¿A dónde vamos?

 

Pablo González Casanova

Un poco de historia de la actualidad se hace necesaria. La grave situación del país implica detenerse a pensar en medio de la batalla por el petróleo...  

En la época de Díaz Ordaz ya empezaron las políticas financieras neoliberales. Sus primeras víctimas fueron los profesionistas y las universidades. Recuérdese el movimiento médico del 66, y el movimiento estudiantil del 68. Una de sus causas fue la falta creciente de recursos para fines sociales; otra, la crisis del autoritarismo generalizado que escondía tanta hipocresía y violencia. Los movimientos tuvieron también como origen el nuevo planteamiento de una sociedad mejor, frente a las corrientes cada vez más deterioradas del nacionalismo revolucionario, de la socialdemocracia acomodaticia y del socialismo burocrático y sus conocimientos oficiales. 

Las políticas neoliberales continuaron avanzando. Los obstáculos que enfrentaron fueron efímeros y poco consistentes. De 1970 a 1976 se inició un endeudamiento externo creciente que llevaría a la nueva dependencia del Estado. De 1976 a 1982 aumentaron los ataques de las grandes empresas a los funcionarios públicos calificados de populistas, en quienes destacaron sus contradicciones. La frivolidad del discurso oficial se hizo evidente en ese sexenio y la nacionalización de la banca sólo echó fuego a la hoguera. 

La cólera de los afectados en sus grandes intereses, lejos de amainar, se hizo terminante. Si hasta entonces el gobierno se veía obligado a obedecer el perfil que los empresarios le trazaban para la designación del secretario de Hacienda, desde 1982 los tomó muy en cuenta para la elección de un candidato a la Presidencia de la República “políticamente correcto” que reiniciara el proceso de privatización de la nación entera, empezando por devolver la banca a sus antiguos propietarios. Éstos, a poco de comprarla, la vendieron a los grandes bancos de Estados Unidos y Europa.

Así, por etapas bien calculadas, según la correlación de fuerzas, empezó el paso de mando del PRI al PAN, y de un sistema en que predominaba el partido del Estado (el partido como la institución electoral del Estado) a un sistema político con “partidos de Estado”, cuya gama ideológica se enriqueció desde el ingreso del Partido Comunista con genuinos intentos por sus militantes para fortalecer la “vía pacífica”, intentos que pronto terminaron con muchos de ellos asesinados y otros, tal vez más numerosos, cooptados. Por supuesto subsistieron algunos ex comunistas respetables.

En las mismas décadas de los 70, la eliminación y la cooptación pusieron también en crisis a las guerrillas de presión social y negociación social, como la de Genaro Vázquez, quien fue asesinado al no transformar la negociación social en negociación personal. Después de los años 60, en los movimientos rebeldes armados proliferó la idea de una revolución del nuevo tipo, que desde los años 60 luchaba por la toma del poder como objetivo estratégico. En todo caso, los sucesivos gobiernos priístas, mediante la represión y la cooptación, habían controlado y siguieron controlando las “insurrecciones” de mineros, ferrocarrileros, trabajadores de la construcción... al mismo tiempo que fortalecían el sindicalismo oficial y rehacían las políticas sociales, culturales, económicas y financieras que, entre incontables dificultades, contradicciones y debilitamientos trataban de mantener como política de un Estado social y nacional cuyas fuerzas e integrantes se aburguesaban cada vez más, no sólo en el terreno económico-social, sino en el terreno ideológico, político y militar.

La crisis del “Estado social” comprendió incluso a muchos de los grupos opositores más radicales, y derivó en el florecimiento de un conformismo jocoso y costoso, de una negociación lucrativa y entreguista, de un escepticismo racionalizador y un cinismo retador y prepotente. Una nueva cultura individualista, “realista, corporativa”, se extendió por todas partes, en un proceso de “percolación”, parecido al de las pandemias que pasan de mostrar síntomas aislados a extenderse en regiones enteras del organismo enfermo, quedando inmunes sólo unos cuantos grupos e individuos.

