Opinión

Xalapa, Ver.- Año XI No. 521    

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Alfredo Poblete Dolores

La guerra: legislaciones dañinas y ataques a MORENA

10 de agosto de 2019 

Aunque legalmente Morena sea considerado un partido político, por su origen, dinámica y conformación no es —hasta el momento— un instituto partidista. Tiene, desde mi perspectiva, los rasgos de movimiento social. Es —entre otras cosas— una confluencia de individuos que poseen diferentes convicciones políticas y orientaciones ideológicas. Están construyendo su estructura organizativa, para lograr cohesión, y convertirse en partido. A esa agrupación los unió las banderas de lucha del lopezobradorismo. El combate contra la corrupción e impunidad fue el estandarte más visible y efectivo en la adhesión de personajes como J. Ackerman, Rafael Barajas el “Fisgón”, E. Poniatowska, Paco Ignacio Taibo ll, Abraham Mendieta o Gibrán Ramírez; los abusos y privilegios de la clase política fue otro pendón que enarbolan los seguidores de AMLO; la lucha contra la pobreza y desigualdad social también unificó alrededor del presidente a un sinfín de miembros de la sociedad civil y del pueblo raso; la independencia de los centros financieros internacionales fue otro grito de batalla que aglutinó a desiguales.

En las candidaturas de 2006 y 2012 el actual presidente se mantuvo reacio a aceptar que se acercaran —con apoyos y respaldos— muchos adversarios políticos del régimen neoliberal. En parte, ese fue uno de los factores —por el número de personas desdeñadas— que lo llevaron a perder ambas elecciones. En el 2018 algunas personas cercanas e influyentes en la voluntad del actual presidente debieron decirle que si continuaba con el rechazo a individuos—con pasado un poco turbio o de trayectoria política desaseada— el resultado electoral sería el mismo. Así llegaron desde individuos honorables y congruentes como el cura  Solalinde, Tatiana Clouthier o Hernán Gómez, hasta otros de dudosa reputación como Napoleón Gómez Urrutia. Se adhirieron algunos que se presentaron como luchadores sociales y en realidad son trepadores políticos; también hay ineptos, flojos y corruptos que en algunos casos ya ocupan posiciones —de mando y decisión— en el gobierno federal y en algunos estatales y municipales. En el conglomerado morenista encontramos a “salinistas”, clasistas, racistas y no dudo que hasta supremacistas blancos; también podemos encontrar a camarillas de diferentes corrientes religiosas que —en algunos casos— están agazapados y quieren socavar el estado laico; hay cofradías de lesbianas que en realidad son resentidas y detestan al hombre y todo lo relacionado con el género masculino. Con esas actitudes —forman grupos cerrados— dañan las pretensiones de llevar a cabo acciones conducentes a promover la igualdad y el respeto al ser humano, indistintamente de la orientación sexual que practiquen.

La diversidad de personas y grupos es una condición de alto riesgo para lograr la unión alrededor de los propósitos y principios de MORENA. Está latente y existen muchas posibilidades que algunos de esos individuos o grupos vayan a provocar división y dispersión en los esfuerzos para lograr objetivos o planes partidistas. También pueden causar rupturas en el seno de ese partido. Para consolidar la cuarta transformación se requiere sensibilidad, tolerancia y respeto. Las alianzas, acuerdos y negociaciones deben privilegiarse en lugar de la confrontación, rivalidad y competencia. Se requiere talento político y disposición anímica para alejar la posibilidad de ruptura y dispersión de esfuerzos.

El 2 de junio pasado se llevaron a cabo elecciones para elegir gobernador, presidencias municipales y diputaciones locales en Baja California. El ganador de la gubernatura fue Jaime Bonilla. El compitió abanderando la coalición “Juntos haremos historia” —Morena, PT y PES— y el periodo que debía ocupar el puesto —de gobernador— fue acordado para 2 años. Una vez que fue reconocido su triunfo se amplió la duración del mandato mediante la promulgación de una ley llamada “Ley Bonilla”. Don Jaime “logró” que el actual congreso local —de mayoría panista y priista— ampliara su periodo gubernamental a 5 años. ¿Qué les ofreció o proporcionó el señor Bonilla a los congresistas locales para que ampliaran su período como ejecutivo estatal? Se habla de un millón de dólares que se repartieron entre los traidores a la voluntad  de los bajacalifornianos. La ampliación del mandato está impugnada y el desenlace está en manos de las instancias legales. Sin meternos en los vericuetos de la ley electoral, don Jaime, por ética, prudencia y sensatez debería pronunciarse dejar en claro que sólo ocupará la gubernatura por dos años. Por tratar de “agandallarse” tres años de mandato provoca estragos a MORENA y ha desencadenado opiniones y reacciones encontradas al interior del partido que lo postuló. Si persiste en su afán de prolongar —de manera ilegal— su mandato, la dirigencia partidista debe marginarlo o excluirlo de esa agrupación política. 

A fines del mes de julio pasado fue modificado el código penal del estado de Tabasco y aprobado por los legisladores de MORENA. Sus detractores rotularon esos cambios con el nombre de “ley garrote”. En el apartado cuarto de los considerandos dice: “en materia de delitos de extorsión, impedimento de ejecución de trabajos u obras, oposición a quienes ejecuten trabajos y obras públicas, interrupción o dificultamiento (sic) del servicio público de comunicación y delitos en contra del derecho a la libertad de tránsito (…) un nuevo tipo penal (…) el cual se denominará impedimento de ejecución de trabajos u obras, esto debido a que se busca asegurar la inversión privada en el Estado.” En el artículo 196 Bis —de la ley garrote— habla de las sanciones y penas a los que impidan  la ejecución de obras con —ojalá esta parte sólo sea disuasiva— “prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil UMA´s” y con respecto a los extorsionadores dice: “la pena se incrementará en una mitad más cuando (…) pida o exija dádivas, cuotas (…) cuando se utilice la violencia…

De aplicarse el artículo 196 Bis —tal como está redactado— se corre el riego de cometer excesos y abusos con todo aquel que busca justicia y con aquellos que protestan con razón y fundamentos. No soy partidario de la represión o del uso de la violencia para dirimir desacuerdos. Sin embargo, estoy a favor de sancionar judicialmente a los que simulan ser luchadores sociales y se aprovechan de esa mascarada para —mediante el chantaje— obtener dinero fácil. Deben revisarse las “tácticas de lucha” de los líderes de “antorcha campesina”, “los 400 pueblos” y el sin número de organizaciones —controladas por el PRI— de trabajadores “agrícolas” y “del campo”. A lo mejor encontremos exigencias sin sustento en sus peticiones y las banderas que enarbolan sean pretextos para expoliar a quien se deje.

Los adversarios de López Obrador dicen —en su afán de restarle aprobación popular— que la ley Bonilla es un ensayo para la reelección presidencial y que la del garrote, AMLO, la utilizará más adelante para coartar libertades y reprimir protestas. Los conservadores pregonan que el presidente es un  represor y que se quiere perpetuar en la presidencia. Muchos bobos y simplones —políticamente hablando— se tragan esos discursos plagados de falacias. Es recomendable que los militantes y simpatizantes de MORENA cierren filas —alrededor del presidente— y le digan lo que dicen en las redes ¡No estás solo!    

alfredopoblete@hotmail.com

 

 

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