Opinión

Xalapa, Ver.- Año XI No. 547    

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Alfredo Poblete Dolores

8 de febrero de 2020

La guerra: contraataques de la 4T

En el pasado reciente el PRI y el PAN  cometieron fraudes en las distintas elecciones federales, estatales y municipales que se llevaron a cabo en el país. Las estafas más sonadas  son las de 1988 —con la caída del sistema— que permitió a Carlos Salinas (PRI) llegar a la presidencia y la de 2006 cuando el entonces presidente Vicente Fox metió descaradamente las manos en el proceso “democrático” y logró que Felipe Caderón (PAN) ganara —mediante timos cibernéticos y otras marrullerías— con  el .56% de votos de diferencia. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la república —en gran medida— gracias a las ilegales carretonadas de dinero derramado para ganar votos y voluntades.

La compra de votos, el acarreo, la tómbola, el ratón loco y otras prácticas ilícitas no solo se usaron en las elecciones presidenciales. Cada tres años aparecían esos personajes que eufemísticamente les llamaban “operadores políticos”. Esos “mapaches electorales” se encargaban de comprar votos y voluntades de los pobres y miserables del país. En las altas esferas los operadores —de pipa y guante— se encargaban de comprar a los jueces electorales, untar a periodistas prostituidos y todo aquel que podía intervenir en el resultado de la contienda política. La balanza en el conteo de votos para alcanzar presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías y gubernaturas las ganaban personajes que estaban dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero —para la compra de votos e impunidades— y que el sistema político y económico requería para sus propósitos.

El PRI, el PAN, y en menor medida el PRD, se engolosinaron con sus triunfos fraudulentos. Nunca reflexionaron ni hicieron autocritica de sus nefastos procederes. En las elecciones del año 2018 no cambiaron sus métodos tramposos. Por ejemplo, en Xalapa, Veracruz —dos días antes de las elecciones— en el edificio estatal del PRI, a plena luz del día, se contemplaron a cientos de personas haciendo fila e ingresaban al interior de ese establecimiento partidista donde recibían $200.00, $500.00 o mil pesos. Esos menesterosos se comprometían a votar por J. A. Meade para presidente y por Yunes Zorrilla para gobernador y de paso les pedían que sufragarán a favor de los otros candidatos tricolores. De no haber llevado a cabo ese desesperado esfuerzo el PRI habría ganado 10 o máximo 15 diputaciones federales —de mayoría relativa— y 0 senadurías. Lo mismo sucedió en el PAN. También repartieron dinero. De no haberlo hecho cuando mucho tendrían 25 diputados —vencedores en las urnas— y los senadores serían menos. Sin la sarta de trampas —que hicieron en las pasadas elecciones— cálculo que “Juntos haremos historia” hubiera obtenido entre 35 y 40 millones de votos.

El fantasma de concretar el fraude —reconociendo ya sea a Meade o Anaya como vencedor de la contienda electoral— estuvo flotando en el ambiente. Los “jorocones” valoraron la diferencia abismal de los votos obtenidos por AMLO y la cantidad de sufragios conseguidos por los otros; consideraron que si cometían una tropelía el “tigre” se iba a soltar y ni dios padre lo hubiera atado. Se detuvieron porque antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales —programados para las 20:00 horas— Donald Trump felicitó, probablemente a las 18:30 horas, a López Obrador por su triunfo. La llamada del presidente estadounidense inclinó la balanza hacia AMLO. Los “mandones” locales se enteraron de ese telefonema. No había para donde hacerse y, con todo su pesar, Meade salió a reconocer el triunfo de López Obrador.

Con Carlos Salinas de Gortari como presidente de la república la corrupción dejo de ser delito grave y —a partir de ese momento— los códigos penales trataron esa práctica de manera benevolente. El robo de combustibles a PEMEX —desde siempre— fue considerado un delito del fuero común. Lo único que cambió a través del tiempo es que esos rateros cambiaron de mote antes fueron conocidos como “chupaductos” y ahora los llaman “huachicoleros.” Los parias que eran sorprendidos in fraganti mientras ordeñaban los ductos eran apresados y en —cuando mucho— 48 horas eran liberados. Los grandes saqueadores de PEMEX nunca fueron molestados ni siquiera con un citatorio para comparecer ante las autoridades del ramo.

El 19 de febrero del año pasado la cámara de diputados —por mayoría calificada— aprobó ampliar el catálogo de delitos graves y en esa tipificación se incluyó el fraude electoral, la corrupción y el “huachicoleo”. Los corruptos, fraudulentos y rateros de combustibles —de cualquier nivel social, económico  o político— son, a partir de ese momento, merecedores de prisión preventiva y no podrán obtener la libertad mediante fianza.

Tiene aproximadamente 20 años que diferentes sectores de la población mexicana se ha manifestado —cada vez con mayor fuerza— por reducir las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos. La clase política tradicional —en su conjunto— nunca prestó atención a esos reclamos populares; por el contrario —año con año— los montos financieros asignados para los institutos políticos fueron creciendo hasta llegar a ser ofensivos y en esa misma proporción la inconformidad e indignación popular —por los dispendios— fue agigantándose.

El 11 de diciembre del año pasado —a propuesta de Morena— se sometió a consideración de la cámara de diputados reducir a la mitad el presupuesto asignado a los partidos políticos. Para que ese tipo de iniciativas prosperen y sean aprobadas se necesitan dos tercios de votos de los 500 posibles. Morena y el PES obtuvieron 274 votos a favor de la propuesta; el PAN, PRI, MC, PT, PRD y PVEM votaron en contra y obtuvieron 207. Los proponentes se quedaron a 47 votos —de los requeridos— para lograr la aprobación.

Al desechar el proyecto se perdió la oportunidad que —en el presente año— disminuyera el financiamiento destinado a los partidos políticos y pasaran de 5 mil 239 millones de pesos a 2 mil 619 millones. Los opositores al recorte presupuestal perdieron la poca autoridad moral que tenían y el escaso peso político que aún tienen y seguirán en 2020 navegando en la jauja.

Este año Morena volverá a presentar la iniciativa para recortar el presupuesto a los partidos políticos. Rene Juárez Cisneros —dirigente del PRI— dice que Morena los quiere matar de inanición y algunos directivos del PAN dicen que el presidente López Obrador quiere debilitar a los partidos opositores a sus políticas. Tanto a los azules como a los tricolores se les olvida que la exigencia de reducir el dinero público a los institutos partidistas es una demanda del pueblo de México —convertida en clamor— y que Morena quiere, atendiendo ese justo reclamo, achicar lo dispendioso del dinero público.

Ante las prácticas electorales fraudulentas; el saqueo en PEMEX y los descomunales actos de corrupción —en todos los niveles de gobierno— el presidente contraataca con leyes que tipifican, como graves, esos actos. Con los cambios a la constitución y a las leyes penales se pretende desmantelar y derruir —de una vez por todas—una parte importante del viejo y putrefacto régimen. Esto último ¿es una ocurrencia? ¿Un distractor? ¿Una cortina de humo?

alfredopoblete@hotmail.com

 

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