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“Por Paz
con Democracia”
Pablo
González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo,
Miguel Álvarez, Luis Hernández Navarro, Alicia Castellanos
Guerrero, Gilberto López y Rivas, Héctor de la Cueva, Ana
Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Higinio Muñoz, Samuel Ruiz
García, José Antonio Almazán, Dolores González, Pablo Romo
Cedano, Gonzalo Ituarte Verduzco, Juan Bañuelos, Juan Brom,
Oscar González, Guillermo Briseño, Guillermo Almeyra,
Alfredo López Austin, Carlos Fazio , Rafael Reygadas, María
Fernanda Campa Uranga, Manuela Alvarez y Santiago Alvarez.
1. El momento histórico que vivimos
1°.
México ha vivido y está viviendo un proceso de ocupación
integral, a la vez abierto y silencioso, que muchas
organizaciones políticas y grupos de la sociedad civil
–entre ellas Paz con Democracia— han estado denunciando
desde hace décadas, estructurado mediante reformas a la
Constitución y a través de disposiciones de hecho. Estas
políticas y transformaciones aplicadas sin un examen público
informado –legalizadas o fuera de la ley –, impuestas por
los gobernantes, al profundizar y extender la ocupación, han
refuncionalizado nuestra nación al proyecto “globalizador” y
hegemónico del “imperialismo colectivo” que hoy domina una
inmensa región del mundo, encabezado por Estados Unidos de
América.
2º.
El proyecto neoliberal de los sucesivos gobiernos mexicanos
sigue todos los lineamientos del llamado “Consenso de
Washington”, que es el consenso de “los que mandan”. Han
logrado convertir a México en una zona transnacionalizada,
dependiente y excluyente, en la que legitiman y legalizan el
despojo comercial o forzado. Los distintos gobiernos y
grandes empresarios, unos cuantos multimillonarios, grandes
accionistas de las megaempresas transnacionales, encabezadas
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sus
subordinados y asociados, se han beneficiado enormemente, a
costa de la inmensa mayoría de la población. En dichas
instituciones, supuestamente mundiales, el poder de decisión
lo tiene el gobierno de Estados Unidos. Este ha contado
además con la unión de intereses de grandes potencias, como
Inglaterra, Europa y Japón. Dispone asimismo de la
colaboración de redes internas e internacionales de otras
empresas y gobiernos, todos ellos articulados a
organizaciones informales, como mafias y raqueteros
políticos que actúan como operadores contratados, sicarios,
e incluso como fuerzas paramilitares. La inmensa mayoría de
la llamada “clase política”, de “los medios”, así como de
otros dependientes y socios, incluso de los más bajos
estratos sociales, han hecho del apoyo al proyecto
“globalizador” su modo de vida, para obtener privilegios y
pagos por sus servicios. Y si no pocos obran con cinismo y
picardía, existen también quienes se engañan y acaban
convenciéndose de que su trabajo en apoyo de neoliberales y
señores mafiosos es para bien de su alma y de su país.
3°.
Este proceso de ocupación integral, “transnacional” o
“globalizadora” –de gran parte del mundo y de México— ha
ocurrido en gran medida ya; pero tiene el proyecto de
extenderse y profundizarse aún más, y hacer que todos los
sectores y las ramas del Estado, la economía, la cultura y
la sociedad mexicana formen parte del inmenso complejo
dominado por el imperialismo. Los impactos directos e
indirectos, abiertos y encubiertos de las redes actuales del
imperialismo han comprobado –para quien quiera verlos y
oírlos, y no tema reconocerlos— las grandes mentiras del
neoliberalismo sobre la “economía de libre mercado”, sobre
“los progresos y el desarrollo de la nación mexicana”, y
sobre tantas otras “bondades neoliberales” que nos
empobrecen y someten cada vez más. Hoy mismo, en medio de
todos los desastres y desenfrenos que sufrimos, hay voceros
que defienden con fingidas razones la privatización y
desnacionalización de todo México. En realidad esos voceros
de las fuerzas que dominan gran parte del mundo y del país,
mienten incluso cuando llegan a aceptar los efectos
perversos de sus políticas. Para seguir ocultándolos, unos a
otros se echan la culpa y siguen aplicando, extendiendo y
profundizando las mismas políticas que llevan a la miseria
creciente de las mayorías, y al coloniaje informal e
integral del país, acusando a los gobiernos más débiles o a
los anteriores al suyo de no haber logrado las metas que
ellos se proponen y que afirman estar fundadas en una
presuntuosa ciencia de punta. Con distintos modos de
engañar, buscan justificar o legalizar la continuación de
las políticas neoliberales de ocupación y saqueo.
4º.
Este proceso de ocupación neoliberal ha provocado también
una degradación profunda de la política y un vaciamiento de
la democracia representativa, con la correspondiente crisis,
descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de
la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles
y funcionales al capital. Asimismo, el neoliberalismo
fortalece sus funciones e instituciones represivas,
transformándolas en garantes de la estabilidad social y del
control autoritario de la fuerza de trabajo, la ciudadanía
organizada y la sociedad civil. El fin esencial del actual
Estado nacional de competencia es hacer rentable al país en
el mercado neoliberal y optimizar las condiciones nacionales
de rentabilidad del capital trasnacionalizado. Para ello
lleva a cabo una permanente intervención económica, social,
política, ideológica, cultural y militar, y, si es
necesario, una guerra social interna para facilitar la
penetración y explotación trasnacional.
5º.
Mientras todo eso ocurre, criminalizan las protestas
sociales, violan gravemente los derechos humanos, disimulan
la impunidad, “aplican el derecho” a su arbitrio e incluso
lo invocan para actos claramente violatorios de la
Constitución y de las leyes de la República, y van
introduciendo lentamente en nuestro marco jurídico un
“derecho de excepción”. Por un lado le piden al pueblo
mexicano que “obre conforme a derecho”, y por otro actúan
violando sistemáticamente las leyes y la Constitución,
pretendiendo además legalizar la arbitrariedad. Así, con ese
doble rasero quieren esconder la violación o
desestructuración permanente del derecho público y privado,
civil y penal, y sobre todo del derecho Constitucional.
6º.
Y como si todo estuviera orquestado, pasan de sus conceptos
de “gobernabilidad democrática” a los de “gobernanza”. En
nombre de la “seguridad nacional” —al estilo de la
administración Bush— desatan una fingida guerra contra el
terrorismo, en la que tal vez a diferencia de aquél,
utilizan al Ejército, provocando relaciones de odio mutuo
entre éste y el pueblo, mientras alientan con sus políticas
públicas y privadas la corrupción de los partidos, los
Poderes de la Unión y de cuanto líder grande o pequeño se
preste a ser asimilado.
