México. La entrega del petróleo:
quiénes, por qué, para qué
Adolfo
Gilly*
06/07/08
Reproducimos
a continuación el texto de la intervención de Adolfo
Gilly en el Debate Universitario sobre la Reforma
Energética, celebrado en el Centro Cultural
Universitario, Tlatelolco, Mesa 21, “Consecuencias
políticas, jurídicas y sociales de la reforma
petrolera”, el pasado 27 junio de 2008.
La reforma
energética propuesta por el Poder Ejecutivo ha sido
demolida en cada uno de sus puntos y motivos a lo
largo de los debates públicos de estas semanas,
junto con los argumentos de sus partidarios puestos
a defender una falacia. Ha quedado como lo que es:
una tentativa de despojo y privatización de la
riqueza petrolera mexicana. No tiene caso venir a
repetir lo ya dicho. Me basta hacer mías, entre
tantas otras, las razones y las pruebas aducidas
días atrás por
Javier Jiménez Espriú en impecable escrito.
En cuanto a la
situación de hecho, es la siguiente. Después de 36
años, las grandes empresas del petróleo regresan a
Irak. Después de 70 años de la expropiación de 1938,
en medio de la actual fiebre especulativa mundial en
el mercado petrolero, esas empresas se disponen a
regresar a México pasando por encima de la
Constitución y de las leyes de esta nación.
Pero aquí no
hubo, como en Irak, guerra o invasión extranjera. Lo
que tuvo lugar es un cambio de mando del Estado. La
vieja y exhausta clase dirigente, cuyo modo político
de ejercicio y de negociación del mando se encarnaba
en el PRI y en sus tratos con el antiguo PAN, ha
sido sustituida en el ejercicio del poder por el
mando del capital financiero mexicano bajo el amparo
de las finanzas internacionales.
Este nuevo mando
es la encarnación en México del orden social
neoliberal mundial –orden social, no modelo
económico, pues es un nuevo orden social del capital
lo que se expande en el mundo de inicios del siglo
XXI.
Ese mando todavía
no ha encontrado su forma política ideal, su modo de
trato y negociación con la nación mexicana y con su
pueblo. Está tanteando cómo modelar esa relación,
cómo consolidarse y superar la actual fragmentación
de los poderes entre los gobernadores, donde cada
uno actúa como dueño y señor de su territorio frente
al gobierno central y a sus propios gobernados.
Hasta don Porfirio se escandalizaría si viera este
espectáculo...
El mando del
capital financiero necesita encontrar, unificar y
legitimar sus formas políticas y está resuelto a
lograrlo. Por eso el desmantelamiento de los pilares
de la Constitución, malamente disfrazado de leyes
reglamentarias. Otros gobiernos antes fueron
desmantelando a Pemex durante décadas para dejarla a
punto de privatización, como aquí mismo lo han
documentado técnicos y especialistas. Pero para
consolidarse, y no sólo para hacer negocios, este
nuevo mando necesita ahora desmantelar además el
patrimonio nacional entero, pues la forma de
existencia de ese capital al cual representa
consiste en penetrar capilarmente en todos los poros
de las relaciones económicas, sociales, políticas,
culturales e imaginarias de la nación, y en las de
ésta con el territorio y la naturaleza.
Esta mutación
financiera del poder mexicano tiene su actual
representante en el gobierno de Felipe Calderón y
Agustín Carstens, avalado en 2006 sólo por un tercio
de los votantes en un proceso electoral por demás
tenebroso.
No estamos, pues,
ante un mando estabilizado con un partido histórico
en el gobierno. Tampoco se trata de una vulgar mafia
movida sólo por afanes de corrupción, como suele
argumentarse en su contra. Estamos, por el
contrario, ante un verdadero y real grupo dirigente
de advenedizos que a sus espaldas tienen el poder de
las finanzas y el monopolio televisivo. Lo encabeza
la dupla Calderón-Carstens. No se les detendrá con
calificativos ni con insultos que apenas sirven como
desahogo.
Este grupo
dirigente está llevando al país a una aventura que
atenta contra los fundamentos históricos,
culturales, económicos y jurídicos de esta comunidad
nacional verdadera e ilusoria que se llama México,
para consolidar en cambio el orden social y político
de la nueva riqueza financiera en ostentosa e
incontenible expansión desde la década de 1990.
