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Xalapa, Ver.- Año X No. 542

   

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Jesus J. Castañeda Nevárez

Los motivos del Lobo

07/01/2020

Iniciaba la década de los 90´s y la autoridad hacendaria enfrentaba el reto de resolver la evasión fiscal que mermaba fuertemente la recaudación por el uso de la duplicación, clonación y falsificación de facturas utilizadas para comprobar gastos y deducir impuestos.

Existía un mercado negro de venta de facturas. En la Plaza Santo Domingo se podía conseguir de todo tipo y con un poco de suerte hasta las del mismo contribuyente.

En 1992 la autoridad hacendaria de entonces, (a partir de 1995 SAT) creó la figura del “Impresor Autorizado” mediante el cual se pretendía controlar todos los impresos fiscales, instrumentando una serie de “controles” que funcionaron parcialmente. (en ese tiempo no había Internet). Todas las facturas impresas se reportaban mensualmente a la SHCP.

En 1997 se reunieron 45 grandes empresas afiliadas a la AMECE (Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, para impulsar la facturación electrónica y conseguir la aprobación del SAT para auto imprimir sus comprobantes fiscales. En junio de 2003 Walmart comenzó a transmitir exitosamente las primeras Facturas Electrónicas y en diciembre del mismo año se aprobó la iniciativa de la Factura Electrónica en archivos XML para iniciar legal y formalmente en el 2004 como medio alternativo a la factura impresa tradicional.

En el 2006 se publicó en el CFF las bases para todo el esquema de Facturación Electrónica y el 1 de enero 2010 cambió toda la historia de la factura ya con el uso de la tecnología.

Cambió también el proceso de fiscalización de la autoridad (Auditorías) que al inicio de los 90’s requería un ejército de auditores para hacer unas 30 mil auditorías al año, con un costo altísimo en sueldos e infraestructura y con muy pocos resultados positivos, para que, ya en el 2010 las auditorías podían ser electrónicas, con menos personal y con mayores alcances en materia de rentabilidad. Pero todavía faltaba mucho.

Los aliados del SAT en los 90´s fueron los Impresores; en el 2010 los aliados del SAT fueron los expertos en TIC’s porque en diciembre de ese año se autorizó el primer PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) a cuya causa se sumaron los Contadores, quienes, ante la inexperiencia de los empresarios en el tema tecnológico, les ofrecieron su ayuda para elaborarles las facturas.

Nació así el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) y se volvió obligatorio ese modelo para los contribuyentes con ventas superiores a los 4 millones de pesos, quedando el CFD (Comprobante Fiscal Digital con medios propios) y la factura impresa para los contribuyentes de menores ingresos. El SAT avanzó en controles, pero todavía les faltaba el control del dinero.

Para el 2014 ya no existía la factura impresa ni las opciones digitales (CBB y CFD), tampoco los REPECO’s y todos los contribuyentes estaban obligados a hacer sus facturas electrónicas por internet, con lo cual el SAT se enteraba inmediatamente de TODAS las operaciones comerciales que se realizaban en México. Se obligó prácticamente a todos los contribuyentes a tener y saber usar una computadora y el internet.

También se obligó a todos los contribuyentes a efectuar sus declaraciones de impuestos a través de internet, con lo que también se estaba obligando al pago de impuestos por la vía electrónica. Y así aparecieron los nuevos aliados del SAT, los Bancos.

El obligar a todos los contribuyentes a tener una cuenta bancaria y reflejar en ella todas sus operaciones comerciales, estableciendo condiciones de deducibilidad, además, al ser la única forma de pago de impuestos, trajo un importante beneficio para la banca comercial y la atención de los dueños del dinero del mundo encontraron en México un paraíso de negocios.

Con esa forma de bancarizar la economía el SAT tuvo el control de las operaciones vía la factura electrónica y se aseguró del pago de los impuestos sin excusa ni pretexto.

Los bancos dejaron de lado la principal razón de ser de las instituciones bancarias que es la de Financiar proyectos productivos que generan utilidades y se convirtieron en cobradores de comisiones (las más altas del mundo) por todas las operaciones bancarias a las que ahora estaban obligados todos los contribuyentes del país.

Pero el objetivo central aún no se concretaba: Bancarizar toda la economía.

Ya tenían bancarizadas las operaciones del sector productivo, la nómina del sector público, pero todavía les faltaba bancarizar toda la economía informal, la cual representa un altísimo porcentaje, por ello, desde la aparición del programa “El Buen Fin” el SAT ofreció “premiar” a los ciudadanos que realizaran sus compras pagando con su Tarjeta Bancaria, con toda la intención de vincular los ingresos y egresos y poder detectar situaciones irregulares.

Y es aquí donde aparece el convenio del SAT y la ABM (Asociación de Bancos de México) para la operación de LA FACTURACIÓN INSTANTÁNEA de todas las compras pagadas con Tarjeta Bancaria, la cual es disfrazada de “generosa y desinteresada solución” para ayudar en la emisión de la Factura, la cual, como podrá notarse, está más que resuelta por todo el tiempo que lleva ya funcionando.

El objetivo real del SAT es poder tener el control de toda la economía (formal e informal) y conseguir la información en el momento que sucede, que pudiera determinar una Discrepancia Fiscal y que ello le permita actuar en consecuencia aplicando la Ley en la materia.

Los bancos se hacen de todo el control económico y se da un paso importante para la total bancarización de la economía y a la extinción del circulante, dando paso al pago electrónico (que ya aplica en muchos países) y a la fiscalización total.

Pareciera que todo esto es correcto y lo dice claramente nuestra Constitución, al establecer que “todos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa”, pero también está establecido el uso transparente de los recursos públicos, lo cual no ocurre así.

Las acciones de escrupulosa fiscalización a los ciudadanos no coinciden en nada con la benévola y superficial “revisión” que se aplica a los servidores públicos y ejemplos claros del pasado y el presente abundan desde la Secretaría de la Función Pública.

Las nuevas disposiciones legales, en donde aparece la evasión fiscal como delito grave, penado con cárcel y sin derecho a fianza; la Ley de Extinción de Dominio para castigar las operaciones fuera de la Ley, que podría ser el caso, llevando a un ciudadano que incurra voluntaria o involuntariamente en una Discrepancia Fiscal, a la pérdida de los derechos que tenga con sus bienes, sin contraprestación, ni compensación alguna por parte de la autoridad.

Obviamente habrá quien tenga otra opinión al respecto, porque tenga otros datos; pero revisando la historia de la facturación electrónica es fácil distinguir los verdaderos motivos del SAT.

Lamentablemente habrá a quien le guste la vieja canción de El Pirulí, “miénteme más, que me hace tu maldad feliz”. Porka Miseria.

* Miembro de la Red Veracruzana de Comunicadores REVECO

jjcastaneda55@gmail.com

 

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