7º.
Con tamañas medidas, ellos mismos están conscientes que han
llevado al país a una crisis de las instituciones y a la
liquidación de una gobernabilidad mínimamente democrática.
Pero están listos a dar los pasos necesarios para tomar las
medidas político-militares contra la ciudadanía insumisa y
contra los pueblos indígenas autónomos que defienden sus
recursos, territorios y tierras, su cultura, vida y
dignidad.
8º.
Este proceso de ocupación integral se ha realizado con dos
armas tradicionales: la represión y la cooptación, el
autoritarismo exacerbado de Estado y la asimilación,
asociación y corrupción. Esta doble política busca hoy como
ayer que los propios mexicanos se atemoricen o se vuelvan
cómplices y socios menores de la pérdida y sometimiento de
nuestro país. Se aplica así de nuevo la política que un
presidente de Estados Unidos llamó “de la zanahoria y el
garrote”. El objetivo de la misma consiste, simultáneamente,
en sembrar el miedo y en comprar al temeroso, sumándolo o
sometiéndolo a los líderes-socios y a las fuerzas de apoyo
social, cultural, político, militar, para-militar y
económico del sistema. Esa política se aplica hasta en los
estratos más bajos y miserables de la sociedad, con más
miedo y menos pago.
9°.
El proceso de ocupación integral de México, sus
consecuencias y peligros, se advierte en prácticamente todas
las medidas que las fuerzas dominantes han venido tomando
desde los años ochenta, con base en un proyecto de
represión-negociación, en el que los acuerdos se logran con
la lógica pragmática de los oportunistas: “ganar algo hoy,
aunque se esté más sujeto, corrompido y amolado mañana”; y
aunque “mañana” los “gringos” y sus aliados ocupen mayores,
más y mejores posiciones, fuerzas, empresas y poder. Hecho
que se vuelve evidente a nivel mundial desde el 2005, año en
el que el gran capital y el imperialismo colectivo
encabezados por Estados Unidos han decidido aplicar (siempre
que la correlación de fuerzas lo aconseje) la nueva
“política de concesión cero” a los movimientos de pueblos
indígenas, ciudadanos y trabajadores que exijan el
cumplimiento de los derechos humanos integrales,
individuales y colectivos, civiles y políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales, nacionales, étnicos y de
género, alcanzados en luchas anteriores.
10º.
La persecución tiene en la mira a los insumisos que insistan
en la realización de un proyecto pacífico y legal que les
permita satisfacer los intereses generales y el bien de
todos, y acabar con el proyecto neoliberal que nos esclaviza
y coloniza, y que corresponde a una nueva política de
conquista integral y de “desarrollo del subdesarrollo”, de
destrucción de nuestro patrimonio natural, cultural,
científico, artístico y comunitario, así como de menoscabo
de las infraestructuras encaminadas a la solución de los
problemas sociales y nacionales, propios del interés general
y del bien común en México y el Mundo.
11°.
A contracorriente de la propaganda neoliberal, la nación
sigue siendo el espacio de nuestras luchas de resistencia, y
la base estratégica de nuestra articulación con las
resistencias de las naciones y los pueblos del mundo entero
al capitalismo. La disputa por la nación pasa por la defensa
de sus recursos naturales y estratégicos, por la lucha
contra la ocupación neoliberal de nuestros países. La
resistencia patriótica es fundamento de las transformaciones
democráticas y sociales de largo aliento, que nuestro país
requiere urgentemente.
12°.
Próximos a celebrarse el Bicentenario del inicio de la
Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución
Mexicana, los objetivos de construir una nación libre,
soberana y pluricultural y de garantizar la justicia social,
han sido traicionados y continúan siendo un pendiente
histórico. Peor aún, la creciente integración a Estados
Unidos, la subordinación a los intereses de las potencias y
las grandes corporaciones, la aplicación de las políticas
neoliberales que destruyen las conquistas sociales
históricas, y hoy la amenaza de imponernos un Plan México o
la “Iniciativa Mérida”, han venido alejando aquellos
objetivos por los que tantos cientos de miles de mexicanos
sacrificaron su vida.
Las dimensiones de
la ocupación
2. Cómo ocurre el
proceso de ocupación integral
13°
El territorio mexicano encierra enormes riquezas materiales
y culturales. Es una tierra con grandes reservas de agua y
un amplio espectro de minerales, que van del oro al uranio y
de los inorgánicos a los apreciados hidrocarburos. Con 2,7
millones de km2 de mar patrimonial y 9 mil
330 kilómetros
de costas, generalmente de aguas tibias, circundadas por
arrecifes coralinos y pobladas por especies marinas muy
variadas y valiosas, cuenta con un suelo fértil que dio
origen al maíz -amenazado hoy por la revolución verde, los
transgénicos y el TLCAN-, así como con cientos o miles de
especies más igualmente en peligro y muchas ni siquiera
identificadas por la ciencia, que hacen de México un área de
megadiversidad.
14°.
Al TLCAN, megaproyecto que aceleró el proceso de ocupación
contemporáneo, mediante la desregulación del patrimonio
nacional, la extranjerización total de la planta productiva
y la mercantilización del campo (la Madre tierra), se siguió
el Plan Puebla Panamá, proyecto de infraestructura para la
integración territorial, energética, biológica y
maquiladora, con el fin de resolver el déficit energético de
Estados Unidos, trasladar el problema de la migración y los
trabajos precarios hacia el sur —creando así una nueva
frontera de la conflictiva socioeconómica—, y para dejar en
manos del Banco Mundial, Conservación Internacional y otros
organismos similares la invaluable riqueza biológica del
Corredor Mesoamericano, que es pieza central de comunicación
y canal de alimentación y enriquecimiento entre las selvas
húmedas del norte de Chiapas (muy particularmente la
Lacandona) y del sur del Continente (la cuenca amazónica).
15°.
Estos megaproyectos, atravesados por el del corredor del
Istmo de Tehuantepec, son acompañados hoy por otros de
naturaleza distinta: los megaproyectos de seguridad, que
comprometen ya no sólo la soberanía alimentaria o económica
de México, sino íntegramente su soberanía como nación. La
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte
(ASPAN), que no es ni tratado ni acuerdo, para eludir la
sanción de la sociedad, pone en riesgo la vigilancia de
nuestras fronteras, y desde allí nuestra seguridad interior,
así como la independencia de las fuerzas de seguridad de
México, por una supuesta amenaza del terrorismo. Los cuerpos
de seguridad de Estados Unidos, en cambio, tienen la
facultad de actuar para garantizar la seguridad de la región
completa, con atribuciones en suelo mexicano, que son, por
decir lo menos, inconstitucionales. Curiosamente, se agregan
a la ASPAN, la integración energética (el saqueo de nuestros
hidrocarburos), tan delicada por el valor material y
simbólico del petróleo en México, y el libre tránsito de
especies (biopiratería legalizada).
