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Xalapa, Ver.- Año XI No. 579    

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Alfredo Poblete Dolores

La guerra: felonías, saqueos y vilezas

19 de septiembre de 2020

Como apoyo a la 4T firmé la solicitud de juicio penal a los expresidentes y compré un boleto de la rifa

Donde se toque, testeree o pinche sale pus o brota sanguaza. Algunos se niegan a mirar la pudrición de las instituciones nacionales; otros se hacen tarugos o fingen desconocer el corrompido proceder de los políticos nacionales de los últimos 36 años.

Algunos analistas y articulistas financieros dicen que, con el cambio de régimen, nada se ha transformado y más bien ha empeorado; varios politólogos y columnistas —en sus escritos o en los medios electrónicos— declaran que todos los políticos son iguales. Veamos algunos “pequeños” cambios que ha experimentado el país y revisemos algunas acciones llevadas a cabo desde la llegada del actual gobierno. Lo haremos con el afán de cotejar y sopesar si el actual presidente está cortado con la misma tijera que los últimos mandatarios de México.

La esencia de la propuesta económica —de la 4T— consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Ese ofrecimiento fue plasmado en algunos libros escritos por el presidente. Se llama congruencia cuando lo escrito, hablado o prometido se lleva a cabo o se ejecuta tal y como se ofreció y coherencia cuando —como en éste caso— se ensambla la ética con el proceder cotidiano y con la conducta pública. 

En el segundo informe de gobierno (1/09/2020) el presidente dijo que gracias a la austeridad republicana y el combate a la corrupción se han logrado ahorrar 560 mil millones de pesos ¿Cómo lo hizo? Terminó con los lujos, abusos y despilfarros en el gobierno federal. ¿En que se invierte ese dinero? Lo que se ahorra  —más el impedimento de la “robadera de los de arriba”— se destina al bienestar del pueblo y a la impartición de justicia social.

El presidente en 600 días logró detener los gastos innecesarios, las millonarias malversaciones, estúpidos derroches y frívolos dispendios. Para el cálculo de la cantidad de dinero que se menciona, se tomó como referencia el gasto —superfluo y vano— que se llevó a cabo en los primeros 20 meses de “gobierno” del expresidente Peña Nieto. La llamada austeridad republicana ha permitido invertir —un poco más de medio billón de pesos— en actos de justicia social y cumplimiento de los mandatos constitucionales. Becas a niños y jóvenes que estudian en los distintos grados escolares; muchachos y muchachas que están aprendiendo un oficio y reciben un soporte económico; infantes con discapacidades que reciben apoyos monetarios; millones de viejos que reciben pensión; campesinos y pequeños propietarios de la tierra que reciben jornales por sembrar árboles frutales o maderables y por cuidar sus parcelas. Todos esos esfuerzos gubernamentales —de dispersión monetaria— se realizan sin aparatos burocráticos, y sin intermediarios especializados en el escamoteo, la manipulación o condicionamientos. Ese dinero se deposita directamente a cuentas bancarias y no son —como algunos dicen— programas electoreros o “regaladera” de dinero.

Otros “pequeños” cambios: la recaudación de impuestos aumentó 2.6% en comparación con el 2018; la política económica actual mantiene finanzas públicas sanas, es decir, no se gasta más de lo que ingresa a las arcas públicas; no ha habido aumento de impuestos en términos reales; no se han creado nuevos gravámenes y en el presupuesto de egresos de la federación para el 2020 no aumentará la deuda pública; se terminó con la ofensiva practica de condonar impuestos a las grandes empresas y bancos que significaban el no ingreso a la hacienda nacional de cientos de miles de millones de pesos; en el congreso —a solicitud del presidente— se estudia la posibilidad de tipificar como delincuencia organizada y considerar como delito grave la expedición y uso de facturas falsas para evadir el pago de impuestos.

Si pinchamos en PEMEX y sólo en un rubro —robo de combustibles— veremos que el saqueo a la emblemática empresa fue canallesco. Hace sesenta años algunos petroleros adscritos a los departamentos de “llenaderas” de las refinerías ya medraban con la gasolina; por aquel tiempo aparecieron los apodados “chupa-ductos”. Grave el delito pero nada comparado con el latrocinio y depredación en contra de PEMEX desde el 2000 al 2018. 

Año tras año desde el gobierno de Vicente Fox el número de tomas clandestinas, volumen y monto de lo robado fue creciendo. De unas decenas de horadaciones de los “chupa ductos” se incrementó exponencialmente en el sexenio de Felipe Calderón y de acuerdo a informaciones de PEMEX al cierre de 2017 —con Enrique Peña Nieto en la presidencia— las perforaciones a los ductos de la empresa rondaban las 10, 363 y los desfachatados directivos de esa institución y altos funcionarios del gobierno federal nos espetaban —sin tomar medidas o acciones correctivas— que la pérdida económica rondaba los 30 mil millones de pesos.

La plana mayor de los gobiernos neoliberales “combatieron” el robo de gasolinas. Las secretarías de gobernación, hacienda, energía, defensa nacional, marina, policía federal y PEMEX estuvieron al frente de esa lucha. Ellos nos mintieron con sus acciones, maquillaron cifras y volúmenes de lo robado y simularon el combate al “huachicol”. Políticos y comunicadores con sus falsos discursos y sus montajes televisados se burlaron reiteradamente del pueblo de México y, encima de lo anterior, alardeaban con las monsergas de la “transparencia” y “rendición de cuentas”. Esos altos funcionarios se encargaron de ejecutar el robo de energéticos y fueron, además, los artífices del saqueo. Responsabilidad directa en las raterías y deslealtades a la ex paraestatal la tienen los 7 ex directores de PEMEX desde: Raúl Muñoz Leos (2000–2004); Luis Ramírez Corzo (2004–2006); Jesús Reyes-Heroles (2006–2009); Juan José Suárez Coppel (2009–2012); Emilio Lozoya Austin (2012–2016); José Antonio González Anaya (2016–2017) Carlos Alberto Treviño Medina (2017- 2018). Muchos de ellos merecen —por sus vilezas— ser enjuiciados por traición a la patria.

Prueba de que las cifras y volúmenes del robo de combustibles se maquillaban —sobre todo en el sexenio de Peña Nieto— es que la actual administración nos informó que en promedio se robaban 56 mil barriles al día con picos de 80 mil barriles. En el segundo informe de gobierno, el presidente dijo que de diciembre de 2018 a agosto de 2020 el gobierno ahorró 100 mil millones de pesos por el combate al “huachicol”; es decir, 163 millones de pesos diarios. Con las medidas del actual gobierno se ha logrado abatir en un 95% el robo de gasolinas; y, aunque la despreciable práctica sigue, hoy se roban únicamente 4 mil 300 barriles. El esfuerzo, por erradicar esa maña, no cesa y la voluntad por acabarla no claudicará.

Los enemigos del presidente y de la 4T dicen que nada ha cambiado y que todos los políticos son iguales. Ojalá sigan con sus agrestes peroratas y burdas opiniones. Sólo los tarados —ética y políticamente hablando— pueden creerles y cada vez son menos los lelos y crédulos.

Como apoyo a la 4T firmé la solicitud de juicio penal a los expresidentes y compré un boleto de la rifa

 alfredopoblete@hotmail.com

 

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