Opinión

Xalapa, Ver., Año X No. 590

   

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Bocadillos 

Rolando Bello Paredes*   

Acusar y enjuiciar al gobernador del estado 

            El Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución para suprimir el fuero al Presidente de la República y pueda ser juzgado por cualquier delito, y envió el proyecto de decreto a las legislaturas de las entidades federativas para sus efectos constitucionales (Boletín oficial, “Aprueba Senado reforma que suprime fuero Constitucional al Presidente de la República”, 26 noviembre 2020).

            El texto del artículo 108, segundo párrafo, quedaría así: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República solo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

            El 111 sería: “Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

            Actualmente la Constitución dispone que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, y se le acusa siempre ante el Senado de la República.

            El Sistema de Información Legislativa define así a esa figura jurídica: “La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados -así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea”.

            El denominado fuero constitucional se refiere únicamente a la materia penal, es decir a los delitos que pudieran cometer los referidos servidores públicos.

            Es probable que los congresos estatales avalen la reforma para que haya, en breve, nueva disposición constitucional en la materia. Lo nuevo será la acusación por hechos de corrupción y delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

            Los delitos por hechos de corrupción, son los siguientes: Ejercicio ilícito de servicio público, Abuso de autoridad, Coalición de servidores públicos, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Pago y recibo indebido de remuneraciones, Concusión, Intimidación, Ejercicio Abusivo de funciones, Tráfico de Influencia, Cohecho, Peculado, y Enriquecimiento Ilícito.

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Por ejemplo: Utilizar bienes o servicios públicos en campaña, Condicionar el voto, Condicionar el acceso a programas sociales, Impedir el acceso a las casillas e intimidar durante la jornada electoral, Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilegal en campaña.

            En el caso de los gobernadores de las entidades federativas, éstos solo pueden ser “responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”, de conformidad con la Ley Suprema del país.      

Sin  embargo, la Constitución yucateca es de vanguardia en la materia. 

Señala que el gobernador del estado, como servidor público de la entidad, “es responsable por la comisión de delitos en el ejercicio de su encargo”. Además, lo es por los “actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Antes la norma jurídica ordenaba que “el gobernador del estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común”. Y para proceder penalmente en contra de los servidores públicos, era necesario la “declaración de procedencia que emita el Congreso del estado”. Éste resolvía lo que corresponda, “mediante el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes”. 

En 2016, el gobernador Rolando Zapata Bello envió una “iniciativa de eliminación de fuero constitucional” del “gobernador del estado, diputados locales, presidentes municipales, titulares de la administración pública estatal y titulares de los organismos autónomos”. 

Explicó: “Esto quiere decir que para proceder legalmente en contra de estos servidores públicos, entre los cuales yo me incluyo, no se requerirá ninguna declaración de procedencia del Congreso. De aquí en adelante los servidores públicos y representantes populares que cometan un delito penal podrán ser denunciados y tendrán que responder como cualquier ciudadano ante las autoridades correspondientes. Los procesos judiciales serán iguales para todos, porque en democracia todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley”.

            En el discurso de presentación de su propuesta, destacó: “Es una iniciativa para dejar expresado en la ley un gran valor democrático y moral: el valor de que el único fuero que es permanente y aceptable, el único que trasciende cargos y periodos, es el fuero de la confianza ciudadana”.

            El legislador federal no se atrevió a “eliminar” totalmente el fuero constitucional que sigue protegiendo al presidente de la República. Éste conserva la declaratoria de procedencia que resolverá el Senado de la República.

En Yucatán, el gobernador ya no tiene esa protección y podría ser acusado y enjuiciado por la “comisión de delitos en el ejercicio de su encargo”, como sucede con cualquier persona que cometa algún delito en la entidad.

El presidente de la República celebró la reforma constitucional: “Se termina el fuero”, dijo. No es así.

En Yucatán sí se terminó el fuero, desde 2016.

“Hacer lana”. Los tres pretendientes al cargo de Fiscal General del estado, Juan Manuel León León, Patricia Gamboa Wong y Adrián Anguiano Aguilar, comparecieron ante la comisión legislativa del Congreso local (Informe Fracto, 1 diciembre 2020).

Hubiera querido que los tres dijeran expresamente que, en su caso, irían a la Fiscalía a procurar justicia y no a “hacer lana”. Pero, ninguno lo dijo.

El Congreso en votación por cédula eligió a Juan Manuel León León, el mejor perfil profesional de la terna ejecutiva, por 23 votos a favor. Anguiano Aguilar obtuvo un voto, y Gamboa Wong, ninguno. El voto número 25 era del diputado de Morena, Miguel Candila Noh, pero no asistió a la sesión para ejercerlo.

Ante los congresistas de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, León León ofreció que su desempeño se basaría en “cuatro ejes”: a). Procuración de justicia eficaz, eficiente, y transparente; b). Capacitación integral de los servidores públicos; c). Coordinación interinstitucional con las autoridades; d). Velar por los derechos humanos.