16°.
Como si fuera insuficiente, en la actualidad se refuerza la
ASPAN con un Plan copiado de la triste y desastrosa
experiencia colombiana, la denominada “Iniciativa Mérida”,
que aportará recursos estadounidenses para el combate al
narcotráfico en México, pero que serán, como los créditos
atados, otorgados en especie y acompañados de las
instrucciones de uso y de los instructores estadounidenses.
El Plan México y las políticas de “inteligencia” y
“seguridad” que se están poniendo en marcha son una amenaza
a la sociedad mexicana. Se trata de romper tejidos
comunitarios, crear una cultura de la delación y sospecha, y
de convertirnos a todos en potenciales delincuentes a juicio
de algunas altas autoridades que nadie controla, que no
tienen sanción social, y que obedecen las directivas del
Comando Norte de Estados Unidos.
17°.
Saqueo económico hasta la última gota de
petróleo, hasta el último grano de maíz criollo, hasta el
último código genético, provenga de planta, animal o ser
humano; este es el escenario que se construye con los
megaproyectos económicos, y que se garantiza con los
megaproyectos de seguridad. Disciplinamiento social,
fragmentación, represión directa, selectiva, masiva,
mediática, subliminal, simbólica, hasta convencernos de que
aislados, solos y encerrados es como podemos construir
nuestra felicidad. Disuadirnos de actuar, atemorizarnos,
des-sujetizarnos, es el propósito. Colocarnos en la
situación de sospechosos, mediante el mecanismo “tolerancia
cero”, el operativo desmovilizador. La disolución de la
nación mexicana, el objetivo estratégico, y convertirnos en
“estrella” de Estados Unidos de Norteamérica, el “mejor
futuro posible”.
3. La dimensión
económica. Integración subordinada total
18°.
La economía mexicana se encuentra hoy mucho más integrada a
un proceso que inicia y termina fuera del país. Constituye
una pieza intermedia de un rompecabezas que se arma y se
decide en el extranjero y de acuerdo con una lógica ajena a
las necesidades y voluntades internas. El mercado interno es
alimentado por bienes importados y la producción interna
nutre las cadenas mundiales. Esto es signo de una pérdida de
autosuficiencia y, por tanto, de una vulnerabilidad
económica acrecentada. La incorporación al mercado mundial,
en la mayoría de los casos es a través de las filiales de
empresas extranjeras que operan en el país, y, cuando no,
sirve solamente para elevar la jerarquía de nuestros
supermillonarios en las listas de Forbes, nunca para
fortalecer la capacidad de autorreproducción y
autodeterminación de la nación mexicana.
19°.
La política económica, en un país que depende del exterior,
se orienta total y casi indiscriminadamente hacia la
obtención de divisas. Entregar los recursos petroleros,
gasíferos, agrícolas, mineros o cualquier otro, generando
incluso desabastecimiento interno, se justifica por la
obtención de esas divisas que, inexplicablemente, en vez de
aplicarse al bienestar nacional, se acumulan en las bóvedas
del Banco de México o se fugan bajo la forma de ganancias o
de abonos a la eterna deuda externa. Exportar jóvenes en
condiciones de alto riesgo para obtener remesas; exportar
petróleo, depredando el ambiente natural y social, y
vaciando aceleradamente los yacimientos; exportar trabajo,
realizado sin protección ni derechos, con salarios diez
veces menores que los del resto de América del Norte y con
jornadas de trabajo abusivas, maquilando productos de los
que no podemos hacer uso, porque son sólo una pequeña pieza
de un proceso ajeno: éstos son los pilares de la economía y
las finanzas del país.
20°.
El campo ha sido depredado: los campesinos han quedado sin
créditos y con tierras que se van reduciendo y desgastando,
acosados por los empresarios del agrobussines y por la
necesidad de explotar exhaustivamente sus parcelas, sin
permitirles descanso. Se ha perdido capacidad de
autosuficiencia y, simultáneamente, competitividad. Los
subsidios al campo se destinan a los grandes empresarios, en
vez de apoyar la producción campesina, que es la que más
conserva las especies criollas. Primero la revolución verde
y hoy la importación de granos de baja calidad, pero bajo
precio, y la introducción de transgénicos, han acabado con
el cuerno de la abundancia y diversidad del que nos
enorgullecíamos todavía en los años sesenta del siglo
pasado1. El debilitamiento de nuestra autosuficiencia
alimentaria tiene en enero de 2008 una fecha fatal: en
virtud del cumplimiento del TLC, los granos básicos (maíz,
frijol) quedarán, desde ese momento, absolutamente
desprotegidos. Serán arrasados por la falta de créditos o
subsidios, por los precios o por los cultivos transgénicos,
si los campesinos, que están acentuando sus protestas, no
son apoyados por la sociedad en su conjunto.
21°.
La deuda externa, de 42 mil 604.3 millones de dólares2,
motor original de la conquista financiera que imponía
créditos atados al modelo productivo del exterior, y hacía
depender cada vez más a los países endeudados de los grandes
prestamistas y de sus tasas variables, se acompaña hoy de
una abultada deuda interna de un billón 498 mil 608.3
millones de pesos3, construida con dudosos mecanismos, entre
los que destaca el rescate bancario. Podría afirmarse que
las deudas interna y externa conforman un mismo paquete que,
subdividido, crea la falsa ilusión de estarse liberando de
la sujeción externa, pero que, con la extranjerización del
sistema financiero, mantiene las finanzas del país, y en
general la política económica, sometida a las disposiciones
de los organismos acreedores externos, del FMI y del Banco
Mundial. Con la creciente deuda externa se impuso un nuevo
tributo colonial al pueblo de México. Paradójicamente, esta
deuda crece al mismo tiempo que se empieza a entregar el
petróleo al exterior (por inversiones en el sector). Esto
es, se abren simultáneamente dos canales de extracción de
nuestras riquezas que, en una espiral maligna, van secando
los pozos del patrimonio nacional.
22°.
La política monetaria, que debería responder a las
necesidades internas de ajuste, es prisionera del Banco
Mundial y del FMI, desde el momento en que se decretó la
autonomía del Banco Central. El gobierno mexicano pierde el
control de las políticas monetarias y se refuerza así la
aplicación de un proyecto colonizador, empobrecedor,
excluyente y desnacionalizador. Con la política de
endeudamiento externo-interno, y con la política que
determina el valor del peso como divisa, los grandes
monopolios y sus complejos militares-empresariales pueden
extender su fuerza, aumentar sus utilidades y propiedades a
discreción.