 Posponer el diluvio

 La historia de hoy puede resumirse en la de una ocupación integral del Estado y la nación. La privatización es el nuevo nombre de la ocupación. Con la creciente deuda externa las grandes empresas consolidaron el triunfo que habían alcanzado al impedir la reforma fiscal que las afectaba; el gobierno en turno logró mantener ciertas políticas sociales que aseguraban su estabilidad. Se fue acostumbrando a una lógica política de “posponer el diluvio”. Hizo concesiones a futuro con tal de resolver problemas inmediatos. La deuda externa no dejó de incrementarse. Con ella, los acreedores lograron influir más y más en el presupuesto de ingresos y egresos del país. Todo se hizo como si estuviera premeditado. Entre negociaciones de cúpula, los prestamistas pedían un poco menos de lo que pedirían después. 

Con la pérdida de la política económica no sólo vino una merma del poder del presidente y el Congreso, sino la pérdida de autonomía del gobierno en la política monetaria: el Banco Central pasó a ser dirigido por un funcionario que desde entonces es designado por el Banco Mundial, por supuesto en formas mediadas y encubiertas. 

La posibilidad de apoyar a los exportadores con devaluaciones de la moneda, o la de apoyar a los patrones con disminuciones al salario real, mediante la congelación de salarios y aumento de los precios, ya sólo fue un privilegio de las grandes fuerzas financieras y patronales y monopólicas predominantemente extranjeras.

La ocupación como privatización fue legitimada por los economistas neoliberales que pretendían representar “la última palabra de la ciencia”, costumbre que les es característica desde Adam Smith y que ellos cultivan, aunque sin la misma franqueza, pues no dicen, como aquél, que la liberalización de los mercados favorece siempre a los países más industrializados y poderosos en detrimento de los más débiles, y a las empresas más fuertes a costa de las más débiles. 

La ocupación integral no descuidó el terreno militar: incrementó la formación de cuadros en las escuelas del imperio e “internalizó” un nuevo concepto de la guerra en que el militar deje de sentirse defensor de la patria frente a los enemigos extranjeros, y se prepare para luchar contra su propio pueblo y contra los grupos criminalizados por el gobierno en turno, preparación que lo lleva a participar hoy en la guerra de competencia por el narcotráfico, y a intimidar, acosar y vejar a pueblos indios potencialmente despojables y desechables, que ocupan territorios ricos en recursos naturales de los que las compañías sueñan con apoderarse. 

En el campo de la educación y la cultura, la ocupación tuvo importantes triunfos en la enseñanza primaria y secundaria, con reformas a los planes de estudio que con el pretexto de dar más importancia a las ciencias no enseñan ni las ciencias ni las humanidades, y hacen olvidar la historia de México y el mundo. El manejo del presupuesto de egresos tendió a disminuir los recursos humanos para la formación de técnicos de alto nivel en la agricultura, los energéticos, las comunicaciones y transportes, la industria y los servicios. Después trató de privatizar del todo a la educación superior y se enfrentó a una heroica resistencia que encabezaron los estudiantes de la UNAM hasta detener el golpe. No por eso cejaron los privatizadores. Sus “expertos” de Estados Unidos y Europa siguieron proponiendo como lo más moderno una educación de pocos, para pocos y con pocos, la más “funcional” según ellos, y sí lo era para el país que tenían en mientes, un país carente de mercado de trabajo para los egresados de las escuelas profesionales –médicos, ingenieros agrícolas, petroleros y civiles, economistas, abogados, etcétera– en un país al que pensaban quitarle y le estaban quitando y debilitando su seguridad social, sus empresas públicas, sus actividades culturales para los pueblos.

La demanda de privatización y de educación elitista no quería sólo ajustar la oferta a la demanda de empleos “innecesarios”. También buscaba la clausura institucional de la universidad mexicana –y latinoamericana– esa casa que difunde la razón, el derecho, la historia, el pensamiento crítico, es decir, todo aquello que causa terror a quienes no tienen la razón ni el derecho y que recientemente han calificado a la universidad de vivero de terroristas. 

La ocupación integral neoliberal de los centros educativos logró de todos modos obtener importantes triunfos. Hoy se encuentran sin universidad y sin empleo una inmensa cantidad de jóvenes, al tiempo que baja la escolarización y suben los niveles de analfabetismo e ignorancia. 

Se trata de una eficiente política para el subdesarrollo por la que sus artífices son “evaluados” como sobresalientes. 