Entiendo que la votación para elegir al Fiscal debió haber sido en forma nominal, y no por cédula. La reglamentación del Congreso dispone que las votaciones nominales serán, entre otras, “siempre que se trate de dictámenes provenientes de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública”, como lo fue en el caso de la elección de referencia.

Una observación a algún legislador: Conforme a la Constitución yucateca, la Fiscalía General del estado es una dependencia del Poder Ejecutivo, no es un organismo constitucional autónomo.

Ingresos 2021. El gobierno del estado proyecta tener ingresos por la cantidad de 41 mil 136 millones 103 mil 198 pesos, según la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021, que analiza el Congreso local.

La ley de ingresos de 2020 estimó ingresos por la cantidad de 43 mil 857 millones 428 mil 057 pesos. Una “caída” para el siguiente año de 2 mil 721 millones 324 mil 859 pesos.

La “fuente de financiamiento” para 2021, asegura el Ejecutivo, sería:

1. “Etiquetado (transferencias federales etiquetadas): se estiman en $19,106 millones de pesos”.

2. “No etiquetado (ingresos de libre disposición): se estima obtener $18,975 millones de pesos”.

3. “En cuanto a los conceptos que integran los ingresos del sector paraestatal, son los siguientes: $1,374 millones de pesos de cuotas y aportaciones de seguridad social y $1,680 millones de pesos de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos”.

Afirma el Ejecutivo que el “desglose de los ingresos del gobierno estatal” es el siguiente:

a). $2,200 millones de pesos serán captados a través de impuestos; b). $1,374 millones de pesos por cuotas y aportaciones de seguridad social; c). $1,149 millones de pesos corresponden a derechos;

d). $55 millones de pesos a productos; e). $95 millones de pesos a los aprovechamientos; f). $1,680 millones de pesos a ingresos por venta de bienes y servicios;

g). $32,469 millones de pesos por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones; y, h). $2,111 millones de pesos a transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones.

Cultura ¿disminuida? El gobierno del estado pretende un gasto público en 2021 por la cantidad de 41 mil 136 millones 103 mil 198 pesos, de acuerdo a la proyección del presupuesto de egresos. Al gasto corriente (sueldos, honorarios, compensaciones, “honorarios especiales”, y estímulos, entre otros conceptos) le dedicaría 34 mil 428 millones 633 mil 550 pesos, casi el 84 por ciento del total presupuestado.

En un boletín oficial del Ejecutivo (“El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto aprueba por unanimidad la propuesta de egresos e ingresos para 2021”, 20 noviembre 2020), especificó que Sedeculta tendría un recorte de “-20% (-89 millones 401 mil 491 pesos)”. Fue falso el dato.

A la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) le destinaría un total de 389 millones 410 mil 862 pesos. En 2020 le asignó 485 millones 388 mil 724 pesos. De ser aprobado, Sedeculta tendría una reducción en  2021 por la cantidad de 95 millones 977 mil 862 pesos.

El director del Museo Fernando García Ponce-Macay se quejó de la falta de apoyo gubernamental para 2021, lo que ocasionaría el cierre definitivo el museo, y el promotor Domingo Rodríguez lamentó también la misma situación en la Orquesta Sinfónica de Yucatán y en los museos de Arte Popular y de la Canción Yucateca (Excélsior, 3 diciembre 2020).

En el caso de la Sinfónica, el Ejecutivo le asignaría en 2021 un total de 17 millones 019 mil 822 pesos, en tanto que en 2020 le otorgó 41 millones 363 mil 746 pesos; es decir, le reduce 24 millones 343 mil 924 pesos.

En efecto, no hay partida presupuestal expresa para el Macay ni para el  Museo de Arte Popular ni para el Museo de la Canción Yucateca.

Electoreros. El alcalde progreseño, Julián Zacarías Curi, que quiere repetir en el cargo, “porque tres años no son suficientes” (Diario de Yucatán, 26 noviembre 2020), incumple sus obligaciones de seguridad social. Fue condenado a “pagar una deuda millonaria al Isstey, y a asegurar retroactivamente a 130 trabajadores municipales” (Novedades Yucatán, 30 noviembre 2020).

** “Por sus declaraciones sobre una probable alianza de la oposición en Baja California, el INE pidió al presidente de la República se abstenga de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda” (Excélsior, 5 diciembre 2020).

Segundo tercio. El pasado martes 1 comenzó el segundo tercio de la administración pública federal, que concluirá el 30 de septiembre de 2024.

Ad litteram. Una opinión sensacional sobre el asunto de la “eliminación” del fuero constitucional del presidente de la República, es la expresada, florida y cervantinamente, por la legisladora del PAN, Xóchitl Gálvez (Excélsior, 27 noviembre 2020):

- “¡Es una mamada!”. 

Mérida, Yuc, 6 de diciembre de 2020

*Editorialista, Portal Informe Fracto

*Editorialista, Grupo SIPSE Peninsular
rolandobelloparedes@gmail.com

 

 

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