23°.
Ante una situación de abastecimiento del mercado interno por
importaciones, de un sector productivo en parte precarizado
y casi totalmente orientado a la exportación, con base en el
abaratamiento de salarios; con un turismo de enclave y con
una industria extractiva saqueada, así como con un sector
social desmantelado, las actividades que dinamizan el
empleo, y en las que se refugian los mexicanos que no
emigran, son cada vez más el narcotráfico, las actividades
ilícitas y deleznables, como la pornografía y la pederastia,
y los cuerpos de seguridad, que no dejan de crecer para
controlar el descontento frente a esta descomposición. ¿Qué
clase de sociedad se está conformando sobre estas rutas?
24°
La divisa privatizadora bajo el proceso de ocupación
neoliberal arroja un saldo escalofriante y aún está por
cobrar sus últimas cuentas. A estas alturas, más del noventa
por ciento de lo que alguna vez fueron empresas del Estado
han sido malbaratadas, en lo que ha constituido un negocio
redondo para empresarios nacionales y extranjeros, que
primero fueron subsidiados por ellas, luego las compraron
por debajo de su precio real, en algunos casos fueron
generosamente “rescatados” con fondos públicos, para luego
volverlas a comprar a precio de ganga. Ha sido así que
sectores como los bancos quedaron ya casi por completo en
manos extranjeras. Ahora se va por lo que queda como
pendientes de la agenda privatizadora, lo que pomposamente
se denomina como las reformas estructurales de “tercera
generación”, que además representan nichos seguros para la
inversión: la energía (petróleo y electricidad), la salud y
la seguridad social, la educación pública, el patrimonio
cultural, la biodiversidad y el agua. Es la privatización de
la vida, en contraposición a cualquier futuro de justicia,
equidad y bienestar social.
25°.
El petróleo, símbolo de la soberanía nacional desde el
momento de su expropiación y patrimonio esencial del pueblo
de México, ha sido objeto de una privatización hormiga,
mediante los contratos de servicios múltiples.
Simultáneamente, ha servido para financiar los gastos
gubernamentales a costa de su descapitalización, que hoy es
argumento para inyectarle inversiones privadas. Y de la
misma manera, la amenaza de privatización se cierne sobre la
electricidad y el agua. Sólo la resistencia activa mostrada
por diferentes sectores de la sociedad ha logrado detener
hasta hoy estos procesos, que son reclamados por el Banco
Mundial y los inversionistas interesados.
26°.
México enfrenta una crisis de agua, a pesar de su dotación
natural de ríos y lagos, contaminados, por cierto, en un 94
por ciento. En los últimos años han desaparecido cinco
lagunas y alrededor de 38 ciudades presentan problemas de
agua. Once millones de personas no tienen acceso a agua
potable y la conflictiva social por problemas relacionados
con el agua o con su utilización productiva, como es el caso
de la construcción de presas hidroeléctricas, se incrementa
proporcionalmente a su escasez.
27°.
Los largos años de ocupación neoliberal han dejado un
panorama desolador para la gente que depende de su trabajo
para vivir. Para los que tienen la fortuna de tener trabajo,
de 1982 a
la fecha el salario ha perdido el 70 por ciento de su poder
adquisitivo; es decir, se necesitaría un incremento del 200
por ciento para recuperarlo. Más de la mitad de la población
en edad de trabajar se encuentra en el desempleo, el
subempleo o, en el mejor de los casos, en la llamada
“economía informal”, como un fenómeno que ha adquirido
carácter estructural, incluyendo las cadenas “informales” de
producción o distribución de mercancías, en las que miles de
personas a domicilio o en pequeños talleres inhumanos,
producen o distribuyen por su cuenta para las grandes
compañías, marcas y tiendas de autoservicio, sin que éstas
los reconozcan como sus trabajadores.
28°.
Quienes encuentran “empleo” se enfrentan también ahora al
empleo precario: sin seguridad, sin prestaciones, con
salarios de hambre y en condiciones en general violatorias
de la Constitución y las leyes laborales. Para burlar sus
obligaciones e inhibir aún más la organización colectiva,
los patrones recurren crecientemente a la tercerización o
subcontratación. Por si fuera poco, existe una verdadera
campaña para hacer aparecer toda conquista laboral como un
privilegio, enfocada ahora especialmente a reducir los
derechos a una jubilación y pensión dignas. Para evitar las
violaciones a las leyes, la solución es fácil: cambiar las
leyes, y por ello se busca una reforma laboral que
institucionalice la flexibilización brutal que se ha venido
poniendo en práctica.
29°.
Como mancuerna de estas políticas neoliberales, se refuerza
aún más la ausencia de libertad de asociación sindical, que
en algunos casos se traduce en prohibición directa, como en
las maquiladoras. Actualmente la mayoría de los trabajadores
formales se encuentran bajo sindicatos y contratos de
protección patronal; esto es, pactados mafiosamente entre
“lideres” y abogados con los patrones, con el
desconocimiento absoluto de los trabajadores. El fenómeno de
la migración atañe a toda la población en el país, y está
generando serios problemas políticos, sociales y económicos,
obligando a plantear nuevas estrategias de convivencia
social.
30°.
El 17 por ciento de los migrantes mexicanos tienen entre 15
y 24 años de edad4. Solamente en el último sexenio, más de
tres millones y medio de mexicanos traspasaron la frontera
hacia Estados Unidos. Algunas estimaciones señalan que el
9.4 por ciento de los mexicanos se encuentran fuera del
país. Cerca de medio millón de connacionales fueron
detenidos en el 2006 en Estados Unidos y deportados hacia
México. Los emigrantes son también centroamericanos y
atraviesan nuestro país sufriendo maltratos y violaciones a
sus derechos humanos. Miles de hondureños, salvadoreños,
guatemaltecos y nicaragüenses son víctimas de violencia
física, extorsión, tortura y privación ilegal de su
libertad. Miles de mujeres han sufrido violaciones sexuales
y abusos por parte de autoridades mexicanas.
31°.
Las políticas neoliberales profundizan las migraciones y
provocan nuevas corrientes y patrones de movilidad laboral
hacia las regiones de agricultura comercial, ciudades
capitales regionales y de la frontera norte, centros
turísticos, reforzando la histórica marcha rumbo a Estados
Unidos. La fisonomía de los migrantes internos se
diversifica étnica y generacionalmente, y se feminiza, al
igual que la de los migrantes que cruzan la frontera hacia
Estados Unidos, que es cada vez más heterogénea social y
culturalmente: trabajadores del campo y la ciudad, clases
medias empobrecidas y sin empleo, sin olvidar los “cerebros”
fugados.