De esto y nada
menos es de lo que se trata.
Pero una nación no
es un montón de gente viviendo sobre un territorio.
Es una comunidad humana, tanto real como imaginaria,
con un pasado y una cultura comunes, con intereses
compartidos y conflictos de intereses, en la cual
leyes escritas y no escritas regulan las relaciones
y las vidas. Lo primero se llama historia; lo
segundo, economía; lo tercero, política y estatuto
jurídico.
En tales premisas
se sustentó la expropiación de 1938 con sus amarres
constitucionales y legales. El petróleo no es en
México una simple propiedad. Es un patrimonio de la
nación y de su pueblo. No es mineral inerte, es
herencia común y es trabajo objetivado y acumulado
por generaciones. Todo eso es ignorado por la
propuesta privatizadora de Felipe Calderón y Agustín
Carstens.
El discurso de
los expropiadores de 1938, los generales Lázaro
Cárdenas y Francisco J. Múgica, fue un discurso de
soberanía, un discurso de legalidad y un discurso de
trabajo. Se lo puede encontrar tal cual en los
Apuntes del presidente Cárdenas editados por esta
universidad.
Discurso de
soberanía porque, para recuperar el petróleo, ambos
generales consideraron y sopesaron la coyuntura
internacional y concluyeron, con razón y con
pericia, que las grandes potencias estaban por
entrar en una guerra mundial y no podrían defender
hasta el fin a sus compañías en México. Tendrían que
negociar y así lo hicieron, Estados Unidos el
primero pues era quien, en caso de guerra, mayor
valor estratégico concedía a ese mineral contiguo.
El discurso de soberanía era así, además, un
discurso geoestratégico. Ambos están ausentes en la
propuesta del Poder Ejecutivo.
Discurso de
legalidad porque el presidente Cárdenas sustentó la
medida expropiatoria por un lado en la rebeldía de
las compañías petroleras ante un laudo de la Suprema
Corte, con lo cual desafiaban la ley de la nación;
por el otro, en el dominio eminente de ésta,
heredado de la Corona española, sobre el suelo, el
subsuelo, los mares y los cielos de su territorio.
Contra esa legalidad va la iniciativa del actual
gobierno.
Discurso de
trabajo porque la recuperación del petróleo se apoyó
en una movilización nacional, antecedida y preparada
por un reparto agrario sin precedentes y articulada
en torno a la organización y la movilización de los
trabajadores de la industria petrolera y de su
sindicato. Trabajadores de la industria y sindicato
siguen existiendo. Pero están hoy ausentes de estos
debates y al sindicato lo controla una burocracia
corrompida, cliente y cómplice de cada gobierno en
turno.
La ausencia de
todo discurso del trabajo, el silencio y la
exclusión de los trabajadores y sus organizaciones,
es el indicio ominoso de que esta proyectada entrega
forma parte del asalto general del capital
financiero contra el trabajo, rasgo definitorio del
nuevo orden social global. Este es, empero, un tema
mucho más vasto a ser abordado en otras sedes.
Con creces se ha
demostrado en estas semanas que la premura
tecnológica y la premura económica son añagazas, así
como se ha probado que es simple chantaje la amenaza
de que, si no se privatiza Pemex, no habrá recursos
para educación, salud y el supuesto “combate a la
pobreza”. Una reforma fiscal que hiciera pagar a las
grandes fortunas los impuestos normales en los
países democráticos daría los recursos y liberaría a
Pemex de la exacción actual por parte del Estado.
La iniciativa
privatizadora Calderón-Carstens tiene otro sesgo
amenazante. El patrimonio petrolero es parte de
cualquier política de soberanía y seguridad nacional
frente a potencias externas y sus gobiernos. Esta
iniciativa dejaría a México desprotegido y
subordinado a la política militar de Estados Unidos
y a su plataforma continental de seguridad. Las
fuerzas armadas mexicanas quedarían en condición de
vasallaje ante el Pentágono, objetivo también de la
Iniciativa Mérida.
