México-Estados Unidos: la sardina protege al tiburón
John Saxe-Fernández1
-
La
privatización de PEMEX consiste en aumentar la
extracción de gas y petróleo a como dé lugar,
mediante recursos públicos mexicanos, para
subvencionar los negocios de firmas nacionales
y/o extranjeras que operan al margen de la
Constitución
“El
reto es cómo esta riqueza, el petróleo, debe
orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad
energética nacional de nuestros principales socios
comerciales”.2 Con estas palabras, Raúl
Muñoz Leos, el ex gerente de Dupont designado por el
presidente Vicente Fox (2000-2006) al frente de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), sintetizó de manera
diáfana lo que Aníbal Quijano denomina la
“colonialidad”3 que caracteriza al
esquema oligárquico-imperial vigente en
Latinoamérica. La frase también retrata el
pensamiento de la cúpula de los dueños del poder
político en México, los neo-porfiristas4
que, desde la crisis deudora de 1982, han
hegemonizado el Estado y prevalecido en la
instrumentación del recetario político, económico y
de seguridad e integración regional energética
dictado por Washington.
El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) fue
establecido entre la clase dominante de una potencia
dominante y las clases gobernantes de dos economías
menores subordinadas a ella, la canadiense y la
mexicana. Las asimetrías entre el hegemón y sus
socios comerciales son abismales: la economía de EU,
determinada por una estrecha relación –una virtual
simbiosis– entre su aparato empresarial de corte
monopólico y su sector estatal, se ha caracterizado,
desde la Segunda Guerra Mundial, por la permanente
movilización bélica-industrial. Su PNB ya rebasa los
13 billones (13 millones de millones) de dólares y
su gasto público es récord: sólo el del gobierno
federal se estima en 3 billones de dólares en
2008-2009, lo que equivale al PNB de Alemania. La
erogación en el rubro “seguridad” es de 1 billón de
dólares, mayor al PNB mexicano. La cifra es superior
al expendio combinado en ese rubro del resto del
mundo.
Durante el limitado
debate que se suscitó en México antes de la
formalización del TLCAN, un empresario llamaba la
atención a quienes minimizaban la asimetría entre
las dos economías utilizando parámetros como el PNB,
arguyendo que la mexicana sólo era menor a la
estadunidense una veintena o treintena de veces. El
empresario señalaba que la distancia es mucho mayor:
basar la diferencia en el PNB equivaldría a medir la
riqueza comparativa de dos personas de acuerdo a los
pagos de intereses que perciben anualmente, en lugar
de comparar la riqueza real acumulada por cada una
de ellas. Sería mejor, en cambio, comparar la
riqueza de los dos países, que incluye el valor
monetario de carreteras, puertos, aeropuertos,
edificios, plantas industriales, sectores
habitacionales, flota vehicular y otros bienes. Con
esta medición5, se estima que la riqueza
acumulada en EU es 200 o 300 veces mayor que la
mexicana. El empresario se preguntaba: “¿se
asociaría usted con alguien 250 veces más rico? De
hacerlo, ¿sería usted realmente su socio o su
empleado?”.6
En el contexto del
TLCAN como iniciativa e instrumento de proyección de
poder de clase, conceptos como “presidencia
imperial”, y su relación con el capital monopólico,
o la noción de imperio con “imperialismo”7,
resultan más adecuados para describir y explicar
estos mecanismos de “integración” comercial y
energética. Alejándose del “globalismo pop”, varios
estudiosos se preguntaban: ¿después de todo, qué es
lo que distingue a un imperio de una alianza o un
tratado de libre comercio? Su respuesta resulta
crucial: “un imperio es el principal actor en el
sistema internacional y su poder está basado en la
subordinación de diversas elites nacionales que, ya
sea bajo compulsión o por convicciones compartidas,
aceptan los valores de aquellos que gobiernan al
centro dominante o metrópolis. La inequidad de
poder, recursos e influencia es lo que distingue a
un imperio de una alianza (aunque los tratados de
alianza a menudo formalizan o sirven de disfraz para
una estructura imperial)”.8 Este es el
caso del TLCAN y de la Alianza para la Seguridad y
la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN).
La naturaleza
parasitaria del capitalismo monopolista y su
economía permanente de guerra observa dos
vertientes: la interna, en el sentido apuntado de
depredar los recursos humanos, materiales y de
capital fresco, y la externa, dirigida a subsanar el
deterioro de las reservas nacionales de
abastecimientos de materia prima estratégica, por la
vía de lanzarse sobre las líneas de menor
resistencia. Reagan impulsó un amplio esquema de
guerra política al interior de la estructura de
poder de Arabia Saudita, principal productor de
petróleo del mundo, para inducir mayores
exportaciones de crudo. Logró abatir los precios.