En las luchas por la cultura, la ocupación neoliberal logró un triunfo increíble cuando el Poder Legislativo privatizó las funciones públicas de la televisión y de los medios de comunicación de masas, lo que permitió a los ocupantes quedarse con la política de los “conocimientos prohibidos”. Del “lenguaje políticamente correcto” y de una “realidad virtual” unánimemente difundida como imperante espejismo de oasis sin agua, y de un México feliz habitado por débiles mentales y gobernado por personas realmente serias y respetables que son objeto de infundios lanzados por ambiciosos corrompidos –como los de “La consulta”– y por alborotadores que arman escándalos en lugar de ponerse a trabajar. 

La ocupación integral también logró combinar la cultura autoritaria y corrompida de las oligarquías republicanas con la cada vez más influyente de los encomenderos y de las oligarquías mentalmente colonizadas por la España de Carlos V y por la “anglo” neoconservadora, que maltratan el idioma español queriéndolo hablar como los españoles o como si fueran estadunidenses. 

En el terreno de la política y la sociedad, de las finanzas y la economía, la ocupación neoliberal logró privatizar al Estado mismo a niveles sin precedente. En México, como en otros países del mundo, se impuso la cultura del “mentiroso en palacio”, y de “la hipócrita Albión”, expresadas por los nuevos “señoritos” posfranquistas y por los voceros de Washington, las mafias de Wall Street y los rancheros de Texas o California. 

A esas herencias enajenadas se añadió la cultura de la trampa de los caciques nacionales, blancos y mestizos, que se juntó a la cultura de la trampa de los gángsters electorales de Florida, y de otros estados del “vecino país del norte”. La representación de la “representación democrática” puso en escena falsas discusiones legislativas que pretenden deliberar con toda libertad un proyecto que aprueban en lo fundamental, por el que venden su voto u obedecen a la superioridad. 

La ocupación más fondo se da en la separación creciente entre “el México formal” y “el México real” con métodos inusualmente legitimados de violar las formas en el momento mismo de aplicarlas. Así ha aparecido un nuevo tipo de golpes de Estado que ocurren a la hora de las elecciones y no después, o el asesinato de numerosos periodistas combinado con el respeto de la libertad de crítica y expresión, o las reformas de hecho a la Constitución sin que se hayan reformado los preceptos correspondientes (por ejemplo a Petróleos Mexicanos), combinaciones difíciles de explicar hasta para muchos “entendidos”, cuando no se advierte que las leyes no se usan para regular, sino para legitimar o criminalizar. 

La ocupación privatizadora ha logrado separar como nunca a “la clase política” de sus “bases sociales” con lo que debilita a aquélla y éstas, y deja que todas se desmoralicen en medio de una crisis moral e ideológica insuperable mientras sus víctimas no piensen construir otro mundo alternativo y las organizaciones necesarias para alcanzarlo. Mientras tanto, la manera en que “la clase política” (o una parte de ella) entiende “lo político” consiste en someterse más y más a los ocupantes con una opción: el servilismo o el arreglo en “lo oscurito”. 

Ciertamente en todo este terreno la responsabilidad de las fuerzas independientes o alternativas es muy grande y difícil de asumir, pues enfrentan una separación estructural entre los pueblos y trabajadores pobres, no organizados ni con derecho a organizarse y negociar (por un lado), y los trabajadores que gozan más o menos de esos derechos, aunque las organizaciones y negociaciones sean en circunstancias cada vez más adversas, dadas las políticas neoliberales que amplían el campo de “lo no negociable”.

La separación social, cultural, política e ideológica entre los pueblos y trabajadores excluidos y los organizados plantea la necesidad de tender puentes, sobre todo en las luchas cruciales por objetivos que son a la vez inmediatos y de largo plazo. 

El respeto a la autonomía de quienes juntos den una misma batalla será tan necesario como la conjunción de sus fuerzas. En la unión por metas concretas con autonomía de los participantes se encuentra el último recurso de que dispone México para no entrar en una situación caótica en que a la ocupación del país mediante la privatización de sus bienes y recursos se añada la privatización mediante la intervención militar de “la comunidad internacional” encabezada por Estados Unidos. 

La ocupación privatizadora y neoliberal de México ya es colosal. Además del dominio de la política crediticia y monetaria, de las finanzas públicas y de los medios de comunicación de masas, el proceso de ocupación integral abarca la privatización de correos, carreteras, puertos y aeropuertos, líneas aéreas y comunicaciones telefónicas, grandes diarios y fuentes de información, tierras fronterizas y playas, y territorios en que reinan las compañías herederas de Mamita Unay. 