Al hacer depender
a esas fuerzas de la tecnología y el armamento de la
potencia vecina; al utilizarlas repetidamente contra
el pueblo mexicano y sus movimientos, como sucede
con creciente gravedad en Chiapas y en la frontera
sur; al embarcarlas en la guerra contra el narco,
tarea policial por excelencia; al promover que el
“turismo” extranjero se vaya apropiando de costas y
penínsulas de México, en especial de Baja
California, el presente gobierno prepara porvenires
funestos para este país.
Este es el marco
general de su reforma energética. Mañana nos
propondrán arrendar Baja California para instalar
bases militares de Estados Unidos porque el petróleo
ya se enajenó y no hay dinero para salud y
educación...
La defensa de la
nación y de su soberanía requiere además el cese de
la violencia interna. Por un lado, es urgente
reconocer los derechos indígenas y así cortar de
raíz la guerra interior latente y presente en
Chiapas. Por el otro, urge ubicar y definir con
precisión los sustentos de la guerra del narco en
tanto operación de desestabilización militar del
territorio. ¿Quién la apadrina y alimenta, a cuál
diseño está sirviendo? No me cuadran los capos y sus
fortunas como explicación única y suficiente.
Como tema de esta
mesa se nos pregunta acerca de las consecuencias
políticas, jurídicas y sociales de la iniciativa
oficial de reforma petrolera. Después de lo antes
dicho, respondo: en la presente crisis financiera
mundial, en vísperas de un posible cambio de
dirección política en Estados Unidos, en tiempos de
guerras declaradas y no declaradas, cuando el
patrimonio petrolero es como nunca un producto
estratégico, entregarlo al capital privado es lanzar
a la nación mexicana a una aventura política,
geopolítica, jurídica y social.
Tales
consecuencias nos llevarían a un desastre nacional.
Habrá que impedirlo por todos los medios necesarios.
*Adolfo Gilly
es miembro del Comité de Redacción de
SINPERMISO.
El
nuevo despojo del petróleo mexicano
Adolfo Gilly
-
Hace setenta años, las empresas petroleras
fueron declarando que la ineptitud tecnológica
nacional obligaría a México a pedir su regreso
en pocos meses. Hoy, setenta años después, la
élite política y empresarial de México piensa
que ese plazo de meses por fin se ha cumplido y
que, ahora sí, aquellos capitales tienen que
volver
1.
El costo de producción de un barril de petróleo es
hoy, para Pemex, de unos 5 dólares por barril. Su
precio de venta en el mercado asciende a más de 100
dólares. La diferencia entre una cifra y otra es lo
que se denomina renta petrolera. Quién se quedaba
entonces con ella fue el tema central de la
expropiación petrolera de hace setenta años. Quién
se queda hoy con la renta petrolera mexicana es,
nuevamente, el tema central.
Entendido: nadie
propone “privatizar Pemex”. Lo que quieren es
traspasar a manos privadas esa renta petrolera
mientras el Estado mexicano, bajo el rótulo “Pemex”,
se queda con instalaciones chatarra. La operación
consiste en abrir en todo o en parte a la inversión
privada (de capital extranjero y nacional) y a sus
necesidades de ganancia, los trabajos de
exploración, extracción, refinación, distribución y
transporte, hoy a cargo de Pemex como empresa
estatal. Esta operación significaría convertir en
ganancia privada lo que hoy es renta propiedad de la
nación. Su nombre preciso es despojo.
Es lo que ya se
hizo con las tierras ejidales, con las frecuencias
entregadas graciosamente al monopolio televisivo y
con la telefonía, antes del Estado, regalada por el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari (y sus altos
funcionarios de entonces) a Carlos Slim y asociados.
En La Jornada (7 de marzo de 2008, página
26), Carlos Fernández-Vega anota que en 1991, cuando
la privatización de Teléfonos de México, el capital
de Slim ascendía a mil 600 millones de dólares; en
2008, había crecido a 60 mil millones de dólares (un
3 mil 630 por ciento). También esta fortuna es
producto, no de la mera ganancia financiera,
industrial o comercial, sino de un despojo que
permitió el traspaso de la fuente de esas ganancias
a manos privadas: el de Telmex, antes patrimonio de
la nación.
2. Pemex, aducen
los vendedores, está en quiebra financiera. Sus
adeudos acumulados, sobre todo vía Pidiregas, son
equivalentes al valor total de sus activos. Hay que
vender, pues, bajo la cobertura que sea.