Algo similar se hizo en México, desde tiempos de
Díaz Serrano en PEMEX, intensificándose la
privatización de facto y el desmantelamiento de la
empresa bajo un guión elaborado por el Banco Mundial
(BM). En la Venezuela de antes de Chávez ocurrió lo
mismo; en este caso se trata de la mayor reserva de
petróleo convencional de todo el hemisferio
occidental –y probablemente del mundo–, por lo que
los intentos y programas del presidente Hugo Chávez,
orientados a la recuperación del patrimonio
nacional, enfrentan una sistemática ofensiva
política y cuasi-militar por parte del aparato de
seguridad de EU.
En lo relacionado
con el intento de estimular otras fuentes de
abastecimiento petrolero y de gas geográficamente
localizadas en América Latina y el Caribe (México –y
el Golfo de México–, Canadá, Venezuela, Colombia,
Bolivia, Ecuador), se procedió con el diseño y
despliegue de instrumentos político-económicos y de
seguridad, estimulándose la creación de mecanismos
de integración profundamente asimétricos.
Durante el gobierno
de Bush Jr. se acentuó la política reaganiana de
agresión ambiental y deterioro presupuestal de los
programas de investigación y desarrollo (IyD) de
alternativas energéticas. El acceso logrado por el
BM al proceso de toma de decisiones en México por
medio de préstamos altamente condicionados, así como
la inducción para que PEMEX restringiese su programa
de mantenimiento y, desde luego, de ampliación de la
planta refinadora y aumentara inusitadamente las
exportaciones de crudo,9 entre otros
factores importantes, alentó la tendencia
parasitaria de EU en relación con su socio comercial
y «aliado geopolítico al sur de la frontera», una
frase que empezó a popularizarse desde tiempos de
Bush padre, y que su hijo ha retornado, impulsando
el acuerdo energético de la América del Norte
diseñado en función del voraz apetito de crudo y gas
natural de EU,10 con el entusiasta y
torpe endoso de Fox y Calderón, quienes han seguido
el ímpetu entreguista de sus antecesores, De la
Madrid, Salinas y Zedillo. En los dos últimos años
de su periodo Fox aspiró a dejar irreversiblemente
avanzada la entrega de PEMEX-CFE y Compañía de Luz y
Fuerza a empresas extranjeras e integrado el país a
la mencionada ASPAN, una iniciativa bloquista de
viejo cuño colonial que abate la soberanía mexicana
y canadiense so pretexto de la «seguridad de la
América del Norte» y que requiere «contar con
medidas coordinadas y sin fisuras, dentro y más allá
de nuestra fronteras, para ofrecer a nuestros
pueblos y a nuestra infraestructura el máximo nivel
común posible de protección contra terroristas y
otros criminales, así como contra desastres
naturales comunes».11
Detrás de esta
Alianza hay un gran esfuerzo diplomilitar que se
intensificó pocos meses después de firmado el TLCAN,
que los hacendistas locales presentaron a la opinión
como un esquema meramente comercial. En materia de
integración –y absorción–, hay continuidad entre
republicanos y demócratas. En mayo de 1994 el
Secretario de Defensa de Clinton visitó Ottawa y
desde ahí insistió de nueva cuenta en la necesidad
de «complementar al TLCAN con una integración
militar para América del Norte y el hemisferio
occidental».12 Mientras el secretario de
Defensa William Perry hacía estas declaraciones, el
Congreso de EU votaba negativamente la propuesta
para cerrar la Escuela de las Américas de Fort
Benning, conocida en Panamá como la «escuela del
terror institucionalizado».13
La Alianza es la más
reciente expresión de esa aspiración imperialista de
agregar, al manejo comercial, financiero y de
inversión, la sombrilla de la seguridad. El TLCAN es
mucho más que un mero asunto comercial.14
La metástasis del TLCAN rápidamente se trasladó del
comercio a otros de sus objetivos centrales: el
dominio irrestricto sobre la Inversión Extranjera
Directa (IED), la estrategia monetaria, la
instauración de candados al nivel de seguridad
nacional y el manejo, administración y usufructo del
espacio geográfico mexicano y sus vastos recursos
humanos, minerales y de combustibles fósiles.