32°.
La xenofobia, casi siempre pensada hacia los extranjeros de
nacionalidades varias, no se ha reconocido hacia otros
migrantes internos que se desplazan por el territorio
nacional, y quienes igualmente son exteriorizados, atributo
para marcar diferencia, distancia y limitar derechos,
racializados y excluidos por sus orígenes regionales, y
estigmatizados como los de fuera en su propia nación. Es
evidente una relación entre exclusión neoliberal, xenofobia
y racismo, particularmente cuando se trata de los emigrantes
indígenas en contextos urbanos, o el paso de un tipo de
rechazo a otro, una vez que el otro se vuelve próximo y
ocupa un lugar, se fija y arraiga en el territorio. Los
excluidos pueden tener distintos nombres y procedencias
culturales, regionales y nacionales. La interioridad y la
exterioridad, así como la movilidad de las fronteras
étnicas, culturales y locales, regionales, nacionales y
transnacionales son constantes, como lo son sus cotidianas
transgresiones.
33°.
El racismo y la xenofobia pueden dirigirse a muy distintos
sujetos sociales internos y externos a la nación. El
neoliberalismo fragmenta espacios de relaciones, identidades
colectivas, la propia comunidad nacional y los movimientos
sociales. Mientras estos procesos de fragmentación separan,
se produce paradójicamente una homogeneización de las
condiciones sociales y formas de exclusión que igualmente
afectan a una diversidad de sujetos, y de las cuales pueden
surgir estrategias comunes que articulen las luchas
sociales.
34°.
En los últimos años se da por un hecho que México se
encuentra en plena “transición a la democracia”, si bien con
sus contradicciones, avances y retrocesos. En realidad no
existe tal transición a la democracia. La “alternancia” de
partidos y políticos no ha alterado la continuidad de las
políticas neoliberales, la persistencia de las estructuras
corporativas, la resistencia a saldar los crímenes del
pasado y la ausencia de mecanismos verdaderamente
democráticos, a través de los cuales la gente pueda
participar y decidir. Tampoco ha cambiado la violación
constante de los derechos humanos y las garantías
constitucionales, la falta de control de los medios masivos
de comunicación, la impunidad y la corrupción. Los comicios
se reducen a un circo electoral que va de reforma en
reforma, sin impedir la repetición del fraude, la falta de
respeto al sufragio efectivo, la posibilidad de que los
ciudadanos puedan votar por proyectos y no sólo por
políticos de uno u otro color, el derroche de recursos
públicos que se invierten en las campañas electorales y en
los aparatos partidarios —que se creen los dueños del país y
de la “democracia”—, sin propiciar la real disputa por el
poder y evitar la “alternancia” de las mafias narco-político-financieras
que predominan más allá de las fronteras partidarias. Para
que exista o, mejor dicho, para que pueda iniciarse una
verdadera transición a la democracia, es indispensable
primero una ruptura tajante, profunda, con el viejo orden,
el desmantelamiento de las añejas estructuras
antidemocráticas, comenzar a saldar decididamente los
grandes pendientes humanos, democráticos y sociales que
existen en el país.
35°.
Las fuerzas armadas, cuidadosamente preparadas para la
“guerra interna” y la contrainsurgencia, desde los tiempos
de las escuelas militares panamericanas dirigidas por
Estados Unidos, han pasado a ser verdaderos ejércitos de
ocupación, emplazadas en vastas regiones del país y en
prácticamente todas las regiones indígenas. Muchos de sus
altos mandos están, como los políticos civiles, asociados al
gran capital, en formas directas o indirectas. La
dependencia y vinculación de las fuerzas armadas mexicanas
con las estrategias militares y de inteligencia de Estados
Unidos, en el marco del ASPAN, y a través de la asistencia,
entrenamiento y apoyo de todo tipo de militares de ese país
a sus contrapartes locales, han cerrado el círculo de la
dependencia de México en el terreno militar, de seguridad e
inteligencia. La militarización de la seguridad pública y
los cambios legislativos para adecuar el marco
jurídico-constitucional del país a las exigencias
estadounidenses en materia de seguridad y terrorismo,
acentúan el carácter neocolonial de nuestra dependencia.
36°.
La televisión y “los medios”, que producen la “verdad
virtual”, a la manera de los antiguos magos de la India,
capaces de hipnotizar a multitudes enteras, van imponiendo
significados fabricados que sustituyen los sentidos comunes
construidos colectivamente y, consecuentemente, tienden a
borrar o parcelar las memorias y a generar una pasividad que
inhibe la autodeterminación como un proceso directo, activo
y participativo del pueblo de México.
37°.
Las elecciones han sido suplantadas en su añorado papel de
representación de la ciudadanía por el oligopolio de la
televisión, por el uso abierto y encubierto de múltiples
recursos de la cultura mexicana y estadunidense en materia
de trampas electorales y de “política sucia” antigua y
electrónica, para lograr los resultados deseados. A esto se
suma la influencia monetaria y la manipulación y violencia
de los poderes fácticos, que deciden en última instancia el
rumbo de la “transición democrática” y el carácter de la
alternancia. Los procesos electorales se transforman en
eventos mediáticos superficiales, en los que la oferta
partidaria no difiere en la sustancia, y sólo permite una
alternancia controlada por los grandes electores
neoliberales.
38°.
El Poder Ejecutivo sigue usando al presidencialismo, aunque
sin bases sociales y sin negociaciones para que se beneficie
por lo menos sectores de campesinos, trabajadores y clases
medias. El Poder Legislativo logra votos de unanimidad o de
mayoría suficiente para aplicar las políticas neoliberales,
entre pleitos por las curules y las “concesiones”, al tiempo
que una llamada “nueva izquierda”, políticamente correcta,
hace una oposición muy poco efectiva dentro del nuevo
sistema de “partidos de Estado” que encabezan el viejo PRI y
el restaurado PAN. El Poder Judicial toma algunas medidas
autónomas, a las que después hace ajustes, interpretaciones,
precisiones, con argumentos legales “magistrales”, en los
que echa abajo sus efímeras oposiciones.
39°.
Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la
aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son
inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales,
sociales y ciudadanos. Los partidos mexicanos son la
expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que
provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos, las
corporaciones, los monopolios mediáticos, el narcotráfico y
la delincuencia organizada. Esta crisis alcanza también a
los partidos de la izquierda institucionalizada, al ser
absorbidos en las reglas del juego que establece el poder, y
al dejar de ser portavoces de las causas populares y de los
movimientos sociales. Al divorciarse de la sociedad, estos
partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo,
el oportunismo y la corrupción.
