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Xalapa, Ver., Año X No. 511

   

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Rolando Bello Paredes  

Paridad de género

Un pensamiento contemporáneo dominante es el relativo a la paridad de género, que puede entenderse como “una participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (políticas, económicas y sociales)”, y que “constituye una condición destacada para la igualdad entre los sexos” (Wikipedia vista el 24 mayo 2019). En principio se refirió a la materia electoral, para “garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política” (Sistema de Información Legislativa).

El “feminismo” y la perspectiva “feminista”, informa el maestro Imer B. Flores, en su ensayo “El Problema del Principio de la Paridad de Género en Materia Electoral: ¿De punto de partida a punto de llegada?” (lectura recomendable, en Revista Mexicana de Derecho Electoral, número 9, enero-junio 2016), “fueron acuñadas, una como sustantivo y la otra como adjetivo, alrededor de 1880-95, para referirse a la doctrina o al movimiento que aboga por la igualdad de derechos de las mujeres respecto a los hombres, así como a lo relativo a dicha doctrina o movimiento”.

Una de las metas de paridad de género, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es: “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.

El pensamiento dominante se convierte ahora en México, en derecho positivo, en la Ley Suprema de los mexicanos. La reforma constitucional en materia de paridad entre géneros, aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada, contempla entre otros aspectos, la adición de un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley Suprema, para quedar de la siguiente manera:

- “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.

La reforma ordenó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, una vez que entre en vigor, “realizar adecuaciones y reformas, a efecto de observar el principio de paridad de género, en los términos del artículo 41”. La Legislatura yucateca aprobó la reforma constitucional el pasado jueves 30. Además, los congresistas modificaron la Constitución yucateca, “para establecer la igualdad sustantiva en los cargos públicos de todos los poderes y niveles de gobierno” (Por Esto! 31 mayo 2019).

Sobre este punto, el académico Flores formula una especial consideración: “Si bien consideramos que es una demanda legítima que las mujeres no solamente estén en cargos de representación y de administración, sino además que tengan la mayor participación en dichos puestos y estén en condiciones de tomar decisiones en igualdad a los hombres, nos parece que al llevarlo al extremo se confunde el medio con el fin. La paridad de género, sobre todo como punto de llegada, no es un fin en sí mismo, sino tan sólo un medio, como punto de partida, para alcanzar la más amplia igualdad entre hombres y mujeres”.

En el caso local, Yucatán está a la vanguardia en el tema de la reforma constitucional, por la vía de los hechos, al menos en la rama ejecutiva gubernamental. En la administración pública estatal 2018-2024, el Ejecutivo del estado cuenta con 18 dependencias, de las cuales, ocho tiene como titulares a mujeres, y diez a hombres. 

Yucatán cuenta con cinco órganos autónomos previstos en la Constitución local: Comisión de Derechos Humanos, Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Tribunal Electoral, y Tribunal de Justicia Administrativa, que son encabezados por once hombres y seis mujeres.

En la secretaría de Educación, una de las dependencias más grandes del Ejecutivo, despachan 14 direcciones administrativas, con 11 mujeres y 3 hombres. En los organismos descentralizados, sectorizados a Educación, el predominio es masculino: Son 6 entidades paraestatales, dirigidas todas por hombres.

El cronista Rafael Gómez Chi informa que “predominan los hombres en el gabinete estatal”. Apunta: “de los 38 cargos públicos más importantes que conforman ese órgano del gobierno de Mauricio Vila Dosal, 25 lo ocupan hombres y 13 mujeres” (Por Esto! 31 mayo 2019).

En su ensayo referido, el jurista Flores, concluye así: “Por supuesto que las sociedades modernas son mucho más complejas, y no bastaría con garantizar una paridad entre hombres y mujeres, porque en su interior también hay heterosexuales y homosexuales, laicos y religiosos, jóvenes y adultos mayores, nacionales y extranjeros, indígenas y no indígenas, patrones y trabajadores… y todos tendrían el mismo derecho a pedir la paridad o al menos la proporcionalidad”.

(Contra) reforma educativa. En cuatro puntos, el presidente de la República resumió y definió sus “lineamientos” para la “admisión” y “promoción” docentes, acatando y sometiéndose a las exigencias de la CNTE (Por Esto! 28 mayo 2029). Es revelador el titular de un diario capitalino: “Abre AMLO a la CNTE leyes, plazas, ascensos…” (Reforma 28 mayo 2019).

Aquí los cuatro puntos presidenciales, que orientarán, sin duda, la elaboración de las leyes secundarias de la (contra) reforma educativa:

1. “Previos censo y verificación por una instancia bilateral y paritaria, basificación de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el sistema de enseñanza pública, cumpliendo las normas de la ley federal de trabajadores al servicio del Estado”.

¿Acaso incluiría a los trabajadores de contrato del sistema estatal de educación en Yucatán? Por la redacción imprecisa, podría suponerse que así sería. Otra atención sería a la “instancia bilateral y paritaria”, que ha sido históricamente una exigencia de la organización sindical, en todos los procesos y procedimientos educativos.

2. “Iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales y los diversos grados de dificultad, compromiso y capacidad que cada una demanda (por ejemplo, escuelas multigrado, planteles de enseñanza bilingüe, etc.)”.

¿Se federalizaría todo el sistema educativo nacional, incluyendo al estatal yucateco? En cuanto a la “homologación salarial”, ¿ya no habría las zonas económicas II y III, que subsisten en algunos lugares? La SEP aún las mantiene vigentes.

3. “De conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir en común acuerdo, el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión y, a partir de ello, otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles educativos”.

Todo indica que ahora sí ya no más concursos de oposición ni nada de mérito académico, para que “automáticamente” se les otorgue plazas de base a los egresados normalistas. Aquí “triunfó” la exigencia de la CNTE. Parece que al final, “doblegó” a la presidencia de la República y a la SEP.

4. “Un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con base en tres criterios: antigüedad (40%), experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social (40%) y reconocimientos de buen desempeño en el cual participen padres, alumnos y compañeros de trabajo (20%)”.

Parece pronosticar el retorno a una especie de escalafón que funcionó en el pasado, en el que el principal “mérito” eran los años de servicio acumulados, y la lealtad sindical. Luego, la pretensión sindical sería, luego de corrido el escalafón, el otorgamiento de plazas de base que queden vacantes, a cargo de los dirigentes sindicales, de manera discrecional.

Los “lineamientos” presidenciales constituyen un retroceso en lo avanzado que representó la Reforma Educativa 2013, salvo prueba en contrario. 

Tardeada dominical. Durante la vigencia del escalafón magisterial, prostituido mecanismo que regulaba los ascensos a cargos directivos, antes de la Reforma Educativa 2013, el interesado acumulaba puntos que le otorgaban su antigüedad, así como participación en cursos, colaboración en actividades comunitarias, y otras que obtenía por diversas vías. En ese entonces un profesor ganaba todos los puestos escalafonarios, reuniendo muchos puntos a su favor, por medio de instrumentos ilegales, las más de las veces y con la anuencia sindical. Tenía un apodo yucateco, le decían:

- “Pitaya”. 

 Mérida, Yuc., 2 de junio de 2019

Editorialista, Diario ¡Por Esto!

Editorialista, Grupo SIPSE Peninsular
rolandobelloparedes@gmail.com

 

 

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