Pemex fue llevado
adrede a esta situación por los sucesivos gobiernos
de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y
Vicente Fox. Quebrar Pemex y hacer inevitable la
privatización del petróleo ha sido una política
común, buscada y planeada, del conjunto de la élite
política y empresarial que gobierna México.
Sobreabundan los estudios que lo demuestran. No son
“traidores a la patria”: tales epítetos sólo sirven
para sustituir el razonamiento por la invectiva. Son
una élite empresarial y política dirigente que cree,
sinceramente, que sus intereses privados son los
mismos que los de la nación, como lo creen todas las
élites similares en el mundo, desde Estados Unidos
hasta Rusia y hasta Arabia Saudita.
Como la población
mexicana, en su mayoría, no piensa lo mismo, esa
élite gobernante ha tenido que hacer avanzar sus
intenciones de despojar a México de su renta
petrolera por dos caminos laterales: ir
desmantelando a Pemex al menos desde 1988 en
adelante –veinte años de una guerra cuyos primeros
disparos fueron contra la Quina para poner en su
lugar a charros equivalentes pero más dóciles–, y
soltar cuentos como el del “tesoro oculto de
México”, que los mexicanos serían incapaces de
extraer por sí solos en el actual universo
tecnológico y con Pemex desmantelado.
Esta mentira
circular, que no voy a llamar cínica porque sugerí
más arriba no usar epítetos, es similar a la que
utilizaron las empresas extranjeras cuando, hace
setenta años, la expropiación petrolera devolvió a
la nación el usufructo de su subsuelo petrolero –de
su “tesoro escondido”, pues– y ellas se fueron del
país declarando que la ineptitud tecnológica
nacional obligaría a México a pedir su regreso en
pocos meses. No se les hizo: técnicos y trabajadores
mexicanos convirtieron a Pemex en una de las
empresas petroleras más productivas del mundo.
Hoy, setenta años
después, la élite política y empresarial de México
piensa que ese plazo de meses por fin se ha cumplido
y que, ahora sí, aquellos capitales tienen que
volver a buscar el “tesoro escondido” para quedarse
entre todos con él.
¿Se les hará esta
vez? Se me hace que tampoco.
3. Muchos
estudios han mostrado, datos en mano, la
direccionalidad y la intencionalidad de la política
de conducir a Pemex a una situación de quiebra
financiera y tecnológica. Entre esos estudios me
permitiré citar aquí el de David Ibarra, El
desmantelamiento de Pemex, del 19 de febrero de
2008 (revista Forma, febrero 2008), cuyo título
indica con precisión su contenido. Estos son algunos
de sus párrafos.
•“Los obstáculos
centrales a la revitalización de la industria
petrolera nacen de la ausencia crónica de una
estrategia energética de largo plazo como parte
medular de las políticas públicas de desarrollo y de
seguridad nacionales. Y, junto a ello, está la
exacción indiscriminada de las rentas petroleras
para sanear desequilibrios de las finanzas
públicas”.
• “Cabe subrayar
el preocupante debilitamiento deliberado del
Instituto Mexicano del Petróleo, que abandonó la
investigación y la evaluación de los avances
tecnológicos del mundo. Con todo, la tecnología
petrolera es tecnología madura susceptible de
adquirirse sin obstáculos mayores. Aún en el caso de
recursos en aguas profundas, existen empresas
especializadas que prestan sus servicios a los
principales consorcios petroleros del mundo”.
•“Desde hace más
de diez años se ha pospuesto las modernización de
las capacidades de procesamiento del petróleo –si se
exceptúan las refinerías de Cadereyta y Madero– en
consonancia con los requerimientos crecientes de la
demanda”.
•“La
descapitalización de Pemex ha sido brutal y se ha
producido de manera sistemática y deliberada desde
hace tres o cuatro lustros. Cabe preguntar la
explicación de este fenómeno ya que la empresa, pese
a sus ineficiencias, no ha dejado de generar
utilidades o márgenes amplísimos entre sus ingresos
y gastos propios. Los rendimientos operativos han
subido nueve veces entre 1995 y 2006 y las
utilidades antes de impuestos van de 68.9 a 584.4
miles de millones de pesos corrientes en el mismo
lapso. De su lado, los impuestos se han acrecentado
de 74.9 a 583.9 miles de millones de pesos en igual
período; o, visto acumulativamente, Pemex ha cedido
la totalidad de las rentas petroleras al fisco, al
aportarle casi tres billones (en español, tres
millones de millones) de pesos o tres trillones (en
inglés, también tres millones de millones) de pesos
de 1995 a 2006. Pocas son las empresas petroleras
que generan márgenes tan altos de utilidades y
ninguna cubre impuestos tan elevados hasta generarle
pérdidas”.