40°.
Las políticas culturales del Estado mexicano y la
transnacionalización corporativa neoliberal a través de los
medios masivos de comunicación, la información y las
llamadas industrias culturales, se han venido apropiando de
la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. El
patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos
sus pueblos y componentes regionales, como soporte también
de sus identidades, está siendo sitiado por las
corporaciones transnacionales y por el uso privado que de él
hacen las elites políticas regionales, y por la industria
turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos
naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan
pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos
exóticos de consumo.
41°.
El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional
que han guardado las propias instituciones culturales del
Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en
defensa de este patrimonio nacional por instituciones como
CONACULTA, violando el marco jurídico existente, ha abierto
el camino a su privatización y desnacionalización. El
control de los medios de comunicación ha significado la
difusión de discursos y representaciones de un modelo de
vida, de ser y de pensar único, que niega y distorsiona las
especificidades y las diversidades culturales, y sus formas
propias de significar el mundo. La homogeneización y las
formas en que se mediatiza la creatividad popular y se
amenaza el patrimonio étnico–lingüístico–cultural de la
nación mexicana, son una estrategia de estos poderes para
disolver toda frontera política, ideológica y cultural que
pueda impedir el avance del capital transnacional. La
producción industrial y masiva de lo cultural promueve el
consumismo, el individualismo, la competencia y un supuesto
humanismo global y, consecuentemente, busca subsumir lo
colectivo, la solidaridad y la fraternidad, manifestando su
etnocentrismo y desprecio por las identidades de pueblos y
culturas, que han de ser el sustrato a partir del cual se
articulen otras identidades colectivas y un humanismo global
democrático construido en el diálogo intercultural.
42°.
En materia educativa, el proceso de ocupación está dirigido
fundamentalmente hacia dos objetivos: por un lado, ocupar
las mentes de los jóvenes, esto es, formar conciencias
adaptadas a una situación social determinada, y, por otro, a
producir la fuerza de trabajo necesaria, en función del
lugar que ocupa el país en la división del trabajo del
capitalismo internacional.
43°.
La ocupación en materia educativa ha quedado sancionada en
los tratados comerciales y de libre comercio. Antes de la
firma del TLCAN, bajo el salinismo, fueron modificados el
Artículo 3° constitucional, la Ley General de Educación, que
reglamenta dicho artículo y las demás leyes secundarias.
Esto es, que todo el marco jurídico y legal que regía el
sistema educativo nacional fue modificado en correspondencia
con las nuevas reglas introducidas por el TLCAN. La
repercusión más importante fue que dejó de concebirse a la
educación como un derecho social, y, por lo tanto, asequible
a todos, en todos sus niveles y formas, para convertirse en
un servicio; es decir, algo que puede ser privatizado, y
cuyo acceso dependerá de las posibilidades y preferencias
individuales del consumidor. Esto significa, en materia de
educación superior y media superior, anular la
responsabilidad social del Estado y, consecuentemente,
acabar con el principio de gratuidad.
44°.
El desmantelamiento del Estado benefactor y la imposición
del modelo neoliberal implicó la elaboración y la
instauración de nuevas políticas educativas, cuyo eje
conductor ha sido el discurso de la calidad, la eficiencia y
la competitividad. En nombre de la calidad se impulsaron
medidas y reformas que modificaron de manera sustancial los
esquemas de funcionamiento, las relaciones entre los
distintos actores educativos dentro y fuera de las escuelas,
los contenidos educativos y, de manera importante, los fines
de la educación en el país. Para lograr estos objetivos, se
han instrumentado los más diversos programas y políticas de
gobierno, como la carrera magisterial, los estímulos a la
productividad docente, o las “escuelas de calidad”6,
encaminados a ganar un mayor control político del sistema
educativo nacional, y una mayor subordinación de sus actores
sociales.
45°.
Los programas de estímulos a los maestros alentaron el
premio a la individualidad y a la competencia, eliminando la
solidaridad y cooperación académica, promoviendo con ello
una mentalidad empresarial, en la que los investigadores,
“por iniciativa propia”, buscan “nichos” en el mercado, para
colocar “el producto” o resultado final de su trabajo, pues
de ello depende en gran medida el monto del ingreso o
salario personal.
46°.
En este contexto, y como consecuencia de las restricciones
presupuestales a la educación pública, pero además bajo las
presiones de organismos financieros internacionales como la
OCDE y el Banco Mundial, se alentó a las universidades
públicas a diversificar sus fuentes de financiamiento; lo
que, traducido quiere decir por un lado imponer a sus
alumnos un aumento en el cobro de colegiaturas, y, por otro,
ponerse al servicio de las empresas que compararán los
productos universitarios por una buena cantidad de dinero.
En una palabra, estamos hablando de un proceso de
privatización de la educación superior. También, como
consecuencia del TLC, quedó abierto a la inversión privada
el mercado de la educación. Lejos de lo esperado, no
llegaron con abundancia los capitales extranjeros, pero los
inversionistas nacionales ocuparon rápidamente el nuevo
espacio que se abría. Así, entre 1990 y 2002 las escuelas
particulares de nivel superior pasaron de
800 a más de 2 mil, y la matrícula
privada creció de
22 a 33 por ciento respecto de la
matrícula nacional.
47°.
Como parte de esta misma tendencia general de privatización
y mercantilización de la educación, legitimada bajo el
discurso de la calidad, los gobiernos neoliberales dejaron
de impulsar el crecimiento de la Universidad Autónoma
tradicional que conocemos (cuyas tres funciones básicas son
la enseñanza, la investigación y la difusión de las
culturas), para promover, primero el crecimiento de la
universidad privada, la universidad a distancia y la
creación de Institutos y “Universidades” Tecnológicas. Estas
últimas han recibido un gran apoyo gubernamental en los
últimos años, y se han creado ya más de 100 planteles; sin
embargo, en realidad no son universidades (que cumplen
mínimamente con las tres funciones básicas ya mencionadas),
sino centros de capacitación y adiestramiento laboral
post-bachillerato, con ciclos cortos de educación, basados
en la nueva concepción de un profesionista deshumanizado y
sin conciencia histórica, con una concepción pedagógica
centrada en la enseñanza de manuales técnicos, y vinculados
directamente con las empresas privadas enclavadas en la
localidad, cuyos directivos deciden en última instancia los
programas de estudio y los perfiles profesiográficos de la
región.
48°.
