Opinión

Xalapa, Ver., Año X No. 601

   

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Rolando Bello Paredes*   

Determinación de la Corte afecta a trabajadores

Una decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación causó inquietud y agitación entre los trabajadores de la educación. Determinó que “el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario”.

Los ministros precisaron: “La reforma constitucional eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones, multas, créditos, y aportaciones de seguridad social. La finalidad de esta modificación fue permitir que el salario mínimo pudiera ser incrementado constantemente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores; ello sin que al mismo tiempo se incrementaran otra serie de conceptos ajenos al salario. La decisión de la Segunda Sala permitirá que continúe la recuperación del salario, sin poner en riesgo los fondos de pensiones”. 

Y se agitó el magisterio, aunque el tema comprende a todos los trabajadores al servicio del Estado, regulados por la legislación federal, específicamente por la Ley del Issste. El asunto no es novedoso, la interpretación de la Corte sí lo es. 

Las denominadas Unidades de Medida y Actualización se introdujeron en el texto constitucional, hace cinco años, en 2016. De acuerdo con el Inegi, las UMA son una “referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores”.

Ahora, con la determinación de la Corte, todos protestan por la aplicación de las UMA para cuantificar el pago de las pensiones de los que se jubilan de la burocracia federal. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado, se duele de la decisión. También un denominado “Movimiento Nacional Democrático de Jubilados y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”. 

La organización sindical anunció que prepara “recursos legales para promover ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás Organismos Internacionales del Trabajo, en contra de esta resolución que a todas luces viola los derechos humanos y labores de los compañeros jubilados del SNTE” (Agencia Quadratín, 18 febrero 2021).

Las protestas y peticiones para que el monto de las pensiones en las jubilaciones sean basadas en salario mínimo, y no en UMA, se deben dirigir al presidente de la República y a los legisladores del Congreso de la Unión. A los segundos, para que reformen la disposición constitucional. Al primero, para que efectivamente cumpla con su ofrecimiento, hecho al anunciar su “reforma educativa”. Dijo: “Nunca jamás se le faltará al respeto a los maestros”. 

Éstos consideran una falta de respeto fijar las pensiones con base en UMA y no en salario mínimo. En efecto, hay una disminución considerable: Un UMA equivale, hoy, a $89.62, y el salario mínimo diario es de 141.70 pesos. Es una diferencia de 52.08 pesos que afecta el monto de la pensión de jubilación de los trabajadores de la educación.

El congresista yucateco, Luis María Aguilar Castillo, ex dirigente sindical del magisterio, consideró la decisión de la Corte como un  “golpe brutal a la economía de los trabajadores”.

Yucatán

En el caso yucateco, las jubilaciones se otorgan por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), conforme a su ley. Ésta dispone que el monto de las jubilaciones o pensiones que se concedan se harán con base en el salario mínimo general. Incluso dispone que las pensiones o jubilaciones se incrementarán en la misma proporción que aumente el salario mínimo general.

Hasta donde se entiende, en Yucatán no hay variación alguna en la asignación del salario mínimo como base del otorgamiento de las jubilaciones o pensiones a los trabajadores de la entidad, reguladas por la coloquialmente llamada Ley del Isstey.

Los trabajadores yucatecos deben estar alertas para cualquier intento gubernamental de fijar en UMA y no en salario mínimo las jubilaciones o pensiones que concede el Isstey.

La consigna podría ser: “¡Salario mínimo, Sí; UMA, No!”.

Caminito de la escuela

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares pretende “reanudar clases presenciales en todo el país el próximo 1 de marzo” (Excélsior, 23 febrero 2021).

En la entidad, la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán solicitó a la autoridad educativa “poder regresar a las escuelas en junio y julio”, para realizar algunas actividades, como “trámites administrativos”, “preparar el proceso de inscripción”, y “darle mantenimiento” a los edificios escolares, a cargo de trabajadores administrativos y docentes (Novedades Yucatán, 23 febrero 2021). 

Los alumnos regresaría a clases presenciales hasta el ciclo 2021-2022, según estima el presidente yucateco, Elías Dájer Fadel, quien ya lo había anticipado en EstamosAquí.mx el pasado 8 de febrero: “De aplicarse la vacuna a los adultos mayores y maestros, habría un regreso a clases presenciales en el siguiente ciclo 2021-2022”. 

El portal Reporte índigo (24 febrero 2021) aporta un diagnóstico sobre el tema: “La falta de un plan integral para reiniciar las clases presenciales, el fallido programa de educación a distancia, así como la carencia de información actualizada y de una estrategia nacional de vacunación para los docentes, dificulta la reapertura de las escuelas, afectando gravemente a millones de estudiantes”.

La SEP también rechazó el asunto: “la apertura de escuelas dependerá de las disposiciones de sanidad”. El SNTE por conducto de la Sección 33 del estado, dice que no hay condiciones adecuadas de infraestructura escolar para comenzar un “caminito de la escuela”.

El regreso a las clases presenciales en las escuelas públicas de Yucatán, se deduce de un comentario de la Secretaria de Educación del estado (externado en su comparecencia ante los diputados por el análisis del informe de gobierno), será “cuando todo se normalice”.

 Mérida, Yuc, 26 de febrero  de 2021

*Editorialista, Portal Informe Fracto

*Editorialista, Grupo SIPSE Peninsular
rolandobelloparedes@gmail.com

 

 

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