Argentina: origen de la crisis en el campo
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"La avaricia congela el corazón de
los ricos y no les deja ver el
sufrimiento de los pobres", al aludir
directamente a los productores
agropecuarios"
Cristina Fernández de Kirchner,
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Ezequiel Meler *
1.
El
punto de partida de estas reflexiones es el reciente
conflicto entre el gobierno y las corporaciones de
productores agropecuarios. La cronología del mismo
da inicio formal el 11 de marzo del presente año,
cuando el gobierno anunció un nuevo sistema de
retenciones móviles a las exportaciones de granos,
ajustable al precio internacional, que despertó la
enconada oposición de la mayoría de las agrupaciones
de productores rurales. Homologados en su conjunto
por un sistema tributario que, por sus propias
características, no estaba preparado para
diferenciar a las grandes explotaciones de las
pequeñas y medianas, los representantes de las
corporaciones reaccionaron, en una perfecta profecía
autocumplida, como un único sujeto opositor.
Muchos
referentes del progresismo citadino se preguntaron
en estos días qué intereses, más allá de la
coyuntura, podían unir a sectores aparentemente tan
diferentes como la Federación Agraria y la Sociedad
Rural. Las explicaciones, en la mayoría de los
casos, reprodujeron anticuados estereotipos
simplistas, ligados a imágenes de larga perduración
en la memoria colectiva. De este modo, mientras los
productores asociados podían presentarse ante los
medios como “el campo” –y algún trasnochado llegó a
ver en ellos el germen de una genuina lucha
campesina, el gobierno, paradójicamente, no atinó a
dar con un discurso público que lograse quebrar la
unidad sectorial del bloque, y se refugió
cómodamente en la imagen de un actor social
singular, de vocación antidemocrática, políticamente
hegemonizado por los grandes terratenientes.
2.
Por
supuesto, el asunto es más complejo. Las
transformaciones acaecidas en el agro argentino
durante la última década son poco conocidas. No
obstante, en términos estadísticos, está claro que
asistimos a un renovado proceso de concentración
productiva. Según un estudio elaborado por el Centro
Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, entre 1988 y 2002 el número de
explotaciones agropecuarias cayó en más de un 21%,
pasando de 421.000 a 333.000. El fenómeno es más
agudo en la Región Pampeana, donde, en el mismo
período, la merma fue del 29%. Como contrapartida a
la mencionada reducción en el número de
explotaciones, el tamaño promedio de las mismas pasó
de 469 hectáreas en 1988 a 588 en 2002. En la Región
Pampeana, de nuevo, los números son peores: la
escala promedio se incrementó en un 35%, pasando de
400 hectáreas en 1988 a 533 en 2002.(1)
Pools
de siembra
Según
el mismo estudio, el proceso, lejos de detenerse, se
ha acelerado desde entonces. Sin embargo, la
modalidad de la concentración ha variado. Fuera de
la Región Pampeana, se ha incrementado la presencia
directa de la gran propiedad, en la medida en que
los adelantos técnicos permitieron la expansión de
la frontera agraria a zonas antes improductivas. Por
el contrario, en la Región Pampeana propiamente
dicha, los grandes propietarios, aunque siguen
estando presentes, ya no son el polo dinámico del
proceso económico. Propiedad y explotación, al menos
en la Pampa Húmeda, son categorías cada vez menos
homologables. Como la tierra raramente se vende,
aparece otra salida: el arriendo. Y otro actor: los
grupos de inversión. Los nuevos protagonistas del
proceso de acumulación de capital son, en efecto,
los pools de siembra, grupos de inversión de tipo
financiero, generalmente de origen extranjero, que
arriendan una superficie de tierra significativa a
diferentes propietarios por un período determinado,
en general, por el término de una cosecha. Amparados
en las ventajas que ofrece la combinación de
diferentes factores, como una legislación permisiva,
precios internacionales muy altos y un tipo de
cambio extremadamente subvaluado, los pools de
siembra se han consolidado como un agente económico
insoslayable. Asimismo, cabe destacar que estos
fondos de inversión, en la mayoría de los casos,
están asociados a los oligopsonios de
comercialización: un puñado de firmas
multinacionales –Cargill, Bunge & Born, Dreyfuss,
Noble Argentina, etc.- que concentran en sus manos,
desde hace más de un siglo, la totalidad de las
exportaciones argentinas al mercado mundial.(2)
3.
Este
proceso, inevitablemente, ha desplazado del sector
rural a miles de pequeños y medianos productores de
tipo familiar. Ante la imposibilidad de competir,
sea en términos técnicos, en economías de escala, o
en términos de integración productiva, muchos
chacareros han elegido convertirse en simples
rentistas, opción que se entiende, asimismo,
considerando los altos arrendamientos que perciben.
En un proceso que asusta por la velocidad con que se
desarrolla, la agricultura argentina se está
quedando sin agricultores. Al mismo tiempo, el boom
internacional de la demanda de soja vuelca las
preferencias de los fondos de inversión hacia este
producto, encareciendo el precio de la tierra de
mejor calidad, tanto para el cultivo de otros
cereales –principalmente, el trigo y el maíz- como
para la actividad ganadera.