Esta política de impulso a modalidades de educación
superior, distintas a la Universidad Pública Autónoma
tradicional, fue planteada de manera deliberada para
contener el crecimiento de la matrícula en las mismas,
evitando así por un lado los problemas que provocaría al
gobierno la presión de miles de jóvenes que no tienen la
oportunidad de continuar estudiando, aunque también para
cubrir con los requerimientos laborales que exige la cada
vez mayor complejidad tecnológica en el ámbito laboral. Para
que el país pueda atraer la inversión extranjera que busca
el gobierno, es necesario ofrecerles una mano de obra dócil
y bien capacitada.
49°.
Una de las consecuencias sociales más graves de la
aplicación de la política neoliberal en materia de
educación, ha sido la exclusión de miles de jóvenes a
ejercer su derecho a recibir educación universitaria. Ante
la creciente demanda de acceso, y para legitimar estas
políticas de exclusión, se optó, siempre bajo el discurso de
la calidad, por hacer más selectivos y rigurosos los
mecanismos de ingreso a las universidades. El argumento es
que sólo entren “los mejores”. Se esconde así el hecho
trágico de que en nuestro país sólo el 23 por ciento de los
jóvenes en edad de cursar estudios superiores, están
inscritos en el sistema educativo nacional.
50°.
En términos de “dominación ideológica”, toda la educación en
México, desde el nivel básico hasta el superior, está siendo
modificada por sucesivas reformas en sus contenidos y planes
de estudio. En esencia, todos los cambios tienen como
denominador común preparar a los alumnos para resolver
problemas técnicos concretos, manteniéndolos en un estado de
pasividad; es decir, sin conciencia crítica de sí mismos y
de la sociedad. Para esto se puede, y es necesario
prescindir del estudio de la historia, artes, humanidades;
pero es indispensable aprender a leer, a escribir
(habilidades en el manejo del español) y conocer los números
(habilidades en el manejo de la aritmética).7
51°.
En síntesis, el discurso neoliberal ha sido muy eficiente en
el campo de batalla ideológica, y en gran medida ha sido
exitoso en ocupar las mentes de los funcionarios, profesores
y estudiantes, para que en aras de “la calidad”, el
“desarrollo económico” y la “integración laboral”, apoyen
una educación desnacionalizada, con amnesia histórica y
funcional al modelo hegemónico vigente.
4. La dimensión
jurídica o normativa
52°.
En el periodo del 2000 al 2006, México tuvo la visita de 20
Mecanismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y
del Sistema Interamericano. De estos mecanismos se han
derivado 16 informes que dan cuenta de la situación de los
derechos humanos, en temas como tortura, migrantes,
discriminación, independencia de magistrados y abogados,
defensores de derechos humanos, vivienda adecuada,
desplazados, indígenas y violencia, entre otros. Sin
embargo, con todo ello el país ha venido acumulando una
cantidad enorme de recomendaciones, que no logran que el
gobierno dé pasos decididos para proteger debidamente los
derechos humanos en la vida cotidiana, pues aún se padecen
violaciones graves y sistemáticas, como son las ejecuciones
extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas,
además de la prácticamente nula garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales. Todo esto aunado a la
impunidad y a severos problemas de acceso a la justicia.
53°.
Violaciones graves de los derechos humanos que han quedado
impunes son las matanzas de Aguas Blancas, en Guerrero, en
1995; la de Acteal, en Chiapas, en 1997, y la de El Charco,
igualmente en Guerrero, en 1998; los más de 600 casos de
crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante
la guerra sucia de los años 60, 70 y 80; las agresiones y el
asesinato contra periodistas y medios de comunicación
social; la violación sistemática contra los derechos
individuales y colectivos de los miembros de los pueblos y
comunidades indígenas; la muerte y violaciones graves a los
derechos humanos de cientos de migrantes que intentan cruzar
las fronteras de Guatemala con México, y de México con
Estados Unidos, así como las violaciones a su derecho a la
seguridad jurídica y al debido proceso; el hostigamiento en
contra de las/los defensoras/es de derechos humanos; la
criminalización de la protesta social y la reciente
represión a los movimientos sociales, como han sido los
casos de Cancún (2003), Guadalajara (2004), y sobre todo San
Salvador Atenco (2006) y Oaxaca (2006), a los que podríamos
añadir la represión contra los obreros de la SICARTSA en el
2006, sólo por mencionar algunos. Todo esto es muestra de
que no se ha logrado atender de manera integral las
violaciones de los derechos humanos, mediante una adecuada e
imparcial investigación, garantías al debido proceso,
sanción y reparación de daños.
54°.
La impunidad continúa siendo una constante y es una muestra
de los pocos avances concretos en materia de derechos
humanos en México. Entre los casos paradigmáticos se
encuentran la discriminación y violencia de género en los
asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas que han
ocurrido no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino también
en otros estados de la República, como Sonora, Sinaloa,
Nuevo León y el Estado de México; la violencia de género
ejercida por militares en contra de indígenas en varios
estados del país; las violaciones a los derechos sexuales y
reproductivos, especialmente de las mujeres y los crímenes
de homofobia.
55°.
Al final de la administración foxista ocurrieron graves
atropellos a los derechos humanos por parte de las
autoridades estatales y federales, que recurrieron a la
represión policial como una medida para sofocar los
descontentos sociales en diversas regiones del país. En lo
que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad a favor
de los culpables de esas violaciones a las garantías
individuales y han ocurrido otras, como las detenciones de
los líderes sociales oaxaqueños, su internamiento
injustificable en penales de alta seguridad, los tratos
crueles, inhumanos y degradantes de los que han sido
víctimas estando en prisión, así como su posterior
consignación por el delito de secuestro equiparado a 67 años
y medio de cárcel; la muerte de la indígena de 73 años
Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica,
Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército,
así como los ya referidos atropellos del 14 de junio, 27 de
octubre y 27 de noviembre del año 2006, y los del 16 de
julio de 2007 en Oaxaca. Además, las autoridades han
exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su
responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de
violaciones a los derechos humanos. La exoneración por parte
de la Secretaría de la Defensa Nacional y un juez de
Saltillo, de catorce de los veinte militares en servicio
activo que el 11 de julio de 2006 participaron en los
delitos de violaciones sexuales (propios e impropios),
lesiones, intimidaciones y tratos crueles, inhumanos y
degradantes, así como la debilidad con la que actuaron los
organismos de procuración e impartición de justicia de
Coahuila.
56°.