•“La inversión
anual de Pemex –pese al moderado repunte del último
trienio– sigue siendo sistemáticamente inferior a la
de 1982, un cuarto de siglo atrás. [...] En
contraste, la inversión realizada a través de
Pidiregas ya representa el 89 % de la formación de
capital de la empresa (2006)”.
•“Quiérase o no,
el escollo fundamental a la despetrolización de la
economía y a toda reforma fiscal significativa es
político. Nace de la oposición de la élite nacional
–y extranjera– a tributar, tanto como de la falta de
audacia republicana, de la sujeción de los partidos
políticos a los poderes fácticos. Este y no otro es
el problema estructural, medular de Pemex. [...]
Recuérdese aquí que el sistema impositivo mexicano
está marcado por sus modestísimas recaudaciones y
alta regresividad. La tributación apenas asciende al
11 por ciento del producto, que contrasta con el
promedio de 36 por ciento de los países de la OCDE,
el 25 por ciento de los Estados Unidos o el 34 por
ciento del Brasil”.
•El proceso de
privatización ya está en curso: “La privatización de
las operaciones de compra y venta y transporte del
gas, la venta de las instalaciones petroquímicas,
los contratos de servicios múltiples, el
desplazamiento del Instituto Mexicano del Petróleo
por servicios externos de asesoría, y el
outsourcing de otras funciones –alquiler de
barcos, plataformas e instalaciones, por ejemplo–
son otros tantos casos de la fragmentación
deliberada de Pemex y de las trasferencias de
oportunidades de negocios principalmente al sector
privado del exterior”.
•“El debate sobre
la reforma energética en lo que toca a Pemex, más
que gravitar obsesivamente en torno a su posible
privatización parcial o total, debiera centrarse en
la eliminación de los obstáculos que estorban su
remozamiento y desempeño como consorcio de clase
mundial y como fuente de ingreso volcada al
desarrollo interno”.
El
desmantelamiento de Pemex: el abuso que acabo de
cometer con tan largas citas del documento de David
Ibarra no implica un acuerdo con cada una de sus
afirmaciones, sino el recurso al trabajo de un
investigador serio para dar sustento a algunas
reflexiones sobre los alcances que el
desmantelamiento de Pemex y la cesión directa de la
renta del petróleo al capital nacional y extranjero
podría tener para el futuro mexicano.
4. El despojo de
Pemex, la entrega de la renta del petróleo al
capital privado, no es una mera cuestión económica o
tecnológica. Hasta el hartazgo se nos repite este
burdo engaño para así encajonar la discusión. De lo
que en realidad se trata es de reforzar el esquema
geoestrátegico de dominación que por muchos senderos
sigue avanzando desde el Pentágono y la Casa Blanca
sobre el territorio mexicano. La apropiación privada
de la renta petrolera, en la cual tendrían su parte
también los grandes capitales mexicanos, es un
aspecto subordinado de dicha estrategia. No necesita
el Pentágono la renta y la ganancia. Necesita
asegurar el control directo del petróleo mismo para
su maquinaria bélica, como en los años 10 o en los
años 20 del siglo XX, hasta que en 1938 la fiesta se
terminó.
En caso de
conflicto caliente o “frío”, Estados Unidos necesita
asegurar el dominio sobre el petróleo cercano, tanto
como necesita afirmar el control
político-territorial sobre su fortaleza continental,
desde Alaska hasta el canal de Panamá, incluído todo
el mar y el territorio isleño comprendidos entre la
península de Florida y las costas de Venezuela. Es
lo que desde fines del siglo XIX la Casa Blanca
considera el Mare Nostrum, incluídas sus
bases militares, inútiles en caso de guerra global o
intercontinental pero siempre necesarias como
puntales de la dominación regional, según el uso
filibustero de Guantánamo lo demuestra.
