Opinión

Xalapa, Ver., Año X No. 569

   

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Rolando Bello Paredes*  

Otra vez: restricción del derecho constitucional de libre tránsito 

            Luego de una semana pavorosa para la sociedad yucateca, por el registro de 1,106 personas contagiadas y 110 fallecimientos, según datos alarmantes de la secretaría estatal de Salud, en sus informes de la tragedia del Coronavirus-Covid19, el gobierno del estado anunció nuevas medidas restrictivas en diversos ámbitos sociales (“Anuncia el Gobernador Mauricio Vila Dosal nuevas medidas para conservar la salud y el empleo de miles de familias yucatecas”, boletín palaciego, 14 julio 2020).

Destaco la primera:

            “1. A partir de este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros que, por la cantidad de vacacionistas, se implementará a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este operativo aplicará para todo tipo de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de medicamentos y traslados de personal de salud”.

            Leí todo el documento y no encontré fundamento legal alguno para disponer la restricción de uno de los derechos fundamentales: el derecho al libre tránsito.  

Resulta una especie de “toque de queda”, que, se ha dicho ya, en México no existe esta figura en el orden jurídico nacional.

            La Constitución federal sí prevé la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías  constitucionales. Pero sólo lo puede hacer el presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión, y únicamente en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

            Siendo esto así, el gobernador del estado, no tiene facultades legales para restringir o suspender derechos reconocidos en la Constitución.

            Antes, el secretario estatal de Salud había expedido un acuerdo infundado e inmotivado: “Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entra la población del estado de Yucatán”, por el que “limitó la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal” (ver edición vespertina del Diario Oficial del estado, 23 abril 2020).

            Reitero lo dicho en su oportunidad: El servidor público ejecutivo sustentó su acuerdo secretarial en los diversos acuerdos emitidos por las autoridades sanitarias del país, pero en ninguna de las disposiciones de aquéllos se encuentra alguna  restricción a la libertad constitucional de tránsito. Tampoco en las atribuciones que otorgan las normas jurídicas administrativas que regulan el funcionamiento de la secretaría estatal de Salud, se puede encontrar alguna que posibilite la restricción de derechos fundamentales. 

            Por el contrario, la secretaría federal de Salud, autoridad competente en materia de salubridad general, puntualizó que todas las medidas acordadas, “deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas”. 

            Dice el gobernador que la medida es de la “más alta prioridad para conservar la salud y el empleo de miles de familias yucatecas, por lo que su éxito depende del compromiso y la responsabilidad individual de cada uno para que no se ponga en riesgo nuestra nueva capacidad hospitalaria y aseguró que no se descarta medidas adicionales en los próximos días”.

            Nadie discute la expresión ejecutiva, lo que es debatible es la restricción del derecho fundamental, cuya disposición devendría, muy probablemente, en inconstitucional, en caso de ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

            El boletín de Palacio, que contiene el anuncio de “nuevas medidas”, como la restricción del derecho constitucional de libre tránsito, se trata de un simple mensaje propagandístico gubernamental.

No constituye una norma jurídica.

Sin embargo, difícilmente será desobedecida por los ciudadanos, dada la fuerza policiaca de la secretaría estatal de Seguridad Pública. 

Mérida, 16 de  julio de 2020

*Editorialista, Diario ¡Por Esto!

*Editorialista, Grupo SIPSE Peninsular
rolandobelloparedes@gmail.com

 

 

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