En lo que va de la administración de Felipe Calderón, desde
su toma de posesión no hay tampoco determinaciones y
definiciones claras y contundentes de política pública al
respecto, y el tema apenas se incluyó en forma muy acotada
en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; por el
contrario, se ha incurrido en prácticas como el notable
incremento del empleo de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad interna, así como la aceptación tácita de la
criminalización de la protesta social que, se sabe desde
siempre, propician violaciones masivas a las garantías
individuales, las libertades y los derechos políticos. Es
más, con el pretexto del combate a la delincuencia
organizada ha llegado a proponer reformas penales contrarias
a la Constitución, que comprometen gravemente la vigencia de
derechos humanos fundamentales, y en la última reforma que
realizó el Senado al Código Penal Federal, se asimiló de
manera confusa al delito de terrorismo la protesta social
pacífica y el derecho a la manifestación pública. Todo ello
ha hecho pensar en el propósito del régimen de montarse
sobre el reclamo de la sociedad de ver satisfecho su derecho
a la seguridad, para deslizarse hacia un gobierno cada vez
más autoritario y represivo.
5. La lucha por la
independencia y la soberanía nacional sigue
Ante esta situación de
verdadera emergencia nacional en que nos encontramos,
llamamos a todas las fuerzas patriotas y nacionales a
continuar con el proyecto de lucha, que puede y debe ser
pacífico, por la democracia. Conscientes de que el anhelo
histórico de México consiste en estructurar un país soberano
y democrático, que permita a todos los integrantes de su
nación su pleno desarrollo, en su unidad y en su pluralidad,
en sus comunidades y para todos y cada uno de sus miembros.
Ello significa impulsar la solidaridad y el apoyo entre los
componentes de la sociedad.
Es necesaria e
impostergable la organización de comunidades autónomas en
todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen
y se autogobiernen democráticamente para la
producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus
artículos de primera necesidad, su educación y
concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para
la defensa de la vida, del patrimonio público, de los
pueblos y de la nación, para la preservación del medio
ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de
los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias
ideológicas y de valores compartidos.
Llamamos respetuosamente a
las comunidades existentes, o a quienes tomen las
iniciativas de sus propias organizaciones, a ejercer en todo
momento la democracia como libertad, como pluralidad de
creencias filosóficas y religiosas, como honestidad
individual y colectiva, con claridad en el manejo de los
fondos y recursos públicos o colectivos; como
desmercantilización de servicios, que sólo pueden darse
aumentando la cultura comunitaria y las relaciones de
interés social general.
Llamamos respetuosamente a
esas comunidades a no embarcarse en discusiones abstractas o
dogmáticas sobre las mejores formas de organizarse. Todas
las experiencias muestran que para los propósitos
emancipadores, la lógica de la combinación de fuerzas y
organizaciones es más eficaz, cuando lo principal es lograr
objetivos comunes. Según su historia, conocimiento y
experiencias de organización y lucha, cada movimiento
escogerá las organizaciones jerárquicas para fines de
defensa, en tanto para esos fines éstas revelen ser las más
eficaces. Y lo serán siempre que entiendan el “mandar
obedeciendo” como los lineamientos generales que les dan las
bases, e informando a éstas de sus actos, sin salirse de
esos lineamientos. Y, en todo caso, proponer los cambios
necesarios a las bases y darles la última palabra en la
decisión.
Al mismo tiempo que
llamamos a la unidad en la diversidad de las fuerzas
patriotas y liberadoras, pedimos que reflexionen sobre la
importancia que para la lucha por la independencia de la
nación, para la democracia en México y para un nuevo
socialismo tiene la construcción de alianzas, frentes o
bloques, en los que los trabajadores y pueblos marginados,
excluidos y discriminados tengan, dentro de las
organizaciones alternativas, un peso real y moral efectivo,
por su fuerte presencia, y por la decisión inquebrantable de
no traicionarlos a la hora del triunfo, como ha ocurrido en
el pasado, en que se les usa y mediatiza a la hora de las
luchas liberadoras y se les olvida y abandona a la hora de
los triunfos.
Ninguna alianza, frente o
bloque construirá otro mundo posible y mejor que se encamine
a la emancipación humana, si no tiene física y moralmente
presentes a los pobres de la tierra y a quienes están
decididos a echar su suerte con ellos. Cabe recordar que
muchos grandes latinoamericanos cumplieron con ese propósito
que Martí precisó para las luchas de nuestra América.
No son tolerables ni
morales ni “políticas” ni “realistas” más burlas a los
pueblos indios y a los trabajadores proletarios, que siempre
han sido utilizados como carne de cañón o como instrumento
por quienes, cuando triunfan, los dejan en iguales o peores
condiciones de exclusión y discriminación, hechos
vergonzosos que se dan desde la lucha por la independencia
de México hasta la traición colectiva a los acuerdos de San
Andrés. Impedir que esas traiciones se repitan es posible, y
si no se cumplen al pie de la letra, otro mundo mejor será
imposible.
No nos engañemos y no nos
engañarán: México hará una gran contribución a la liberación
humana.
Juntos luchamos, juntos
ganaremos, gobernaremos juntos.
Paz con
Democracia”
Notas:
1 En el momento en que se rompe la
autosuficiencia alimentaria, o incluso como parte de los
mecanismos que la precipitan, se inicia la importación de
maíz de baja calidad para forraje y las políticas de dumping
que no solamente arruinan a los campesinos, sino que
facilitan la erradicación de especies nativas de mucho mayor
calidad nutricional, pero de menor rendimiento productivo.
Actualmente se importan alrededor de 10 mil toneladas., un
tercio del maíz que se consume en el país.
2 Es el saldo de
la deuda externa neta del sector público federal. Datos del
Banco de México a junio de 2007.
3 Deuda interna
neta del sector público federal al cierre de julio del 2007.
4 Según expertos
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
5 Ver datos de
Sin Fronteras I. A. P. y Frontera con Justicia A. C.
6 El programa de
“escuelas de calidad”, por ejemplo, otorga recursos
adicionales a las escuelas de educación básica, con el
objetivo de mejorar las condiciones infraestructurales de
las mismas; sin embargo, por un lado está basado en una
relación comercial, mediada por el dinero, entre el gobierno
federal, el local y los distintos actores de la escuela
(docentes, estudiantes y familias), y, por otro, profundiza,
en lugar de subsanar las desigualdades existentes, ya que el
programa establece que la cantidad de recursos que aportará
la federación dependerá de la cantidad de recursos que
aporte la propia escuela. Como resultado, las escuelas que
más dinero pueden aportar, más recursos reciben, y
viceversa.
7 Este es el
sentido de la última reforma realizada a la educación
secundaria (la RIES, Reforma Integral a la Educación
Secundaria), que entró en vigor a partir del ciclo escolar
2006-2007.
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