Estos designios
geopolíticos, que incluyen el ansia apremiante de
recuperar el dominio sobre el petróleo venezolano,
alimentan en estos días el apoyo irrestricto e
inmediato del presidente Bush a la “Expedición
Punitiva” del presidente Álvaro Uribe contra
Ecuador, este desplante de cometer una masacre
deliberada en tierra ajena para escarmiento de
todos, Sarkozy y Lula incluidos, y después pedir
“perdón” en la farsa de la OEA. Pero se trataba de
sentar un precedente, y ya está hecho.
El Plan
Puebla-Panamá y la Iniciativa Mérida; los proyectos
para controlar el Itsmo de Tehuantepec; la
desestabilización de México y de su ejército
entrampándolo en la “guerra contra el narco”, la
represión política y la dependencia tecnológica; la
ASPA (Alianza de Seguridad Para las Américas), pacto
de subordinación militar; el TLCAN, pacto de
subordinación económica, con sus cláusulas abusivas
sobre los derechos, los productos, los cultivos y
los migrantes mexicanos, son piezas de ese esquema
de dominación. Es como si una poderosa aspiradora
jalara ahora desde el norte a esta nación,
arrancándola de América Latina y chupándola dentro
de la subordinación y la sumisión que desde la
doctrina Monroe los gobiernos de Estados Unidos
siempre desearon y los mexicanos siempre temieron.
Es este, y no
otro, el contexto dentro del cual el gobierno del
PAN y sus múltiples aliados políticos, religiosos y
empresariales quieren hoy despojar a la nación de
sus rentas petroleras.
5. Estoy
escribiendo estas líneas el domingo 9 de marzo del
año 2008. Hace hoy exactamente setenta años los
generales Lázaro Cárdenas del Río, presidente de
México, y Francisco J. Múgica, su secretario de
Comunicaciones y uno de los artífices del artículo
27 constitucional en 1917, después de una visita al
ingenio de Zacatepec, bajaron de su automóvil y
caminando solitarios por los campos de Morelos se
pusieron a razonar sobre la crisis con las empresas
petroleras extranjeras.*
Esa noche, el
presidente anotó en su diario personal:
Al regresar de Zacatepec nos paramos a las 21 horas
en la desviación del camino que va a Palmira, entre
los kilómetros 79 y 80 de la carretera
Cuernavaca-Acapulco, y llamé fuera del auto al
general Francisco Múgica, secretario de
Comunicaciones, y le hice conocer mi decisión de
decretar la expropiación de los bienes de las
compañías petroleras si éstas se negaban a obedecer
el fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Hablamos de que difícilmente se presentaría
oportunidad tan propicia como la actual para
reintegrar a la nación su riqueza petrolera. No
hacerlo por temor a consecuencias económicas o las
posibles exigencias diplomáticas de Inglaterra y
Estados Unidos sería antipatriótico y de graves
responsabilidades que con justicia el pueblo nos
señalaría.
El general Múgica resueltamente estuvo de acuerdo
con la idea de proceder contra las compañías en su
actitud rebelde.
En la noche del
día siguiente, 10 de marzo, ya madura la decisión,
los Apuntes del presidente se hacen más
explícitos:
Al regresar anoche del ingenio azucarero Emiliano
Zapata, instalado en Zacatepec, Morelos, acompañado
del licenciado Eduardo Suárez, secretario de
Hacienda, del general Francisco J. Múgica,
secretario de Comunicaciones, y otros colaboradores
del gobierno, nos detuvimos sobre la carretera en
las cercanías de Cuernavaca, entre los kilómetros 79
y 80, y con el general Múgica caminamos hacia
Palmira, platicando durante más de una hora. Nos
referimos a la situación que viene ocasionando la
actitud de las empresas petroleras que han reducido
la venta de combustibles y demás operaciones de sus
negocios; así como las reiteradas peticiones a sus
gobiernos de que apoyen sus demandas en contra del
fallo de la Suprema Corte.
Hicimos consideraciones de las circunstancias que
podrían presentarse si gobiernos como los de
Inglaterra y Estados Unidos, interesados en
respaldar a las empresas petroleras, presionaban al
Gobierno de México con medidas violentas; pero
tomamos también en cuenta que se presenta ya la
amenaza de una nueva guerra mundial con las
provocaciones que desarrolla el imperialismo
nazifascista, y que esto los detendría de agredir a
México, en el caso de decretar la expropiación.