El
desplazamiento, entonces, es doble: de producción y
de productores. Y su repercusión sobre la cadena de
precios no puede ser mayor, puesto que las
actividades desplazadas, al realizarse forzosamente
en tierras menos idóneas, generan mayores costos,
que se traducen en significativos aumentos del
precio de venta final. Aumentos que, huelga decirlo,
repercuten en un ya muy golpeado mercado interno. De
este modo, los pools de siembra, sin actuar como los
agentes inmediatos del proceso de concentración de
la tierra –pues, en general, no adquieren la misma
en propiedad- se erigen en sus usuarios por
excelencia, y por ende, adquieren el control del
proceso productivo global.
4.
La
conclusión es elemental. Cuando, el 11 de marzo, el
gobierno anunció el nuevo esquema de retenciones
móviles, bajo el argumento de que resultaba
imprescindible detener el proceso de expansión del
cultivo de soja, cometió, como mínimo, dos errores.
Por un lado, centró su atención exclusivamente en
qué se producía, y no en quién lo producía. Al
separar ambas dimensiones, lanzó una medida no sólo
explosiva, sino ineficaz: para los grandes pools de
siembra, el cultivo de soja sigue siendo rentable, y
por su control sobre el proceso de comercialización,
estos sectores están en condiciones de descargar los
nuevos costos sobre otros productores. Para los
pequeños y medianos productores, en cambio, la nueva
medida resultó una sentencia de muerte en términos
de rentabilidad. La imposibilidad de competir con
los fondos de inversión se hizo imposible. La opción
por la entrega del campo en arriendo se volvió, más
que conveniente, obligada. Y la reacción, desde
luego, no se hizo esperar.
En
otras palabras, las retenciones, lo sepa el gobierno
o no, difícilmente modifiquen, siquiera en el
mediano plazo, el escenario productivo del sector
agropecuario argentino, pero sí tienen consecuencias
inmediatas sobre el escenario social, al continuar y
profundizar el proceso de desplazamiento de
productores rurales. En segundo lugar, el gobierno
subestimó la fuerza política de los fondos de
inversión, largamente asociados a los intereses de
los grandes propietarios locales. De este modo,
quizás sin quererlo, galvanizó a los diferentes
sectores sociales que componen el universo
agropecuario argentino en un sólo interés. Detrás
del negocio de la soja, como agudamente observó
Alfredo Zaiat, está pariendo un nuevo bloque de
poder:
“Los piquetes verdes que duraron 21 días fueron la exteriorización del
poder económico emergente de los barones de la soja.
A diferencia de las privatizadas y de los bancos, en
este caso cuentan con el invalorable aporte, físico
y discursivo, de pequeños productores, y de la clase
media agraria ascendente. Como se pudo observar con
nitidez en estos días, el gigantesco poder
financiero del complejo sojero, que investigadores
aliados al negocio de poroto denominan sin inocencia
“tramas productivas”, lograron capturar el interés
de políticos y de gran parte de los medios de
comunicación. Hasta reductos de defensa del
desarrollismo y de la industria han mudado su
vocación a la tutela del negocio de la soja,
integrado por grandes arrendatarios, pools de
siembra, multinacionales de la semilla trasngénica,
acopiadores y grandes exportadores […] El fabuloso
ciclo de alza de las materias primas, impulsado por
la revolución industrial tardía de China, el avance
sostenido de India y el desarrollo de los
biocombustibles, ha permitido la creación de un
dinámico núcleo de poder económico […] El saldo del
piquete del desabastecimiento fue el alumbramiento
de un nuevo bloque de poder, que ha tenido como
partero la invalorable colaboración de los pequeños
productores”. (3)
5.
Lo
cierto es que tampoco el gobierno hizo nada por
evitar este proceso. Al contrario, se asoció a los
sectores más concentrados, que en el contexto de la
recuperación lograron balances espectaculares. No
hubo consideración oficial alguna, en estos cinco
años, para las consecuencias sociales del proceso
socioeconómico descrito. En la coyuntura desatada
por el lock out patronal, el gobierno, pese a
su discurso “anti – oligárquico”, prefirió dialogar
con las transnacionales y con los grandes del
sector, tratando de acordar diferenciando por arriba
y no por abajo. Tal vez por ello, varias propuestas
de la Federación Agraria, como el proyecto para
modificar la ley de arrendamientos –un aspecto
central del modelo de monocultivo sojero- pasaron
desapercibidas. Sin lugar a dudas, hubo aquí otro
error de evaluación política: el nuevo bloque de
poder se mostró más firme de lo previsto, desatando
la peor crisis política desde 2001 a la fecha.
El
nuevo escenario económico y social, emergente a la
vez de la crisis de 2001 y de la modalidad de
concentración que consolidó la recuperación
posterior, requiere algo más que maquillaje. El
gobierno debe actuar decididamente en contra de la
concentración bajo la modalidad de arrendamientos,
propulsando una nueva ley que recoja los proyectos
archivados, actualizando la legislación y las
fórmulas políticas del primer peronismo. Para eso,
necesita recuperar paulatinamente la larga tradición
de presencia estatal en el sector agropecuario, para
convertirse por sí mismo en un árbitro eficiente en
el terreno de la producción y comercialización de la
riqueza agropecuaria del país. Después de todo, la
historia argentina nos enseña que quien controle la
distribución de la renta agraria, controla la
economía, y, por carácter transitivo, gobierna el
país.
Véase Pablo Benchimol: “Latifundios y pools de
siembra”, en Página 12, 20/04/08.
[2]
Para un análisis del “modelo Cargill”, véase
Scaletta, Claudio: “Gigantes invisibles”, en Página
12, 06/04/08.
*
Tomado de:
Noticias
del sur
(Seguir enlace)
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