La Alianza no es la
misma gata, revolcada. Contiene nuevos elementos de
sometimiento enarbolados bajo la sangrienta bandera
del 11-9. Además de colocar bajo el aparato de
seguridad nacional de EU el manejo de los
movimientos de personas, bienes y servicios que
cruzan las fronteras, la iniciativa insiste en el
aperturismo a favor de empresas de EU en México,
especialmente «en comercio, investigación y
educación». Se incluye la instalación de cinco
estaciones del sistema de localización satelital en
Canadá y México para incrementar la precisión de la
navegación aérea en América del Norte y la
armonización de estándares de navegación. Se
mencionan estrategias para la siderúrgica, la
creación de un consejo automotriz trinacional para
identificar los temas que tienen impacto sobre la
industria y la de autopartes, mientras promueve de
manera central la integración energética, bajo la
retórica manejada por el BM de un esquema
sustentable, dirigido a «crear las condiciones
políticas que promuevan el abasto y uso sustentable
de energía». La propuesta promueve la posibilidad de
un esfuerzo trilateral de «confiabilidad eléctrica»
y una mayor cooperación en el intercambio comercial
de inversión en gas natural.15
Ésta es la sombrilla
de seguridad nacional para profundizar la ofensiva
empresarial-petrolera de la Casa Blanca sobre los
recursos energéticos de México y Canadá, encabezados
al sur del Bravo por la empresa de servicios
petroleros Halliburton.
En mayo de 2004 John
Gibson uno de los sucesores de Dick Cheney como
presidente y CEO de Halliburton, dio a conocer que
su empresa había recibido un contrato de dos años
–parte del rosario de 156 contratos de Halliburton
con PEMEX valorados en 1,222 millones de dólares
desde que Fox llegó a Los Pinos hasta mayo de 2005–
para la perforación de 27 pozos del proyecto Iride-Samaria.
Gibson considera que ésta es una operación que
«amplía la ya importante relación» de Halliburton
con PEMEX, «y solidifica nuestro crecimiento en este
muy importante mercado».16 Ello porque se
trata de una alianza estratégica, en este caso en
torno al primer proyecto de servicios integrados
PEMEX-Halliburton encaminado al aumento de la
extracción del crudo mexicano y al uso de tecnología
de punta, meta central del esquema energético para
la América del Norte de Bush-Cheney, centrado en
aumentar la oferta de crudo y, de paso, hacer buenos
negocios. En relación con estas alianzas
estratégicas que el liderato privatizador-neoliberal
que maneja PEMEX también se está planteando en
relación a la exploración y explotación del petróleo
localizado en aguas profundas, el analista Víctor
Rodríguez Padilla advirtió que cualquier tipo de
alianza con empresas extranjeras en exploración y
producción implica compartir los resultados en
producción o en valor, situación que no permite la
Constitución en su artículo 27: «Las alianzas
tecnológicas son una ficción y están diseñadas para
compartir los resultados de la exploración y
explotación», por ello, para poder realizar estas
asociaciones se tendrían que hacer modificaciones a
la Constitución y en caso de que así sucediera se
allanaría el camino para entregar concesiones.17
Información recabada
por el analista Israel Rodríguez indica que, aun
bajo estas limitaciones legales y constitucionales,
PEMEX, además de la magna operación con Halliburton,
adjudicó el primero de noviembre de 2004 un contrato
multianual a la empresa franco-estadunidense
Shlumberger, para la perforación de 350 nuevos pozos
en la Cuenca de Burgos, localizada entre Tamaulipas,
Coahuila y Nuevo León. El acuerdo tendría vigencia
hasta el 15 de julio de 2007 y es de los más
cuantiosos.18 Pero estos ejemplos no son
más que la punta del témpano del proceso de
«desmantelamiento hormiga» que forma parte central
de la agenda neoporfirista para el complejo
petroeléctrico mexicano, es decir, PEMEX Comisión
Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza
del Centro, cuyos parámetros centrales han sido
delineados por el BM y cuya infraestructura ahora
estaría bajo la vigilancia tripartita del tiburón y
las dos sardinitas vecinas.19
En materia de
petróleo, gas y electricidad, Fox, como sus
antecesores neoporfiristas, responde a intereses
extranjeros y a los de una cúpula de hombres de
negocios local, intermediaria en los lucrativos
negocios de la compra-venta de México. Su agenda
profundiza los dispositivos puestos en marcha desde
los años ochenta para la desarticulación
administrativa y financiera y la inducción de la
privatización y extranjerización del complejo
petroeléctrico. Por ejemplo, el desfinanciamiento
crónico de PEMEX-CFE, por la vía de un focalizado
ataque fiscal, que promueve su creciente
endeudamiento. Hoy, gracias al esfuerzo acumulado de
20 años, PEMEX, con una integración vertical
debilitada por diseño del BM, es la empresa
petrolera más endeudada del mundo.