Conocedor el general Múgica de la conducta de las
empresas petroleras, por juicios que se han seguido
contra las citadas empresas y en los que él ha
intervenido, y por los procedimientos y atropellos
cometidos por los empleados de las propias empresas,
y que presenció cuando me acompañó en los años en
que estuve al frente de la Zona Militar de la
Huasteca Veracruzana; y reconociendo en él sus
convicciones sociales, su sensibilidad y
patriotismo, le di el encargo de formular un
proyecto de manifiesto a la Nación, explicando el
acto que realiza el gobierno y pidiendo el apoyo del
pueblo en general, por tratarse de una resolución
que dignifica a México en su soberanía y contribuye
a su desarrollo económico.
Hasta hoy no se ha llegado a hacer mención,
oficialmente, del propósito de expropiación. Se dará
a conocer en el momento oportuno.
En los centros políticos y financieros, la
generalidad cree, y aun las mismas empresas, que el
Gobierno podrá llegar, solamente, a dictar la
ocupación de las empresas industriales.
No puede retardarse mucho la decisión de este serio
problema.
Los Pinos, 22
horas.
En efecto, no se
retardó mucho. La reserva sobre la decisión tomada
se mantuvo entre los dos generales. Ese 10 de marzo,
sin embargo, el presidente se reunió con algunos de
sus colaboradores, entre ellos Eduardo Suárez,
Efraín Buenrostro y Ramón Beteta, a los cuales
adelantó que el gobierno estaba “decidido a obrar
radicalmente, llegando hasta la expropiación de la
industria petrolera”, pero sin revelarles que la
decisión ya estaba tomada. Acordó con ellos diseñar
un plan económico para aplicar en caso de que se
llegara a la expropiación.
En sus notas del
15 de marzo en donde registró esa reunión, el
general agregó:
El momento es oportuno. Los gobiernos capitalistas
hablan en este momento a favor de las democracias y
del respeto absoluto a los demás países. Veremos si
lo cumplen. Existe actualmente control político de
parte del gobierno, estando, además, la nación en
paz. Hay solidaridad entre el gobierno y la clase
popular. Considero que muy pocas oportunidades tan
especiales como ésta se presentarán a México para
lograr independizarse del capital imperialista, y
por ello cumplirá mi gobierno con la responsabilidad
contraída por la Revolución.
Países hay que han perdido su libertad por la
indecisión y la pusilanimidad de sus dirigentes.
El 18 de marzo de
1938, por la tarde, el presidente Cárdenas informó
en privado su decisión a algunos de sus
colaboradores y de entre éstos pidió al secretario
de Hacienda Eduardo Suárez que presentara la medida
expropiatoria en la reunión de gabinete de esa
noche. A las 22 horas, desde Palacio Nacional y en
cadena radial, el general dio a conocer a la nación
la medida expropiatoria y leyó el manifiesto de
antemano preparado. La audacia del gesto y la
inmediata explosión de apoyo popular conmovieron
hasta a sus enconados adversarios y desconcertaron a
las compañías y a los gobiernos de Gran Bretaña y
Estados Unidos, tal como lo registran las crónicas
de esos días.
Ese mismo viernes
18, alta ya la noche, Cárdenas anotó estas pocas
líneas en sus Apuntes:
En el acuerdo colectivo celebrado hoy a las 20 horas
comuniqué al Gabinete que se aplicará la ley de
expropiación a los bienes de las compañías
petroleras por su actitud rebelde, habiendo sido
aprobada la decisión del Ejecutivo Federal.
A las 22 horas di a conocer por radio a toda la
Nación el paso dado por el Gobierno en defensa de su
soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza
petrolera que el capital imperialista ha venido
aprovechando para mantener al país dentro de una
situación humillante.
Era viernes por
la noche. El general había ganado un fin de semana
de ventaja. El domingo se fue de día de campo al
Nevado de Toluca con su esposa Amalia Solórzano y
algunos familiares y amigos cercanos y, recuerda
doña Amalia, pidió que ese día no le hablaran de
política.
Ciudad de México,
9 marzo 2008.
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