada dominical. En la novela de la escritora canadiense, Margaret Atwood, “El asesino ciego”:

- “No era aconsejable ponerse a la prensa en contra porque los reporteros eran más vengativos que las alimañas, te guardaban rencor durante años y te lo hacían pagar más tarde, cuando menos lo esperabas”.

 Mérida, Yuc., 12 de mayo de 2019

Editorialista, Diario ¡Por Esto!

Editorialista, Grupo SIPSE Peninsular
rolandobelloparedes@gmail.com

 

 

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