Los Proyectos de
Impacto Diferido en el Registro del Gasto, o
Pidiregas, han sido usados para impulsar la
privatización del sector. Ya en 2005 una gran
proporción del presupuesto de PEMEX se dedicó al
pago de los Pidiregas: tres mil millones de un total
de 10 mil millones de dólares. Datos de PEMEX
Exploración y Producción, indican que de 2001 a 2004
se destinó 75% de la inversión al pago de la deuda.
Las urgentes necesidades de EUA en torno a su
exorbitante consumo de combustibles fósiles y su
estrategia orientada a diversificar las fuentes de
suministro forman el núcleo de la agenda de la Casa
Blanca/ Los Pinos. Además, el impulso de Bush, Fox y
Calderón a la privatización de PEMEX consiste en
aumentar la extracción de gas y petróleo a como dé
lugar, por la vía de usar los recursos públicos
mexicanos para subvencionar los negocios de firmas
nacionales y/o extranjeras que operan en PEMEX, al
margen de la Constitución. Es el caso de Cantarell,
el principal campo petrolero del país localizado en
la bahía de Campeche, cuyo orden de magnitud
original se estimó en 35 mil millones de barriles en
1979. Sometido a una sobreexplotación, su producción
empezó a declinar en 1996 por lo que al año
siguiente, con el respaldo del BM, del Departamento
de Energía (DdE) de EU y del entusiasmo entreguista
de Zedillo, se diseñó un contrato de 15 años, a
favor de un consorcio integrado por BOC Gases,
Marubenti Corporation, Setcoast Energy, ICA Fluor
Daniel y Linde para inyectar nitrógeno e incrementar
la producción, que en 2002 llegó a 1.88 millones de
barriles diarios, el doble de lo producido en 1995.
La agenda de Fox y Calderón, que es la del BM,
incluye de manera prominente los Contratos de
Servicios Múltiples (CSM), especial aunque no
exclusivamente en torno a la explotación del gas no
asociado de la Cuenca de Burgos que fue dividida –y
subastada– en siete bloques: Repsol-YPF se encarga
del bloque Reynosa-Monterrey; a Teikoku Oil de Japón
y Grupo Diavaz de México se les asignaron Cuervito y
Fronterizo. Tecpetrol, domiciliada en Argentina,
junto a Industrial Perforadora de Campeche, ganaron
el contrato para la Misión. Fox inauguró el año 2004
otorgándole al grupo Lewis Energy de Texas el CSM
para Olmos el 9 de febrero. En medio del aplauso de
la Casa Blanca y de la censura del Senado mexicano,
la racha antinacional panista continuó impertérrita.
Se asignó el CSM de Pandera-Anáhuac a Industrial
Perforadora de Campeche y Compañía de Desarrollo de
Servicios Petroleros. En 2005 se entregó Pirineo y
Monclova. No son necedades panistas, sino
oportunidades empresariales y necesidades
geoestratégicas de EUA derivadas de su despilfarro
energético. Fox seguido por Calderón impulsan las
reformas estructurales del BM encaminadas a dar
cobertura legal a a las inconstitucionales
operaciones en curso.
El “mercado” (léase,
empresas como Repsol) se encarga de los grandes
negocios del gas (regasificación, distribución,
etc.) a lo largo y ancho del país, especialmente en
la frontera norte: en Altamira están Royal Dutch,
Shell, Total y Mitsui con la participación de Unión
FENOSA de España; en la Costa Azul, Sempra Energy y
Royal Dutch Shell; en la Península de Baja
California, cerca de las Islas de Coronado, Chevron-Texaco;
en Lázaro Cárdenas, Repsol-YPF; en Tijuana, Maratón
con Golar LNG Limited y Grupo GGs; en Sonora, DKRW
Energy.