El nuevo tipo de megaempresas dispone en cada una, de toda la cadena que le permite dominar a los mercados. Cada una posee sus propias fuentes de financiamiento, de tecnología y producción, de comunicación, de transporte y almacenamiento, de distribución al mayoreo y al menudeo, de insumo y seguridad, todo a cargo de sus sucursales, de pequeñas y medianas empresas subcontratadas, y de tendajones y vendedores ambulantes. 

Es más, al refuncionalizar a los estados y a los sistemas políticos, las megaempresas logran convenios y contratos, concesiones, exenciones, difericiones y cancelaciones de pagos billonarios, así como leyes, decretos y acuerdos que les son altamente favorables. 

Desde el TLC hasta hoy, las megaempresas se han ido apoderando de más y más territorios y tierras, y de los mercados nacionales y regionales de todo el país. México depende de las megaempresas y sus gobiernos, entre los cuales está incluido cada vez más “el nuestro”. Hoy dominan el mercado del dinero, del crédito, de los granos y de la fuerza de trabajo.

Conocedoras de sus triunfos, las megaempresas y los complejos militares empresariales están conscientes también del creciente descontento que generan entre desempleados, desplazados y los despojados de tierras y trabajo, educación y seguridad, y hasta de medicinas y alimentos.

Las megaempresas tienen una clara idea de los peligros que las amenazan en el futuro inmediato y están preparadas para enfrentarlos. Ya pueden sus voceros anunciar que México será la cuarta potencia mundial en pocos años –como afirmó Calderón recientemente o que “el peligro de la crisis está bajo control”, y otras linduras; pero a las predicciones y “simulaciones de futuros” de los expertos neoliberales mexicanos se añade una predicción real, concreta: un muro gigantesco que separa a todo México de Estados Unidos y Canadá.

El inmenso muro da clara idea del futuro que nos aguarda de continuar el camino que hemos seguido en los pasados 30 años. Sin querer, “Norteamérica” nos amenaza y nos junta con América Latina e Indoamérica, con sus pueblos y trabajadores. Con su Gran Muro como señal que hasta los ciegos ven, nos invita a no caer en el grave error de una Palestina invadida y un terrorismo de la resistencia, sino a fortalecer la estrategia de organización y lucha pacífica que la inmensa mayoría del pueblo y los trabajadores de México insistentemente buscan, y que los propios grupos de defensa armada de las poblaciones están de acuerdo en sostener en todo lo que se pueda y mientras se pueda, incluyendo siempre en su más profunda cultura rebelde el rechazo a los actos terroristas como actos crueles que hieren y matan a personas inocentes.

 Organizar y concientizar en cambio a la inmensa mayoría de la población con redes presenciales y a distancia que defiendan sus intereses inmediatos y pongan las bases de un mundo necesario y posible es el camino de la solución para que construyamos con otros “condenados de la Tierra”, “otra democracia, otra liberación y otro socialismo”, todos dentro del pluralismo ideológico y religioso con espacios laicos que ya hemos hecho nuestros, y teniendo como fuerza principal de apoyo y decisión a los “pobres de la Tierra”. 

Hoy todo voto contra cualquier proyecto de privatización del petróleo de PRI y PAN o sus derivados será un voto por el camino menos doloroso de la historia de México. Es posible que de triunfar el no, Estados Unidos y sus aliados europeos pretendan quitarnos el petróleo, y lo que no han ocupado aún, quieran quitárnoslo con una de esas guerras “humanitarias” que organizan en sus luchas depredadoras por la libertad de mercados y la democracia que no practican, y contra el terrorismo en que son expertos.

 A los intervencionistas habremos de contestarles con el presidente católico Benito Juárez: “Que los enemigos nos venzan y nos roben, si tal es nuestro destino: pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándoles voluntariamente lo que nos exigen por la fuerza”. Y después recordaremos a los poetas que dijeron: “Hay en los hombres un infatigable depósito de energía moral, que les permite ser incesantemente rebeldes”. O lo que nos dijeron algunos zapatistas: “Para resistir, luchar y crear se necesitan tres cosas: perder el miedo, tener esperanza y hacer fiesta. Y todo sin perder la dignidad y la firmeza”.

Tomado de La Jornada 04/08/08