El «México Country
Analysis Brief» del Departamento de Energía de EU
(noviembre de 2004) apoyaba entusiasta la gestión de
Fox ya que sus iniciativas, como los CSM (que son
las de la Casa Blanca y su BM), «aparecen como un
paso positivo hacia la apertura gradual de la
producción de gas natural de México a favor de las
compañías privadas extranjeras». Bush, Cheney,
Halliburton y su subsidiaria, Kellog, Brown and Root,
Bechtel y las petroleras, gaseras y empresas
eléctricas asociadas –y otras como Repsol e
Iberdrola de España– mostraron alegría y
agradecimiento con el ex gerente de la Coca Cola que
se sentó en la silla presidencial con el voto
ciudadano. Pero ahora impulsan un despojo mayor bajo
el eufemismo de una “reforma estructural
energética”. Lo quieren todo y lo quieren “hoy hoy
hoy”.
1
Docente e Investigador de la UNAM. Es autor, entre
otros de
Petróleo y Estrategia (Siglo XXI, 1980;
La Compra-Venta
de México,
(Plaza & Janés, 2002),
Terror e Imperio
(Random
House, 2006).
2
Raúl Muñoz Leos, citado por Rafael Decelis
Contreras, “Misivas sin Respuestas II”,
Costa-Amic Editores, México 2004 p. 3
3
Aníbal Quijano,”América
Latina en la economía mundial”,
Problemas del Desarrollo, Vol. XXIV, N.95, México,
Octubre-diciembre 1993; “Coloniality
of power and its institutions”, University of New York at Binghamton, Nueva York, April, 1999 (mimeo).
4
Uso el termino de “neoporfiriato” en lugar de
“neoliberalismo”, para centrar la atención en la
dimensión librecambista, del
laissez-faire decimonónico que en gran medida se reproduce
actualmente. Se considera también que los liberales
decimonónicos tenían más sentido de la patria y
además propiciaban la separación de la Iglesia y el
Estado y la educación pública laica, en contraste
con el actual liderato.
5
El cálculo se basa en metodología elaborada por
Seymour Melman del Departamento de Diseño Industrial
de Columbia Univeristy –Nueva York. S. Melman,
Profits Without Production,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press,
1987.
6
Me he referido extensamente a este asunto en John
Saxe-Fernández, “After the Cold War. New Strategies in Latin American-United
States Relations”, International Journal of politics culture and
society, Vol.8, N.2, Winter 1994, New York, p 232 y
ss.
7
John Saxe-Fernández, “La Presidencia Imperial
en México”,
Nueva Sociedad, N. 188, Caracas, 2003; John Saxe-Fernández,
“Irak & Gewaltgeschäfte”,
Das Argument N. 263, Berlín, 2005, pp 108-116. John
Saxe-Fernández, “Presidencia
Imperial y Capital Monopolista”, Mundo Siglo XXI, N. 4 Primavera de 2006, México Instituto Politécnico
Nacional, pp 13-19.
8
Es una noción que contrasta con el manejo ideológico
y sesgado que dan Negri y Hart al término. Para una
aclaración consultar Lloyd Gardner and Marilyn B.
Young, et al,
The
New American Empire,
New York, London, The New Press, 2005 p xii-xiii.
9
Algo similar trató de hacer Washington con Pdvsa, la
empresa petrolera venezolana. No obstante, los
venezolanos lograron adquirir empresas
distribuidoras de gasolinas y otros derivados del
petróleo en EU, manteniendo esquemas de refinación.
En contraste, PEMEX fue sometida a restricciones
severas por lo que se refiere a la inversión en el
mantenimiento y ampliación de la planta refinadora.
10
Sobre este diseño imperialista consultar John Saxe-Fernández,
Petróleo y estrategia,
México, Siglo XXI,1980.
11
Sección del texto oficial de ASPAN, citada por José
Carreño,
Atan seguridad y mejora económica a proyecto regional,
El Universal, 27 de junio de 2005, p. A18.
12
J. Saxe-Fernández, “La
seguridad internacional: consecuencias para el NAFTA”, Excélsior, 31 de mayo de 1994, p. 7 A.
13
El Financiero, 24 de mayo de 1994, p. 54.
14
La visión de estrecho economicismo fue popularizada
por medio de una masiva campaña de convencimiento
desplegada durante el régimen de Salinas, por
personajes como Serra Puche desde una Secretaría de
Comercio que parecía un apéndice vergonzante y
vergonzoso del Departamento de Comercio de EU.
15
Carreño,
op.
cit.
16
Scandinavian Oil and Gas Journal.
17
Citado por Israel Rodríguez,
Carece Pemex de marco legal para hacer alianzas con
otras petroleras,
LaJornada,
8 de febrero de 2005.
18
Id.
19
En
La
compra-venta de México,
op.
cit.
*
México. Entre el acoso y la resistencia.
(Suplemento de La Jornada 18/03/08)
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